Katherine Miranda, representante a la Cámara y candidata al Senado, denunció en sus redes oficiales que el Gobierno nacional habría firmado contratos de propaganda política por más de 70.000 millones de pesos.
Según la congresista, los contratos se habrían firmado cuatro días antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.
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“El Gobierno Nacional firmó más de 70 mil millones de pesos en contratos de publicidad en solo cuatro días, justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías y en medio de una emergencia económica y ambiental (sic)“, expresó Miranda.
En un breve mensaje en su cuenta oficial de X, el presidente Gustavo Petro respondió a la denuncia de Miranda y la negó por completo.
El mandatario colombiano afirmó que durante su administración no se han firmado contratos de ese tipo, señalando que la norma lo prohíbe de manera absoluta.
“Yo no he firmado ningún contrato en mi gobierno. Eso está prohibido por norma”, indicó el jefe de Estado en su corto mensaje en la red social.
De hecho, el presidente Gustavo Petro ha estado muy activo en su cuenta oficial de X en las últimas horas. En otra publicación, el jefe de Estado negó que Colombia Humana haya superado los topes electorales durante la campaña presidencial de 2022.
El presidente Petro calificó como una “mentira” la información, asegurando que Colombia Humana dejó como constancia ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) que no “violó los topes” en la campaña presidencial.
“Esto no es cierto. Es una mentira. Colombia Humana dejó perfecta constancia en su proceso ante CNE que no violó los topes de campaña presidencial”, aseveró el presidente Petro.
Detalles de la denuncia
La representante a la Cámara, Katherine Miranda, denunció que entre el 26 y el 30 de enero de 2026 se habrían adjudicado contratos de publicidad institucional por parte del gobierno de Gustavo Petro, por un monto total que supera los 71.800 millones de pesos.
Según Miranda, estos contratos se firmaron poco antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías y mientras el país afrontaba una situación de emergencia económica, social y ambiental.
Miranda aseguró que cerca del 90% de esos recursos se asignaron a Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc), entidad que, de acuerdo con su informe, resultó beneficiaria de 12 de los 16 contratos firmados, por un valor superior a los 64.000 millones de pesos.
Según la representante, el resto de los contratos se repartió entre la Sociedad de Televisión de Caldas, Quindío y Risaralda Ltda., Servicios Postales Nacionales S.A.S. y la Confederación Colombiana de Consumidores.
La congresista señaló que las entidades que suscribieron estos contratos incluyen el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Deporte.
En su pronunciamiento, Miranda comparó estas cifras con las del mismo periodo de 2022, bajo el gobierno de Iván Duque, cuando Rtvc, según sostuvo la representante, habría recibido alrededor de 1.500 millones de pesos en contratos de pauta oficial. En esa línea, planteó que el incremento en 2026 sería del 4.166%.
Miranda advirtió que la magnitud de los contratos y la concentración en una sola entidad podrían interpretarse como un uso político de fondos públicos y señaló posibles vulneraciones a los principios de transparencia, planeación y neutralidad. Anunció que llevará la documentación ante los organismos de control, para que se determinen eventuales irregularidades en la adjudicación de estos recursos.
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