La sede de la Universidad Nacional en Bogotá vuelve a ser epicentro de una toma no autorizada por parte de la minga indígena que, sin autorización alguna, se tomaron la concha acústica.
Según informó la institución en la mañana del domingo 15 de febrero, comunidades afrodescendientes y campesinas del norte del Cauca protagonizaron una llegada masiva al campus en Bogotá desatando una serie de respuestas orientadas a la gestión preventiva.
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La movilización, compuesta por cerca de 750 personas que arribaron a Bogotá en 17 buses, representa a 40 consejos comunitarios aglutinados bajo la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc).
Desde primera hora, los manifestantes se instalaron en la Concha Acústica del campus principal, a pesar de que la administración universitaria no autorizó el uso de las instalaciones para fines de alojamiento. La entrada, según informó la Universidad, se realizó de manera pacífica.
Ante el nuevo ingreso irregular, la Vicerrectoría de Sede reaccionó estableciendo contacto directo con los representantes de la movilización. Como medida inmediata, activó el Comité de Prevención del Riesgo y Atención de la Emergencia (Cprae), órgano responsable de coordinar la gestión de situaciones extraordinarias dentro del campus.
Adicionalmente, la administración solicitó la puesta en marcha de los Puestos de Mando Unificado (PMU) tanto a nivel nacional como distrital. Esta coordinación interinstitucional busca sumar a las entidades competentes en el tratamiento del caso. La primera sesión formal del PMU fue programada para las 11:00 a. m. de este domingo, apenas horas después del arribo de la caravana.
Según la información suministrada por la Universidad, los viceministerios para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, y de Educación Superior manifestaron que no habían recibido aviso previo sobre la llegada de la movilización. Este vacío de información oficial puso a prueba la capacidad de reacción de la administración universitaria y de los entes gubernamentales vinculados.
La Universidad Nacional señaló además que las instalaciones de la Ciudad Universitaria no cuentan con condiciones adecuadas para el alojamiento de personas. Los protocolos de emergencia vigentes, explicó la administración, no contemplan la atención de situaciones que impliquen la permanencia masiva de visitantes en el campus.
A pesar de la presencia de los manifestantes, la universidad informó que las actividades académicas y administrativas continuarán con normalidad, salvo las deportivas, que quedaron suspendidas de manera preventiva.
La decisión busca preservar tanto la seguridad de la comunidad universitaria como la integridad de los visitantes, mientras se buscan alternativas de manejo para la situación particular planteada por la movilización de Aconc.
Hace cuatro meses, en octubre de 2025, otro grupo de alrededor de 2.000 indígenas y representantes de organizaciones sociales, reunidos bajo la denominación de Congreso de los Pueblos, ingresaron sin autorización al campus de la Universidad Nacionalen Bogotá para instalar lo que calificaron como un “Refugio ante la Emergencia Humanitaria” que, según sus voceros, sufren en sus territorios.
La toma, realizada en la madrugada del lunes 13 de octubre, tomó por sorpresa tanto a las autoridades distritales como al Gobierno nacional, quienes, de acuerdo con la institución educativa, no tenían conocimiento previo de la llegada ni de la magnitud de la movilización que desembocó en el asentamiento en la emblemática concha acústica de la universidad.
En ese momento, desde redes sociales, el Congreso de los Pueblos argumentó la acción como un llamado urgente frente a la “violación sistemática de derechos humanos” y lo que describieron como un “proceso genocida contra movimientos sociales, sus líderes y lideresas”.
El mensaje oficial publicado en su cuenta de X destacó: “Organizaciones sociales y comunitarias de todo el país llegamos hoy a Bogotá, a la sede de la Universidad Nacional, para instalar un Refugio ante la Emergencia Humanitaria que sufrimos en los territorios que habitamos. Colombia vive una Emergencia Humanitaria por la violación sistemática de DD HH y un proceso genocida contra movimientos sociales, sus líderes y lideresas”.
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