La negociación sobre el salario mínimo en Colombia para 2026 se reinicia este lunes 16 de febrero, a partir de las 10:00 a. m., en la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, tras la suspensión provisional del incremento decretado por el presidente Gustavo Petro.
El encuentro, convocado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reúne a representantes del Gobierno, centrales obreras, sindicatos y principales gremios empresariales, en medio de un ambiente marcado por la incertidumbre y la presión de múltiples sectores.
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La reanudación del diálogo llega después de que el Consejo de Estado suspendiera el incremento del 23,7% que había sido fijado por decreto presidencial.
Esta decisión obligó a las partes a volver a la mesa de discusión y buscar un acuerdo que cumpla los parámetros legales y constitucionales, reabriendo un debate sobre la sostenibilidad, viabilidad y legalidad del salario mínimo.
El Gobierno insiste en mantener el aumento del 23,7%, al que denomina “salario vital”, mientras que las organizaciones empresariales consideran que el ajuste debe estar muy por debajo de los dos dígitos.
Acopi, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, plantea que el incremento debería calcularse sumando la inflación y la productividad, lo que situaría el ajuste cerca del 7,2%. Fenalco, que demandó el decreto presidencial, regresa a la mesa, sumando su voz a la Andi, la SAC y otras entidades.
María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, sostiene que la discusión no puede agotarse en el porcentaje de ajuste. “En el salario mínimo no basta con subirlo; hay que poder sostenerlo y motivarlo conforme a las reglas establecidas”, afirma.
Subraya también la necesidad de que la fijación del salario mínimo se sujete a criterios técnicos, dentro del marco institucional, y que la decisión proteja el bienestar de los trabajadores sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas.
El Consejo Gremial Nacional respalda la medida cautelar del Consejo de Estado, recordando que la decisión no es definitiva sobre la legalidad del decreto. El gremio recalca que la determinación sobre el salario mínimo tiene un impacto económico y social considerable.
La decisión afecta el empleo formal, la inflación, la sostenibilidad de las empresas, el gasto público y el poder adquisitivo de millones de hogares colombianos. Insisten en que cualquier ajuste debe observar criterios técnicos y principios constitucionales de progresividad, movilidad y sostenibilidad fiscal.
Desde Acopi, María Alejandra Osorio advierte que la economía no puede operar en un limbo jurídico y que la suspensión, decidida en vísperas de la liquidación de nómina, genera incertidumbre tanto en empresas como en trabajadores.
“Colombia necesita reglas claras, concertación real y estabilidad para proteger el empleo formal y la sostenibilidad empresarial”, señala.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, afirma que la prioridad debe ser mitigar los efectos del salario mínimo sobre el empleo y la inflación. Plantea que el país requiere estabilidad, confianza y reglas claras para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores sin afectar la creación de empleos ni el crecimiento económico.
“El llamado es a generar estabilidad, confianza y reglas claras que permitan proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin poner en riesgo la generación de empleo formal ni el crecimiento económico del país”, precisa.
Mac Master agrega que existen derechos adquiridos que deben manejarse con cautela y que los efectos de la decisión gubernamental demandan responsabilidad y prudencia.
Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores rechaza la medida judicial y solicita la expedición de un nuevo decreto que mantenga el monto anunciado.
Fabio Arias, presidente de la CUT, afirma que los trabajadores “no pueden perder ese derecho constitucional y legal que tiene el Gobierno para redimir y hacer justicia social en Colombia con un salario mínimo de 2 millones de pesos para el año 2026”.
Esto dijo Antonio Sanguino sobre la reunión: “No hay un impacto inflacionario”
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que la mesa de concertación analizará los alcances del Consejo de Estado sobre el salario mínimo.
Señaló que revisarán cifras recientes del Dane y escucharán los informes del Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, además de las posiciones de empresarios y trabajadores.
“No hay un impacto inflacionario derivado del salario mínimo vital ni efectos negativos en la economía”, aseguró Sanguino.
El funcionario indicó que la posibilidad de acuerdo depende de la disposición de ambas partes. Mientras no se expida un nuevo decreto, sigue vigente el incremento del 23,7%.
“Esperemos a ver con qué opinión o con qué posición llegan trabajadores y empleadores. La posibilidad de una concertación depende mucho del ánimo y de la voluntad con la que lleguen ambas partes”, puntualizó.
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