
Una nueva solicitud de Ingrid Betancourt y los aspirantes al Congreso del partido Oxígeno ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca busca que la justicia ordene el retiro inmediato del presidente Gustavo Petro por la investigación sobre presunta violación de topes electorales en la campaña presidencial de 2022.
El equipo legal entregó un documento donde se alega que la omisión de la autoridad no representa un acto discrecional, sino un incumplimiento del deber constitucional, citando la normativa establecida desde 2003 sobre la pérdida del cargo por superar límites de financiación.
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Betancourt explicó que la acción judicial exige a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes activar el proceso por indignidad política, el cual podría derivar en la destitución del mandatario.
El partido informó que el 5 de diciembre de 2025 presentaron un derecho de petición sin obtener respuesta, subrayando que la comisión no ha emprendido acciones ni procedido con el trámite solicitado.

Tras lo anterior, el exalcalde de Medellín y candidato presidencial Daniel Quintero reaccionó en redes sociales ante la solicitud presentada por miembros del partido Oxígeno para que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordene el retiro inmediato del presidente Gustavo Petro.
Quintero publicó un mensaje en su cuenta de X, donde ironizó sobre la presencia de los aspirantes a congresistas de Oxígeno cerca al Congreso: “Los últimos cuatro especímenes de la especie Oxígeno Verde fueron vistos haciendo el ridículo cerca al Congreso. Se ha pedido a la ciudadanía no molestarlos y llamar a las autoridades ambientales”.
El comentario surge luego de que Ingrid Betancourt y otros integrantes de Oxígeno publicaran un video donde aparecen cerca al Congreso de la República exponiendo la solicitud.
La iniciativa de Betancourt en X fue acompañada con el mensaje: “ATENTOS: Desde el @partidooxigeno presentamos una acción de cumplimiento ante las altas cortes para que le exijan a la Comisión de Acusaciones retirar del cargo al presidente Gustavo Petro”.
El pronunciamiento de Daniel Quintero desató una ola de comentarios en la red social de X. Un internauta escribió: “Quintero el Camaleón de la política”, señalando cambios de postura y cuestionando actos simbólicos. Otro comentó: “Pensé que esa señora ya se había devuelto a Francia”, sugiriendo que Betancourt tiene desinterés por Colombia.

CNE sanciona la campaña presidencial de Gustavo Petro por superar topes de gasto y recibir financiación irregular
La campaña presidencial de Gustavo Petro para el periodo 2022-2026 fue sancionada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a finales de noviembre de 2025, tras concluir que existieron violaciones a los topes de gasto y recepción de financiación irregular durante las dos vueltas electorales.
El fallo, se basó en la ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, quienes identificaron un sobrepaso de más de 5.300 millones de pesos en los límites legales permitidos para campañas en Colombia.
La decisión del CNE precisó que la campaña omitió reportar gastos por 3.700 millones de pesos en la primera vuelta y 1.600 millones en la segunda.
Parte de esos fondos provenía de aportes no declarados, incluyendo recursos del sindicato de maestros Fecode, transferencias de la Unión Sindical Obrera de Ecopetrol (USO), la empresa Ingenial Media SAS y la Unión Patriótica (UP). Además, la investigación detectó contrataciones de espacios en Caracol TV y pagos a más de 30.256 testigos electorales que tampoco figuraban en los reportes oficiales.

Por los hechos, el fallo impuso sanciones económicas a Ricardo Roa Barragán, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, junto a la tesorera Lucy Aydee Mogollón y la auditora María Lucy Soyo Caro.
Según el expediente, los tres deberán responder solidariamente por una multa de 2.447 millones de pesos por exceder los topes en la primera vuelta, además de otra sanción por 2.252 millones para Roa, Mogollón y Soyo Caro.
La Fiscalía General de la Nación formalizó una imputación de cargos contra Ricardo Roa por su presunta responsabilidad en el manejo de la documentación financiera de la campaña. La entidad sostiene que el directivo habría cometido irregularidades en la administración de los recursos y en la rendición de cuentas ante las autoridades electorales.
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