La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) inició un procedimiento sancionatorio ambiental contra Urrá S.A. E.S.P., empresa responsable de operar el embalse Urrá I en Córdoba, Colombia. La decisión se basa en la detección de incumplimientos reiterados de las reglas operativas del embalse, que sobrepasó en el 20% de los monitoreos hechos en 2024 los límites asignados por la Curva Guía Máxima, el principal parámetro de seguridad hídrica en la zona.
Entre julio y diciembre de 2025, el porcentaje de incumplimientos ascendió a 30,6%. En los últimos cuatro meses, la proporción se mantuvo en el 27%, con 34 días en ese periodo durante los que el embalse operó por encima del volumen autorizado. Los hechos afectaron de manera directa a centenares de familias en el entorno, quienes no recibieron notificaciones oportunas sobre los riesgos ni fueron alertadas de manera adecuada sobre potenciales emergencias.
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Así las cosas, el seguimiento técnico de la Anla, hecho desde 2020, permitió constatar que la superación de los valores máximos de la Curva Guía se convirtió en un patrón sistemático. A lo largo del periodo, la autoridad emitió seis conceptos técnicos a Urrá S.A. E.S.P., en los que requirió explicaciones formales ante estas inconsistencias.
Los reportes dicen que, en agosto de 2024, el volumen almacenado superó de manera constante el valor permitido, mientras, que en 2025 y lo corrido de 2026 la tendencia negativa persistió, produciéndose una saturación súbita y descargas hacia aguas abajo.
Sobrepaso de los límites
En diciembre de 2025, luego de un análisis detallado, la entidad concluyó que el sobrepaso de los límites no obedeció a situaciones excepcionales ni a la respuesta ante crecientes, sino que fue resultado de decisiones operativas de la empresa. Tal situación se considera de carácter sistemático y preocupante. “Como autoridad ambiental hemos hecho seguimiento riguroso a las actuaciones de la empresa Urrá. Nuestra responsabilidad institucional consiste precisamente en hacer valer los instrumentos de manejo y control ambiental”, señaló la directora de la Anla y ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez-Torres,
La falta de comunicación oportuna intensificó el impacto social. La funcionaria detalló que “cientos de familias, que han perdido sus hogares y sustento, no fueron notificadas oportunamente y están siendo atendidas en albergues con condiciones inadecuadas”.
Además, resaltó que “el Plan de Emergencia y Contingencia que debe implementar la empresa no puede convertirse en un simple protocolo ni una mera formalidad; debe traducirse en acciones responsables que permitan salvar vidas ante un desastre como el ocurrido”.
Plan de Emergencia y Contingencia
Desde el 1 de febrero, las autoridades fortalecieron su presencia en el territorio y verificaron la activación oficial del Plan de Emergencia y Contingencia de Urrá I. La Autoridad, en coordinación con otras entidades ambientales regionales, desplegó acciones para afrontar la crisis y emitir alertas preventivas ante el aumento de caudales.
Las inspecciones de campo identificaron deficiencias en la emisión de alertas a la comunidad y en la calidad de los albergues. Vélez-Torres insistió en que “este comportamiento no puede defenderse como responsable”.
Al mismo tiempo, la gestión inadecuada afectó la capacidad técnica para regular caudales durante eventos extremos, lo que limitó la respuesta del sistema hídrico y expuso a la población a mayores riesgos. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ya abrió una investigación adicional para indagar si existe alguna relación entre estas irregularidades ambientales y posibles intereses dentro del sector eléctrico.
Dimensión estructural de la crisis
Para Vélez-Torres, la crisis tiene una dimensión estructural al estar vinculada con el cambio climático y al modelo de ocupación del territorio. “Quitarle espacio al agua para acaparar las tierras cenagosas y ocuparlas con ganadería extensiva es una acción codiciosa contra natura. Por eso, la recuperación frente al desastre debe incluir instrumentos y acciones que permitan planificar la actividad humana teniendo en cuenta las zonas de ocupación y amortiguación hídrica de ríos, ciénagas y humedales”, enfatizó.
En el escenario actual, seis embalses en Colombia permanecen bajo alerta roja debido a condiciones de saturación. Las recomendaciones institucionales enfatizan la importancia de planificar y activar los planes de contingencia. “A las comunidades les invitamos a seguir la información oficial desde Ungrd e Ideam”, añadió la funcionaria.
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