Del mismo correo que denunció supuesto complot contra Petro, llegaron acusaciones sobre sobornos a oficiales de la Policía

Las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto complot en su contra sigue arrojando nuevos detalles, después de que se conociera de la existencia de otro correo anómino denunciando presuntos actos de corrupción en la Policía Nacional.

De hecho, aunque el propietario del correo del que salió dicho mensaje que terminó en la destitución del general Edwin Urrego, abogado José Fernando Picalúa Ochoa, ya aseguró haber sido suplantado, en la tarde del miércoles 18 de febrero se conoció de la existencia de otro mensaje desde la misma cuenta, esta vez, denunciando posibles sobornos a oficiales de la institución policial.

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Estas prácticas de suplantación han impactado la situación interna de la institución y se han focalizado en Barranquilla y Puerto Colombia, Atlántico, entre febrero y agosto de 2025. Se identificaron nuevos casos en octubre y en julio de ese año.

El 10 de febrero, durante un consejo de ministros en Montería, el presidente Gustavo Petro alertó sobre un presunto plan en su contra. Tras sus declaraciones, surgió una cadena de anónimos y denuncias contra oficiales considerados incómodos para distintas ramas del Gobierno, de acuerdo con información recopilada por El Tiempo.

Poco después, el brigadier general Edwin Urrego fue llamado a calificar servicios tras operar en la Policía de Barranquilla y luego en Cali. A la vez, se anunció el inminente retiro del coronel Óscar Moreno mediante decreto. Ambos oficiales, así como el político Álex Char y el ministro Armando Benedetti, aparecen en informes de inteligencia ligados a un supuesto complot que buscaría incriminar a la comitiva presidencial a través de la manipulación de pruebas de narcóticos.

Tres días después de las declaraciones de Petro, infomación conocida por El Tiempo evidenció que uno de los anónimos señalando a los oficiales utilizaba como contacto la dirección de correo personal de José Fernando Picalúa Ochoa, veedor en Puerto Colombia.

Según fuentes del Gobierno citadas por el diario, el informe mencionado por el ministro Benedetti en sus redes sociales fue elaborado por un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para asociar a los oficiales con actividades ilícitas, destacando sus lazos con la alcaldía de Barranquilla y otros actores políticos.

El contenido de uno de estos anónimos, fechado en octubre de 2025, describe una conspiración para responsabilizar al presidente Petro y al ministro Benedetti de un decomiso de drogas supuestamente “sembradas”, involucrando tanto a uniformados como a políticos de oposición.

No obstante, El Tiempo conoció de la existencia de un segundo caso de suplantación, con fecha del 21 de julio de 2025. En ese nuevo anónimo se mencionan presuntos pagos de sobornos y la comisión del delito de prevaricato por omisión.

El abogado relató que la Fiscalía le notificó sobre esta denuncia falsa y le pidió ampliarla, ahora relacionada con acusaciones de concusión y prevaricato contra oficiales en la zona de Barranquilla. Este episodio coincidió con operativos sobre ocupación ilegal de tierras en sectores exclusivos de Puerto Colombia.

Varios correos dirigidos a Picalúa, enviados por agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), le solicitaron ampliar información sobre las denuncias anónimas registradas a través del canal de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS).

Uno de estos mensajes requería detalles precisos sobre los hechos señalados y recalcaba la necesidad de cumplir los requisitos para iniciar formalmente una investigación penal.

“Apreciado ciudadano. Me permito comunicar que su queja tramitada por presuntos hechos de corrupción cometidos al parecer por un señor oficial en el municipio de Puerto Colombia, fue radicada en la fecha 21-07-2025.Sin embargo, una vez verificada dentro del mismo formato de queja, es necesario que se brinde información más amplia con referencia a los hechos denunciados, indicios donde se evidencie de manera más explícita para determinar en tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, así como la participación del mencionado oficial (...) Lo anterior se da a entender que, cualquier trámite de apertura de investigación de carácter penal se requieren unos requisitos mínimos", cuenta el mensaje enviado a Picalúa por las autoridades y conocido por El Tiempo.

En otra comunicación fechada el 6 de agosto, de carácter reservado, se le notificó la asignación de un investigador criminal al caso y la apertura de noticia criminal en la Unidad Local de Intervención Temprana de la Fiscalía, en concreto en la Fiscalía 60 de la dirección seccional Atlántico.

Frente a estos eventos, Picalúa Ochoa remitió un escrito al ente acusador: “Respetado señor investigador: adjunto escrito remitido a la Fiscalía en donde se aclara que no he interpuesto ni noticia criminal ni mucho menos queja dentro del radicado de referencia. Desconozco su contenido, a través de fuente anónima, utilizando fraudulentamente mi correo electrónico como medio de notificación, lo que quiere decir que ambas actuaciones son espurias”, señala el mensaje.

El abogado Picalúa Ochoa confirmó a El Tiempo que fue víctima de suplantación de identidad, situación que también denunció ante la Fiscalía. “Una vez enterado, me doy cuenta que utilizaron el nombre de mi correo colocando en la falsa denuncia de fuente anónima como medio de notificación, por lo que se puede inferir que se trata posiblemente de una vil patraña para cumplir algún propósito delictivo, utilizando la misma administración de justicia”,narró.

En cuanto a los oficiales citados en los anónimos, Edwin Urrego ya fue retirado después de la denuncia, mientras que el trámite respecto a Óscar Moreno continúa en las instancias institucionales. Ambas decisiones han generado repercusión interna en la Policía Nacional y su relación con el Gobierno central.

José Fernando Picalúa Ochoa repitió que desconoce completamente las denuncias que circulan usando su identidad. Considera que estas suplantaciones buscan perjudicar el debido proceso, dañar la reputación de oficiales y afectar su desempeño profesional ante las autoridades.