El partido Oxígeno solicitó por medio de un comunicado a la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. la remoción inmediata de Ricardo Roa Barragán como presidente de la compañía, en una acción sustentada en la reciente sanción administrativa impuesta al directivo por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y por lo cual la Fiscalía General de la Nación radicará una imputación de cargos por tráfico de influencias y violación de topes electorales.
Según el comunicado firmado por la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y otros miembros de la organización, la petición responde a la necesidad de garantizar la integridad institucional de la empresa petrolera.
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La solicitud, fechada el 9 de febrero de 2026 en Bogotá, reclama el “cumplimiento efectivo de las normas estatutarias, de buen gobierno corporativo y de ética empresarial”, normas que rigen la administración de Ecopetrol.
El documento, recuerda que el artículo 23 de los Estatutos Sociales de la compañía asigna a la Junta Directiva la función de “designar, evaluar y remover al Presidente de Ecopetrol”.
Los firmantes, entre ellos Óscar Enrique Ortiz González y Silverio Gómez Carmona, insisten en que la máxima autoridad administrativa de la empresa no solo tiene competencias formales, sino deberes reforzados de vigilancia y corrección para preservar la confianza pública.
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El pronunciamiento de Oxígeno se apoya en la decisión del Consejo Nacional Electoral, que resolvió sancionar administrativamente a la campaña presidencial de la Coalición Pacto Histórico en primera y segunda vuelta.
La Resolución No. 11008, expedida el 27 de noviembre de 2025, atribuye responsabilidad directa a Roa Barragán por infracciones al régimen legal de financiación electoral.
Según el comunicado, el CNE identificó que “la financiación prohibida de campañas electorales por parte de personas jurídicas, así como la violación de los topes o límites de ingresos y gastos electorales” constituyeron las conductas sancionadas.
El documento detalla que Ricardo Roa Barragán, en calidad de gerente de la campaña presidencial de la coalición, fue declarado responsable solidario por actos relacionados con la ausencia de reporte de ingresos y gastos, omisión de reportes obligatorios y otras irregularidades en el manejo financiero.
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Las sanciones no fueron catalogadas como simples errores formales, sino como “infracciones sustanciales al sistema de financiación política, con impacto directo en la transparencia, legalidad y equidad del proceso democrático”.
La petición de Oxígeno subraya que la Junta Directiva no solo representa el órgano superior de administración, sino que asume obligaciones fundamentales para garantizar la sostenibilidad reputacional de Ecopetrol.
“La confianza pública y la integridad institucional exigen respuestas inmediatas”, argumenta el comunicado. Los firmantes también hacen referencia al Código de Buen Gobierno, el Código de Ética y Conducta, y los sistemas internos de control y gestión, que obligan a actuar ante situaciones que comprometan la imagen de la empresa estatal.
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Abogado de Roa aseguró que presunción de inocencia sigue vigente ante posibles imputaciones
El abogado Juan David León, representante legal de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, negó haber recibido notificación formal sobre las imputaciones anunciadas por la Fiscalía por supuestas irregularidades en la campaña presidencial de Gustavo Petro y la adquisición de un apartamento en Bogotá.
León aseguró que hasta el momento la defensa “no ha sido notificada formalmente de citación alguna a audiencia de formulación de imputación” y que esperarán los canales institucionales correspondientes.
Roa, quien se desempeñó como gerente de la campaña de Petro antes de asumir la presidencia de Ecopetrol, enfrenta investigaciones administrativas y sanciones económicas del Consejo Nacional Electoral, que detectó un exceso de más de 5.300 millones de pesos en los topes de gasto de campaña.
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Por estos hechos, el CNE impuso una multa, mientras que la Fiscalía anunció la radicación de dos solicitudes de imputación: una por violación de topes electorales y otra por presunto tráfico de influencias.
La defensa de Roa sostiene que la presunción de inocencia permanece intacta y que el directivo contará con garantías procesales para ejercer su derecho de defensa.
León añadió que cualquier señalamiento será controvertido en las etapas judiciales pertinentes y que su cliente ha respondido oportunamente a todos los requerimientos de las autoridades.
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