Contraloría alertó por el retroceso digital: la ejecución de conectividad cayó a 61,40% en 2024

El mapa digital del país no luce tan prometedor como se esperaba. Aunque la conectividad es una de las banderas para reducir desigualdades, los números muestran un frenazo preocupante. La ejecución de la política pública en esta materia cerró 2024 en 61,40%, una cifra que la Contraloría califica como crítica y que contrasta con los niveles superiores al 90% alcanzados en 2019 y 2020.

El dato no es aislado. Según el ente de control, la caída es sostenida desde 2021. “Mientras en 2019 y 2020 superó el 90%, en 2024 alcanzó niveles críticos del 61,40%. Un retroceso asociado a la persistencia de la desigualdad en el país”, señaló la entidad. La advertencia aparece en el último informe del Índice de Brecha Digital, un estudio que revisa tanto la ejecución de proyectos como las condiciones reales de acceso en los territorios.

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El panorama es desigual. El Índice de Brecha Digital registró en 2024 un nivel nacional de 70,73. Las mayores exclusiones se concentran en Amazonía, Orinoquía, Pacífico y Caribe. “El Índice de Brecha Digital registró en 2024 un nivel nacional de 70,73, con mayores niveles de exclusión en Amazonía, Orinoquía, Pacífico y Caribe. En departamentos como Vichada y Vaupés, la brecha superó el 85%, mientras que Bogotá (58,8%) y San Andrés y Providencia (65,8%) presentaron los niveles más bajos del país”, informó la entidad.

Detrás de esos números hay realidades concretas, hogares rurales sin acceso estable, municipios de categorías 5 y 6 con infraestructura limitada y territorios históricamente rezagados. La Contraloría advirtió que en esas zonas persisten barreras asociadas a la debilidad en redes físicas, los altos costos del servicio y el rezago en habilidades digitales. No se trata únicamente de tener señal, sino de poder pagarla y saber usarla.

El informe reveló, además, que casi la mitad de los proyectos evaluados, el 48%, tiene una ejecución “muy crítica”. Solo el 38% alcanza niveles “adecuados”. Las iniciativas más golpeadas son las de conectividad rural y acceso público digital, como los puntos de wifi gratuito en parques municipales. Por sus características, la pobre ejecución “afecta directamente el cierre de la brecha”, precisó la Contraloría.

En medio de este contexto, el documento reconoce avances parciales. “Si bien desde 2022 la brecha digital disminuyó tanto en zonas urbanas como rurales, en ciudades pasó de 69,10% a 66,24% y en el campo de 88,60% a 86,03%, la disparidad entre ambos sectores se mantiene en cerca de 20 puntos porcentuales”, resalta el estudio. La distancia entre ciudad y campo sigue prácticamente intacta.

La relación entre exclusión digital y desigualdad socioeconómica atraviesa todo el análisis. “El acceso a oportunidades digitales depende de factores geográficos, económicos e institucionales”. Es decir, la brecha no responde a una sola causa. Intervienen la ubicación, la capacidad de gestión local, la oferta educativa y las condiciones del mercado.

Un hallazgo llamó especialmente la atención, el descenso de la pobreza monetaria no se traduce automáticamente en mayor integración digital. “Aunque la pobreza multidimensional cayó en 2024 al 11,5%, el nivel más bajo de los últimos cinco años, la exclusión digital se mantiene. Es decir, más ingresos no garantizan, por sí solos, una integración efectiva al entorno digital”. El mensaje es claro, mejorar los ingresos es importante, pero no suficiente.

El informe también puso el foco en un aspecto menos visible. “El reto no se limita a ampliar la conectividad. Los principales vacíos están en el desarrollo de habilidades digitales y en el uso educativo, productivo y cívico de las TIC, lo que restringe el aprovechamiento de la tecnología para el aprendizaje, el acceso a servicios públicos y la generación de valor económico”, detalló el documento. Tener internet no asegura que se use para estudiar, emprender o interactuar con el Estado.

Aunque los departamentos con mayores niveles de exclusión lograron reducciones relativamente más rápidas entre 2019 y 2024 y la dispersión territorial disminuyó, la Contraloría consideró que los avances no alcanzan para cerrar las brechas absolutas. El rezago sigue siendo estructural.