
El 13 de febrero de 2026, el Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto que establecía un aumento del 23,7% en el salario mínimo.
Tras la decisión, el presidente Gustavo Petro anunció que en los próximos días expedirá un decreto transitorio para acatar la orden del alto tribunal.
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El mandatario colombiano también se refirió al salario mínimo móvil. El objetivo, según el jefe de Estado, es que la remuneración no sea anual sino que se ajuste de manera dinámica para garantizar la canasta familiar en Colombia.

¿Qué es el salario mínimo móvil?
La propuesta del salario mínimo móvil busca reemplazar el actual esquema de actualización anual, permitiendo que la remuneración se ajuste de manera dinámica en respuesta a los cambios en la economía.
Según explicó Petro, la movilidad implica que el salario mínimo deje de ser una cifra fija durante todo el año y pase a modificarse cada vez que varíen factores como la inflación, el costo de vida o los precios de la canasta familiar, tomando como referencia los indicadores técnicos del Dane.

El mandatario precisó que el objetivo es que el ingreso de los trabajadores mantenga siempre su poder adquisitivo, evitando que la pérdida de valor causada por el aumento de los precios afecte el sustento de las familias.
La intención oficial es que el salario mínimo móvil cubra las necesidades básicas y garantice una vida digna, acorde con los parámetros que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el salario vital y familiar.
En su más reciente alocución, Petro anunció que el nuevo decreto transitorio mantendría inicialmente el valor del salario vital fijado para 2026 en dos millones de pesos mensuales, aunque advirtió que esta cifra podría revisarse al alza con base en nuevos estudios técnicos.
“Si queremos cerrar la brecha ahora, el salario mínimo vital debería ser de 2.155.000 pesos mensuales”, expresó el presidente en sus redes sociales antes de la alocución oficial.
El mecanismo propuesto contempla dos características centrales: la posibilidad de revisar el salario por decreto cuando cambien las condiciones macroeconómicas y el ajuste automático si el costo de la canasta familiar sube, con el objetivo de evitar que los trabajadores pierdan poder de compra.
El Gobierno nacional argumenta que esta fórmula garantizaría condiciones de vida dignas y contribuiría a reducir las desigualdades económicas.
El debate en torno al salario mínimo móvil también plantea un cambio en la función social de la remuneración básica, al pasar de ser un dato nominal a convertirse en un instrumento de protección económica y justicia social.
El enfoque oficial sostiene que el ajuste flexible evitaría que el ingreso de los trabajadores quede rezagado frente al comportamiento de la inflación y los precios, fenómeno observado en los últimos años cuando los aumentos anuales no lograron compensar el alza de los productos y servicios.
La definición del futuro del salario mínimo será objeto de análisis en la Comisión de Concertación, convocada por el Gobierno con la participación del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sindicatos y gremios económicos.

El encuentro se realizará este lunes 16 de febrero de 2026 y tendrá como objetivo evaluar la viabilidad jurídica y económica de la nueva propuesta, así como buscar consensos entre los distintos sectores.
Esto significa que el monto no permanecería fijo a lo largo de doce meses, sino que contaría con mecanismos técnicos para ser actualizado de manera periódica.
En paralelo a la discusión técnica y jurídica, el presidente hizo un llamado a la ciudadanía para que participe en una movilización nacional el próximo jueves 19 de febrero en defensa del salario mínimo móvil.
Además, explicó que se debe clarificar el alcance legal de la decisión, por lo que se expedirá un decreto transitorio una vez que el magistrado Juan Carlos Morales aclare ciertos aspectos del fallo, en particular la ausencia de la frase “de carácter prevalente”.
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