
Un cambio en la política migratoria europea podría tener efectos directos en Colombia. El Parlamento Europeo aprobó una reforma que redefine el concepto de “tercer país seguro” y, al mismo tiempo, avaló una primera lista común de países de origen considerados seguros. En ese listado aparece Colombia, junto con Marruecos, Egipto, India, Bangladés, Kosovo y Túnez.
La votación fue amplia. El nuevo alcance del concepto de “tercer país seguro” recibió 396 votos a favor, 226 en contra y 30 abstenciones. Por su parte, la lista de países de origen seguros fue respaldada con 408 votos positivos, 186 negativos y 60 abstenciones. Aunque el acuerdo político ya está cerrado entre las instituciones europeas, la norma aún debe ser adoptada formalmente por el Consejo Europeo para entrar en vigor, un trámite que se prevé ocurra en el corto plazo.
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El cambio más relevante es la eliminación del requisito de conexión obligatoria entre el solicitante de asilo y el país al que sería enviado. Hasta ahora, esa relación debía estar claramente demostrada. Con la reforma, los Estados miembros podrán declarar inadmisible una solicitud sin estudiarla en profundidad y expulsar al migrante hacia un país considerado seguro, incluso si no es su nación de origen.
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La expulsión podrá aplicarse en tres escenarios específicos: cuando el solicitante tenga vínculos familiares o culturales con el tercer país; si transitó por ese territorio en su ruta hacia la Unión Europea y allí pudo haber solicitado protección; o si existe un acuerdo bilateral, multilateral o europeo de readmisión de solicitantes de asilo, con excepción de menores no acompañados.
La norma contempla, no obstante, un margen de defensa. El solicitante podrá oponerse si demuestra que su envío a ese país implicaría riesgo de persecución o daños graves. Ese punto será clave en la aplicación práctica de la medida, especialmente en casos individuales donde se aleguen amenazas específicas.
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La inclusión de Colombia en la lista europea de “países de origen seguros” debe leerse, según el internacionalista Andrés Pinzón, más desde lo práctico que desde lo simbólico. No se trata de un mensaje político aislado, sino de un ajuste dentro de la estrategia migratoria de la Unión Europea para agilizar trámites y descongestionar sus sistemas de asilo.
Como explicó en Infobae Colombia, se trata de una decisión con efectos “principalmente operativos y procedimentales, más que simbólicas”. En otras palabras, Bruselas busca acelerar y simplificar la revisión de solicitudes provenientes de países que, en términos generales, no son catalogados como focos sistemáticos de persecución.
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En la práctica, esto cambia el punto de partida para los colombianos que pidan protección internacional. Sus solicitudes podrían resolverse con mayor rapidez y bajo una presunción inicial de que no requieren asilo. Eso implica que el solicitante deberá sustentar con mayor rigor su caso y probar que, pese a provenir de un país considerado seguro, enfrenta un riesgo concreto. Como lo resumió Pinzón, habrá una presunción de “no necesidad de protección”, lo que incrementa la carga argumentativa y probatoria.
El alcance de la medida, además, va más allá de quienes presentan solicitudes individuales. La nueva clasificación abre la posibilidad de que Colombia sea vista también como país de retorno o de tránsito en determinados escenarios, especialmente si se activan mecanismos de readmisión contemplados en la normativa europea o en acuerdos bilaterales.
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Para el analista, este movimiento también responde a un contexto reciente: el incremento de solicitudes de asilo de ciudadanos colombianos en varios Estados miembros. Frente a ese panorama, la Unión Europea ha optado por reforzar herramientas que le permitan homogeneizar criterios y reducir la presión sobre sus sistemas de protección internacional.

La reforma también establece que los países candidatos a ingresar a la Unión Europea serán considerados, en principio, seguros. Esta presunción podrá revertirse en situaciones excepcionales, como conflictos armados, tasas de reconocimiento de asilo superiores al 20% o sanciones por violaciones graves a derechos fundamentales. En ese grupo figuran Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y Ucrania.
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En cuanto al mensaje político que envía la decisión europea, el internacionalista Andrés Pinzón consideró en Infobae Colombia, que sí hay una señal implícita, aunque advirtió que no debe interpretarse como una valoración absoluta de la realidad colombiana.
A su juicio, al incluir a Colombia en la lista de países de origen seguros, la Unión Europea está transmitiendo que, en términos generales, percibe al Estado como funcional y con instituciones que ofrecen garantías formales de protección. No obstante, eso no significa que Bruselas desconozca los problemas de violencia y derechos humanos que persisten en el país.
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Para el analista, lo que se evidencia es una tensión entre una clasificación administrativa que define a Colombia como “seguro” en términos generales y el reconocimiento político de que existen focos graves de riesgo, especialmente para líderes sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos.

El debate no esta exento de controversia. En diciembre de 2025, durante una reunión del consejo de ministros del Interior, España, Francia y Portugal votaron en contra del acuerdo. Consideraron que la reforma plantea “serias dudas jurídicas” y podría afectar la coherencia del pacto migratorio europeo. Las críticas apuntan, sobre todo, a la flexibilización del concepto de tercer país seguro y a los riesgos de traslados automáticos sin un examen exhaustivo de cada caso.
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Para Colombia, el impacto dependerá de cómo se implementen los mecanismos de cooperación y de si se firman acuerdos específicos de readmisión. Aunque la norma no implica automáticamente una ola de retornos, sí abre la puerta a que más solicitudes sean rechazadas con base en la nueva clasificación.
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