
La abogada penalista Beatriz Molina Afanador, representante legal del empresario Víctor Molina Afanador, emitió un comunicado en respuesta a la versión del Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara sobre la presunta retención de su vehículo el pasado 14 de febrero en el parqueadero del establecimiento ubicado en Bogotá.
Según el documento, el empresario habría permanecido más de cinco horas en las instalaciones sin poder retirar su vehículo, situación que generó gran controversia en torno a los protocolos de seguridad del centro comercial y los derechos de los consumidores.
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En el comunicado conocido por Semana, Molina Afanador aseguró que “efectivamente, su vehículo estuvo retenido por más de cinco horas, por parte del personal del centro comercial Hacienda Santa Bárbara, y él no pudo salir del centro comercial, pues le manifestaron que el establecimiento no se hacía responsable por su vehículo”.
La abogada explicó que durante este tiempo su cliente no recibió una respuesta clara ni objetiva sobre la situación, ni sobre la activación de los protocolos de seguridad del centro comercial. Además, detalló que el empresario ofreció dejar el carro mientras asistía a una cita médica de su hijo, la cual no pudo cumplir debido a que los representantes del establecimiento le insistieron que no se responsabilizaban por el vehículo.
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“En ningún momento existió intención de obstaculizar el tránsito ni de infringir normas de seguridad”, puntualizó Molina Afanador, asegurando que el vehículo ocupó solo uno de los dos carriles disponibles hacia la carrera Séptima mientras se realizaba el pago de 50.000 pesos.
La defensa agregó que el vehículo se encontraba en el tercer piso frente al local Dollar City, acompañado de dos personas en situaciones similares, y que la presencia de uniformados de la Policía Nacional, incluido el subintendente Jhon Ortíz 028853, no fue suficiente para agilizar el proceso. Finalmente, se realizó una llamada al 123 a las 11:37 a. m. para reportar los hechos y posteriormente el centro comercial permitió la salida del vehículo.
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La abogada concluyó que, de existir grabaciones de las cámaras de seguridad de esa mañana, estas confirmarían la versión de su cliente, y reiteró el llamado a que los centros comerciales ajusten sus protocolos a los derechos de los ciudadanos y al cumplimiento de la ley.

Versión del Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara
El centro comercial, por su parte, emitió un comunicado aclaratorio el 15 de febrero de 2026, asegurando que la seguridad de las personas es una prioridad absoluta y que sus procedimientos están diseñados para proteger a los usuarios, los vehículos y la integridad del sistema.
Según Hacienda Santa Bárbara, el empresario bloqueó la salida hacia la carrera Séptima, lo que provocó congestión y obligó a redirigir temporalmente el flujo vehicular hacia la salida de la calle 114, generando demoras adicionales.
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El establecimiento también aseguró que nunca se restringió la libertad del usuario y que la verificación recaía exclusivamente sobre el vehículo, señalando que es falso que Molina Afanador haya permanecido cinco horas atrapado. Todos los procedimientos, afirmaron, están registrados en video y respaldados por sistemas tecnológicos enlazados con la Policía Nacional.
“Hacienda Santa Bárbara no renunciará a sus protocolos de seguridad y actuará siempre con rigor técnico, coordinación institucional y absoluto respeto por la ley. Su responsabilidad es garantizar un servicio seguro, transparente y confiable para todos los usuarios”, finalizó el comunicado del abogado Luis Miguel Guaqueta Cuadros.

Debate sobre derechos del consumidor
Este caso ha generado debate en redes sociales en torno a los derechos de los consumidores en los centros comerciales y la aplicación de protocolos de seguridad que, aunque diseñados para proteger, pueden generar conflictos y demoras significativas.
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La defensa de Víctor Molina hace hincapié en que su cliente actuó conforme a la ley y que, a pesar de los procedimientos del centro comercial, se respetó la seguridad vial y la normativa vigente, mientras que el establecimiento sostiene que cumplió estrictamente con sus protocolos técnicos y legales.
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