
En Colombia continúan en operación distintos programas sociales impulsados por el Gobierno Nacional y las administraciones territoriales, enfocados en respaldar económicamente a poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre ellas adultos mayores, jóvenes estudiantes y hogares en pobreza extrema o moderada.
Uno de los programas con mayor cobertura es Colombia Mayor, orientado a brindar un apoyo monetario periódico a personas adultas mayores que no cuentan con ingresos suficientes ni con una pensión.
De acuerdo con la información oficial, durante el cierre del año anterior se realizaron los pagos correspondientes al último ciclo, utilizando los canales definidos por el programa y las entidades operadoras.
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Para el año 2026, las autoridades informaron que el primer ciclo de transferencias de Colombia Mayor se realizará desde el 27 de febrero. Posteriormente, los cinco ciclos siguientes están programados para iniciar el 25 de marzo, 22 de abril, 20 de mayo, 17 de junio y 29 de julio, fechas que corresponden a la planificación establecida por las entidades encargadas de la ejecución del programa.
Otro de los pilares de la política social es Renta Joven, un programa administrado por Prosperidad Social que busca apoyar a jóvenes en condición de pobreza o vulnerabilidad, incentivando su permanencia y culminación de estudios en educación superior. Según la entidad, los pagos pendientes del año anterior se efectuarán a mediados de febrero, mientras que el nuevo ciclo de 2026 comenzará en el mes de marzo.
Para acceder a este incentivo, los beneficiarios deben presentar su documento de identidad y los soportes que acrediten su condición dentro del programa. Prosperidad Social explicó que Renta Joven contempla transferencias económicas que superan los $400.000, además de estrategias complementarias enfocadas en inserción laboral, emprendimiento y acceso a oportunidades de formación de posgrado.

Dentro de los requisitos definidos para Renta Joven se encuentran: tener entre 14 y 28 años, haber culminado la educación media con grado 11, contar con registro en los sistemas oficiales de matrícula, estar matriculado en un programa de educación superior y figurar en el Sisbén como población en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad, dentro de la clasificación A1 a C18.
En paralelo, el Departamento de Prosperidad Social también administra Renta Ciudadana, una iniciativa que busca afrontar la pobreza extrema y moderada mediante transferencias monetarias directas a los hogares priorizados. Este programa da prelación a madres cabeza de hogar, personas con discapacidad y niños en primera infancia, con el propósito de fortalecer la seguridad alimentaria y apoyar procesos de movilidad social.
Para 2026, Renta Ciudadana mantendrá su esquema de pagos, con montos que oscilan entre $220.000 y $500.000, valores que dependen de la línea de intervención asignada a cada hogar beneficiario. Las autoridades señalaron que los pagos del año están previstos desde el 20 de enero, de acuerdo con la programación definida por el DPS.
Entre los documentos exigidos para reclamar los recursos de Renta Ciudadana se encuentran la cédula de ciudadanía, el registro activo en el Sisbén, la certificación de no estar recibiendo transferencias de otros programas y los soportes que acrediten la condición de beneficiario.
Otra estrategia vigente es la Devolución del IVA, integrada a la política social y económica del Estado, cuyo objetivo es mitigar el impacto del costo de vida en los hogares de menores ingresos y promover criterios de equidad. Para este programa, se espera que los pagos comiencen a finales de febrero, según lo informado por las entidades responsables.

En cuanto a los beneficiarios de la Devolución del IVA, se priorizan los hogares en pobreza extrema, clasificados en el Sisbén o en el Registro Social de Hogares dentro de los grupos A01, A02, A03, A04 y A05, así como los hogares indígenas. También se incluyen hogares en pobreza moderada, correspondientes a las categorías B01, B02, B03 y B04.
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