No paran las críticas frente al proceso de revisión de firmas presentadas por distintos grupos significativos de ciudadanos para la inscripción de candidaturas a las elecciones presidenciales de 2026.
El turno fue para la representante a la Cámara del Pacto Histórico, María del Mar Pizarro, que por medio de su cuenta de X manifestó su descontento con la Registraduría Nacional del Estado Civil.
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En su publicación, la congresista resalta que, de las cinco millones de rúbricas anuladas por la entidad electoral, hubo candidatos que, por poco, no alcanzan el umbral exigido, que consta de 635.216 firmas, respectivamente.
Incluso, no solo menciona el caso del abogado y empresario Abelardo de la Espriella, que presentó 5.079.000 registros, pero que solo 1.978.108 fueron considerados válidos. También hizo alusión a los datos de las candidatas Claudia López y Vicky Dávila.
“Ojo, no es solo Abelardo: Vicky presentó 1.236.150 firmas y se le invalidaron 549.382 (44,4%) y Claudia López presentó 1.299.615 y le anularon 647.672 (49,8%)”, escribió la parlamentaria en sus redes sociales.
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Frente a ello, Pizarro cuestionó a quienes integran el denominado ‘establecimiento’, ya que señala que la invalidación de firmas no tendría gran relevancia, mientras que el proceso de inscripción de las listas al Congreo del Pacto Histórico si generan conflicto.
“Pero para el establecimiento el problema no son las firmas chimbas… el problema es que el Pacto compita”, criticó.
La congresista había estado en el ojo del huracán, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), revocara la inscripción de la lista del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por Bogotá.
Sin embargo, el listado final fue presentado el 8 de febrero ante la Registraduría, donde se mantuvo el orden de votación que dejó la consulta interna realizada el 26 de octubre del 2025.
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La lista quedó encabezada por María Fernanda Carrascal, Laura Beltrán ‘Lalis’ y María del Mar Pizarro, quienes asumieron los primeros puestos como figuras destacadas del proyecto político progresista en Bogotá.
Detalles sobre la invalidación de firmas
Después de Abelardo de la Espriella, el caso de Carlos Caicedo también es llamativo: de las 2.431.425 firmas entregadas, solo pudo conservar 739.602, lo que representa una anulación del 69,6%.
En esta línea, otros aspirantes como Aníbal Gaviria y Mauricio Lizcano sufrieron igualmente una alta invalidación de firmas: Gaviria presentó 2.316.120 apoyos, de los que 1.578.175 fueron desestimados (68,1%), mientras que Lizcano tuvo 1.114.625 de sus 1.841.145 rúbricas anuladas (60,5%).
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De acuerdo con el reporte oficial, el nivel mínimo de firmas no admitidas entre los precandidatos fue del 28%, tendencia que solo lograron matizar candidatos como David Luna (28,6% de anulación, con 828.003 respaldos validados de 1.158.975 presentados), Santiago Botero (29,5%), y Mauricio Cárdenas Santamaría, cuyos rechazos alcanzaron el 32,2%.
Otros casos prominentes fueron los de Carlos Felipe Córdoba, quien solo obtuvo la aprobación de 679.220 de 1.303.770 apoyos presentados (47,9% invalidados), Daniel Palacios (41,8%) y Luis Gilberto Murillo (45,3%).
Asimismo, la invalidación masiva de rúbricas alcanzó también a Sondra Macollins (43% de firmas rechazadas) y Leonardo Huertas (44,6%). En todos los casos, decenas de miles de respaldos se desestimaron por problemas como datos ilegibles, discrepancias con el Archivo Nacional de Identificación, o la ausencia del firmante en el censo electoral, según subrayó la Registraduría Nacional.
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La entidad reiteró que los grupos de ciudadanos que solicitan la inscripción de precandidatos deben entregar al menos 635.216 firmas válidas, cifra equivalente al 3% del total de votos en la primera vuelta presidencial de 2022, cuando participaron 21.173.842 votantes.
De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, “solo se encontraron inconsistencias relacionadas con posibles fraudes o delitos en dos de los 22 grupos significativos de ciudadanos que presentaron firmas de apoyo ante la Registraduría Nacional”.
En un comunicado, la entidad electoral insistió en que el proceso electoral se desarrolla bajo los parámetros legales vigentes y que todas las incidencias administrativas fueron resueltas conforme a los procedimientos oficiales.
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