
El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, reveló que al menos 140.000 personas se encuentran afectadas por las inundaciones en el departamento de Córdoba, en la región Caribe, señalando que el impacto se extiende a 24 de los 30 municipios del territorio.
En atención de la emergencia invernal, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció una nueva emergencia económica para acelerar la respuesta estatal, además de considerar medidas excepcionales.
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En este contexto, el Gobierno nacional anunció en un comunicado que la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres) priorizará la postulación de giros directos a las EPS para que puedan pagar a clínicas y hospitales en el departamento de Córdoba.
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“La Administradora de los Recursos del Sistema de Salud – ADRES, priorizará la postulación de los giros directos por las Entidades Promotoras de Salud - EPS, hacia las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS y proveedores de tecnologías en salud presentes en el departamento de Córdoba”, se lee en el comunicado.
Para la actual administración, la medida “constituye una herramienta eficaz para fortalecer el flujo oportuno de recursos hacia la red prestadora, reducir riesgos de liquidez y mitigar posibles afectaciones en la prestación de servicios esenciales”.
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“La ADRES gestionará con la mayor celeridad la postulación priorizada, por las Entidades Promotoras de Salud, hacia las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y proveedores de tecnologías en salud presentes en la región afectada”.
La administradora instó a las aseguradoras a atender a la mayor cantidad de afectados de manera oportuna y considerar la postulación de recursos por el mecanismo del giro directo.
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“De manera complementaria, la entidad solicita a las EPS con presencia en el territorio afectado por las inundaciones y que no están obligadas a utilizar el mecanismo del giro directo, considerar la postulación de recursos por esta vía”.
Según el documento, la medida incluye los pagos de compesaciones a los damnificados que perdieron a familiares en las inundaciones.
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“En el mismo contexto, agilizará el reconocimiento y giro de las reclamaciones radicadas por los servicios de salud prestados a las víctimas de la emergencia, así como el pago de la indemnización por muerte y gastos funerarios a los beneficiarios de las víctimas de este evento catastrófico de origen natural”.
Detalles de la nueva emergencia económica del Gobierno Petro

La última declaración de emergencia económica y social realizada por el presidente Gustavo Petro busca enfrentar la crisis climática y humanitaria ocasionada por lluvias atípicas que afectan a los departamentos de Córdoba, Magdalena, Bolívar, Antioquia, Sucre, Cesar, Chocó y La Guajira.
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El gobierno colombiano planea recaudar $8 billones mediante nuevos impuestos, con el propósito de superar los daños provocados por un fenómeno meteorológico inédito para la temporada. Esta decisión llega en un contexto de debate sobre la efectividad y legitimidad del mecanismo, tras la suspensión de una emergencia económica previa por parte de la Corte Constitucional y la controversia en torno al uso de recursos alternativos.
Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), precisó a El Tiempo que los fondos estimados se destinarán específicamente a la recuperación de las áreas siniestradas, tomando como referencia antecedentes similares y los informes iniciales de daños.
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Carrillo subrayó: “Los 8 billones de pesos corresponden a un estimado para la fase de recuperación de las zonas afectadas, basado en antecedentes históricos y en los daños preliminares.” Además, detalló la existencia de recursos asignados para la atención inmediata de la emergencia, que alcanzarían $190.000.000.000 provenientes de la vigencia 2026.
Las mayores afectaciones se reportan en Córdoba, pero la emergencia abarca todos los departamentos mencionados, con precipitaciones notablemente superiores a las habituales durante este periodo del año. La administración descartó la propuesta de los gobernadores de utilizar $6,5 billones en regalías congeladas, y optó por avanzar hacia la que sería la cuarta emergencia económica desde 2022.
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El presidente Petro buscó explicar la magnitud del desastre responsabilizando parcialmente a sectores de la oposición, sugiriendo incluso un posible vínculo con los niveles de la represa de Urrá. Estas posiciones reavivaron el debate sobre la gestión política y técnica de emergencias en Colombia, considerando que en la anterior declaratoria, suspendida todavía por la Corte Constitucional, el mandatario había propuesto una suma de $16 billones para afrontar situaciones similares.
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