La Procuraduría General de la Nación abrió un pliego de cargos contra Germán de Jesús Sarabia Puentes, un docente del municipio de Girón, departamento de Santander, ante denuncias por presuntos malos tratos a estudiantes de sexto grado.
Según informó el organismo de control, busca esclarecer si el educador había maltratado física y verbalmente a sus alumnos y padres de familia en el salón de clases.
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De acuerdo con las denuncias de los jóvenes, los hechos se habrían presentado en el año 2024, donde “el servidor público posiblemente los golpeaba con la biblia, les jalaba las orejas y presuntamente realizaba comentarios inapropiados sobre el aspecto de los niños y niñas”.
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“La Procuraduría Provincial de Bucaramanga busca confirmar si el funcionario presuntamente vulneró el principio de moralidad y de brindar un trato respetuoso y adecuado a los estudiantes que tiene a su cargo para la vigencia 2024, tal como está establecido en la ley”, agregó el ente de control en un comunicado.
El caso ha sido calificado por la autoridad disciplinaria como una presunta falta grave, atribuida a título de culpa grave, un juicio que implica consecuencias sustanciales en el ejercicio de la función pública para Sarabia Puentes de comprobarse las acusaciones.
Esta es la segunda investigación contra un docente de Girón, Santander. En enero de 2026, la Procuraduría abrió un proceso contra el profesor Mauricio Enrique Martínez Corredor, señalado de incurrir en presuntos tratos irrespetuosos, agresiones físicas y expresiones calumniosas e injuriosas contra una colega de la misma institución educativa.
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De acuerdo con el informe difundido por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, la conducta atribuida a Martínez Corredor involucra presuntos tratos irrespetuosos, agresiones físicas y expresiones calumniosas e injuriosas.
Los hechos habrían ocurrido durante la celebración del Día del Educador en 2024, al interior de las instalaciones escolares y en presencia de otros miembros de la comunidad educativa, contexto que, según el órgano disciplinario, agrava la situación al tratarse de un espacio que debe garantizar la seguridad y convivencia de docentes, estudiantes y personal administrativo.
La Procuraduría explicó que estos actos no solo afectan directamente a la presunta víctima, sino a la imagen institucional y el clima laboral en el centro educativo.
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El caso resulta aún más sensible, ya que los hechos habrían tenido lugar durante una fecha reservada para el reconocimiento y respeto al magisterio colombiano, lo cual, como resaltó la entidad, transforma una jornada de fraternidad en un escenario de violencia y humillación.
El Ministerio Público subrayó que el proceso busca esclarecer en su totalidad si el profesor investigado agredió físicamente a una profesora y utilizó expresiones calumniosas e injuriosas en su contra en un ámbito público. Remarcó además que, de demostrarse la responsabilidad, esto podría suponer una grave vulneración de los principios de moralidad, legalidad y respeto que rigen el servicio público, principios que —según la Procuraduría— constituyen “pilares esenciales del comportamiento que se espera de los servidores públicos, y con mayor razón de quienes tienen la responsabilidad de formar, orientar y servir de ejemplo a niños, niñas y jóvenes”.
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En su análisis preliminar, la Procuraduría recordó que el desarrollo responsable y ético de la función docente es esencial para el buen funcionamiento del sistema educativo, y que ninguna institución puede permitir que hechos de agresión o irrespeto queden sin respuesta.
El inicio de este proceso disciplinario por parte del Ministerio Público reaviva el debate sobre la ética, la convivencia escolar y los estándares que deben guiar la actuación profesional en los centros educativos. Así mismo, la Procuraduría continuará con las diligencias necesarias para determinar la verdad de los hechos y asegurar el respeto al debido proceso para el docente implicado.
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Mientras la investigación sigue su curso, el caso funciona como recordatorio de la necesidad de conductas ejemplares en el ámbito educativo, donde la dignidad y el respeto adquieren un peso fundamental. Si esta valoración se confirma al término de la investigación, podrían imponerse sanciones severas.
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