La interrupción en el suministro de Emicizumab, un medicamento vital para pacientes con hemofilia A, desencadenó consecuencias trágicas, como la muerte de Kevin Acosta, un menor de siete años, que dejó de recibir este fármaco desde diciembre de 2025, según advirtieron médicos y asociaciones.
Estas suspensiones exponen a decenas de pacientes en Colombia a un riesgo inmediato de hemorragias graves ante procedimientos rutinarios o accidentes.
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La información aportada por el doctor Sergio Robledo, presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, reveló que más de 50 pacientes afiliados a la Nueva EPS, y varias entidades actualmente intervenidas por el Gobierno, han dejado de recibir la medicación desde diciembre de 2025.
Este escenario, descrito por Robledo, no tiene precedentes ni siquiera en los tiempos del extinto Seguro Social, y ha derivado en hospitalizaciones de emergencia debido a hemorragias incontroladas.
El caso de Kevin Acosta evidenció que, si bien el medicamento puede permanecer hasta seis meses en la sangre después de la última dosis, la suspensión implica que el paciente retorna a su fenotipo hemorrágico original.
Las probabilidades de sangrados espontáneos aumentan drásticamente si no se implementa terapia alternativa de inmediato, de acuerdo con la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y la National Bleeding Disorders Foundation de Estados Unidos.
El Emicizumab es un anticuerpo monoclonal biespecífico, aprobado en Colombia para el tratamiento preventivo de pacientes con hemofilia A, una condición en la que la sangre no coagula adecuadamente por falta del factor VIII. Esta proteína permite el cierre eficaz de heridas, y su deficiencia somete a quienes la padecen a un riesgo extremo de hemorragias tras traumatismos leves.
El costo de este medicamento en el país es de $40.382.000, según aparece en la página de Droguerías Audifarma y “la dosis recomendada es de 3 mg/kg una vez por semana durante las 4 primeras semanas (dosis de carga), seguida por una dosis de mantenimiento a partir de la semana 5 de 1,5 mg/kg una vez por semana, 3 mg/kg cada dos semanas, o 6 mg/kg cada cuatro semanas, todas las dosis administradas en forma de inyección subcutánea”, indica la Agencia de Europea de Medicina en su página web.
Según descripciones avaladas por sociedades médicas de Estados Unidos, España y la Unión Europea, el Emicizumab actúa como “puente artificial” entre las partes de la cascada de coagulación que sí están presentes. Facilita la formación de coágulos para reducir o evitar los sangrados.
Una de las ventajas de este fármaco es su larga duración, lo que permite disminuir la frecuencia de aplicación: puede inyectarse semanalmente, cada dos semanas o cada 28 días, como en el caso de Kevin Acosta. A diferencia de terapias intravenosas tradicionales, la administración subcutánea de Emicizumab evita la necesidad de buscar venas y mejora la adherencia al tratamiento.
El mayor riesgo identificado es que la suspensión del Emicizumab reactiva en el paciente su predisposición original a los sangrados. Las instituciones consultadas afirman que esto incrementa la frecuencia de hemorragias espontáneas, salvo que se instaure otro método preventivo antes de que se agote el efecto residual del medicamento.
Los ensayos clínicos han confirmado que gracias a este medicamento muchos pacientes logran anualmente un “estado de cero sangrados”, lo que supone un cambio radical en la calidad de vida y la longevidad de quienes presentan hemofilia severa. Sin esta cobertura farmacológica, cualquier traumatismo —como en el caso de Kevin— puede derivar en episodios hemorrágicos fatales.
Existe un riesgo adicional en caso de que el paciente requiera tratamiento con concentrado de complejo protrombínico activado (aPCC) para una hemorragia, mientras aún circula Emicizumab en su organismo. Esta combinación puede causar complicaciones trombóticas graves, con obstrucciones vasculares críticas.
Desde 2018, el Emicizumab cuenta con aprobación nacional, y la Resolución 2808 de diciembre de 2022 lo incorporó formalmente en el Plan de Beneficios de Salud para hemofilia A severa, garantizando la cobertura en todas las concentraciones y formas farmacéuticas. Hasta finales de 2024, los pacientes recibían el tratamiento de forma regular en todas las EPS.
La muerte del menor, según el doctor Robledo, no respondió a falta de medicamento, sino a trámites administrativos y contractuales: “Por un trámite de oficina se paralizó un tratamiento vital que los pacientes llevaban años recibiendo con normalidad.” Los afectados son usuarios de EPS intervenidas como Nueva EPS, en la que al menos 40 pacientes han quedado sin acceso al fármaco.
Datos recientes de la Cuenta de Alto Costo reflejan el agravamiento de la crisis: solo en enero de 2025 se registraron 389 casos nuevos de coagulopatías (incluida la Enfermedad de von Willebrand), un incremento de 14,08% en relación al año anterior. Los casos de hemofilia A aumentaron 43,86%, mientras los de hemofilia B subieron 31,25%.
La Nueva EPS, bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud desde abril de 2024, enfrenta problemas estructurales: dos años sin reportes económicos, acumulación de deudas millonarias y miles de quejas de usuarios —al menos 14.603 en un año, con 5.000 presentadas solo entre noviembre de 2025 y enero de 2026—.
Cifras de la Defensoría del Pueblo informan que solo en enero se reportaron 1.100 casos en los primeros 20 días del mes y, en Manizales, más de 63 mil medicamentos permanecen represados para pacientes de la Nueva EPS.
El doctor Robledo alerta que el mayor peligro sigue vigente, ya que cualquier niño con hemofilia severa, sin acceso a este tratamiento, es vulnerable a desenlaces similares al de Kevin Acosta: “No queremos más casos así”.
“El tratamiento tradicional es inyectar la proteína Factor VIII, pero algunos pacientes desarrollan inhibidores que destruyen esa proteína externa. El Emicizumab reemplaza esa función y se aplica de forma subcutánea. Así, un paciente severo vive como si fuera un hemofílico leve”, explicó el presidente de Colhemofílicos.
El drama de Kevin y decenas de familias no es un incidente aislado, sino la manifestación de una crisis administrativa con consecuencias directas en el acceso a medicamentos esenciales y el derecho a la vida de los pacientes más vulnerables.
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