El humo volvió a levantar sospechas en la vereda Farfán, en Ráquira. Y esta vez, cuando las autoridades llegaron al punto señalado, encontraron la actividad en pleno funcionamiento. En medio de un operativo conjunto, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial y la Policía de Carabineros sorprendieron a varias personas realizando quemas a cielo abierto para la producción ilegal de carbón vegetal. El lugar no era desconocido para la autoridad ambiental, ya tenía una orden de suspensión vigente.
Durante la inspección, los uniformados hallaron tres pilas de combustión activas, dos depósitos con retal de madera y eucalipto, además de 98 bultos de carbón listos para ser comercializados. El material estaba preparado para salir al mercado, pese a las restricciones impuestas meses atrás.
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Técnicos de la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (Uiga), junto con profesionales de la dirección regional de Chiquinquirá, revisaron el sitio y confirmaron que en octubre de 2025 la CAR ya había intervenido el mismo punto. En esa ocasión se dictaron medidas preventivas y se establecieron obligaciones concretas para los presuntos responsables. Ninguna fue cumplida.
“Recordemos que en los operativos de alto impacto es indispensable documentar las afectaciones con elementos nuevos de modo, tiempo y lugar, y en este caso, por tratarse de un punto que ya cuenta con una medida preventiva, la CAR tendrá en cuenta como agravantes los hallazgos de esta nueva diligencia”, explicó el subdirector de Autoridad Ambiental, Bryan Martínez a el diario El Tiempo.
La producción artesanal de carbón vegetal mediante quemas abiertas no solo está prohibida, sino que genera afectaciones directas al aire y al suelo. La CAR insistió en que este tipo de prácticas impacta la calidad del entorno y puede tener consecuencias en la salud de las comunidades cercanas, especialmente por la emisión de partículas y gases contaminantes. La situación en Ráquira no es aislada. Por eso, la entidad anunció que reforzará su presencia institucional en seis municipios de Boyacá durante este año, en coordinación con la Fuerza Pública, para frenar actividades similares.
“En 2026 se intensificarán nuestras acciones de vigilancia y protección de los recursos naturales como lo hemos venido haciendo en estos 65 años cumpliéndole al territorio”, puntualizó Bryan Martínez. Mientras avanzan las investigaciones y se definen las sanciones correspondientes, la autoridad ambiental mantiene el mensaje, las quemas a cielo abierto para producir carbón no son una práctica tradicional inofensiva, sino una actividad ilegal que deja huella en el territorio y en la salud de quienes lo habitan.
La importancia de los protocolos
Cumplir los protocolos establecidos por la Corporación Autónoma Regional (CAR) no es un trámite menor ni una exigencia burocrática aislada. Se trata de un conjunto de reglas técnicas diseñadas para proteger el equilibrio ambiental, prevenir daños irreversibles y garantizar que las actividades económicas se desarrollen dentro de límites sostenibles.
Las CAR, como autoridades ambientales en sus jurisdicciones, tienen la responsabilidad de vigilar el uso adecuado de los recursos naturales, autorizar aprovechamientos forestales, controlar emisiones y supervisar actividades que puedan afectar el aire, el agua o el suelo. Cuando una empresa o particular incumple las medidas preventivas impuestas, no solo desatiende una orden administrativa, sino que pone en riesgo ecosistemas completos y la salud de las comunidades.
Seguir los protocolos implica, por ejemplo, tramitar permisos antes de realizar quemas, talas o explotaciones, implementar planes de manejo ambiental y atender requerimientos técnicos. Estas disposiciones no buscan frenar la actividad productiva, sino hacerla compatible con la conservación. La falta de control puede traducirse en contaminación atmosférica, degradación del suelo, pérdida de biodiversidad y afectaciones respiratorias en poblaciones cercanas.
Además, el incumplimiento puede acarrear sanciones económicas, procesos administrativos e incluso responsabilidades penales en casos graves. Más allá de las consecuencias jurídicas, está en juego la confianza institucional y la posibilidad de construir un desarrollo que no comprometa el futuro del territorio.
En un contexto de cambio climático y presión sobre los recursos naturales, respetar los lineamientos de la CAR es una pieza clave para garantizar que el crecimiento económico no se dé a costa del ambiente ni de la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.
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