La recolección de más de 100 horas de videos de cámaras de seguridad por parte de la Sijín (Seccional de Investigación Judicial) de la Policía Nacional con miras a esclarecer el crimen del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, ha puesto sobre la mesa una situación que denunciaron ante las autoridades residentes del barrio La Cabrera, en el norte de Bogotá.
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Allí, la tarde del miércoles 11 de febrero de 2026, un sicario vestido con traje y corbata asesinó al empresario justo al salir de un reconocido gimnasio, acompañado por su guardaespaldas, miembro de la Policía. El agresor los sorprendió por la espalda y efectuó al menos cuatro disparos, generando pánico en la zona.
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A raíz de este caso y de la difusión de varias grabaciones que captaron el momento exacto en que el sicario disparó y evidenciaron la presencia de su cómplice —un hombre que lo esperó en una motocicleta estacionada en una estación de gasolina junto al gimnasio—, los vecinos informaron a la Policía que recibieron llamadas intimidatorias de los presuntos sicarios para que no entreguen los videos.
Así lo dio a conocer un informe por parte de Red+Noticias la noche del martes 17 de febrero de 2026, y ya cuando se cumple una semana del doble homicidio.
Entre las tareas de los investigadores para reconstruir los momentos previos al sicariato de Germán Aponte y su escolta, uno de los puntos que más relevancia ha cobrado es el de la estación de servicio y las viviendas aledañas, dado que ambos sicarios habrían dejado sus rostros al descubierto, y por tal motivo es crucial la entrega de estas grabaciones.
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La zozobra se mantienen entre los habitantes de la zona, ubicada en la localidad de Chapinero, debido a la inusual petición que han recibido por parte de quienes serían los presuntos sicarios que asesinaron al empresario arrocero, cuyas honras fúnebres se llevaron a cabo el sábado 14 de febrero.
Las hipótesis que se manejan por el sicariato del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte
El asesinato de Gustavo Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, en el norte de Bogotá expuso la expansión de sofisticadas organizaciones de sicariato.
Las investigaciones apuntan a extorsiones previas como posible móvil, mientras la modalidad muestra una planeación meticulosa y protección efectiva de los autores intelectuales.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, convocó de inmediato a una reunión extraordinaria con el comando de la Policía Metropolitana para coordinar la respuesta institucional.
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El mandatario calificó el crimen como “milimétrico”, y agregó: “Hechos como este no solo acaban vidas, sino que rompen la confianza de toda una ciudad, y quienes los cometen deben saber que todas las capacidades estarán dirigidas a capturarlos”, según declaró a la prensa.
La búsqueda de los sicarios
La escena del ataque quedó registrada gracias a cámaras de seguridad y testimonios presenciales.
El sicario, vestido con traje formal, permaneció varios minutos camuflado entre oficinistas de la zona, estrategia que según la Policía y la Sijín favoreció la sorpresa y la huida.}
De acuerdo con los informes forenses y registros audiovisuales, el agresor disparó al menos en cuatro ocasiones con una pistola de nueve milímetros cuando Aponte y Gutiérrez descendían hacia el parqueadero tras salir del gimnasio, a las 3:38 p. m..
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El doble crimen se perpetró en la esquina de la calle 85 con carrera Séptima, en una de las áreas más vigiladas y transitadas de la ciudad.
Las autoridades concentran los análisis en cada grabación y declaración recogida, con el fin de reconstruir la ruta de fuga del asesino y confirmar las circunstancias específicas de la agresión.
Hipótesis y ‘modus operandi’ de las oficinas de sicarios
La principal hipótesis policial sostiene que existieron amenazas y presiones extorsivas contra Aponte, relacionadas con su actividad empresarial en el sector arrocero, señaló Semana.
Aunque la información sobre los móviles se mantiene en reserva, los investigadores consideran que el ajusticiamiento encaja en el patrón consolidado de las “oficinas de sicarios”: los autores materiales enfrentan la justicia, pero evitan incriminar a las redes de mando superiores.
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Investigadores consultados por el mismo medio detallaron que estas estructuras criminales operan con un pacto de silencio: ejecutan el delito rara vez revelan la identidad de los responsables intelectuales, lo que dificulta las pesquisas y sostiene el miedo dentro de estas organizaciones.
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