Las autoridades de inteligencia de Colombia han alertado sobre una amenaza inminente del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Bogotá.
Informes revelados y optenidos por el concejal Julián Uscátegui, apuntan a planes de atentado, infiltración en universidades y acciones dirigidas a alterar las elecciones de 2026.
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Investigaciones de la Policía, Fiscalía y Fuerzas Militares destacan al menos 30 unidades colectivas del ELN distribuidas en diez localidades de la ciudad. Estas células procuran difundir su ideología, realizar labores de inteligencia y reclutar jóvenes para la causa insurgente, sin mostrarse armados.
También se han detectado células militares en municipios cercanos como Facatativá y Chía. En barrios periféricos de Ciudad Bolívar, como Quiba y Mochuelo, se ha registrado presencia puntual, zonas tradicionalmente afectadas por economías ilegales.
El flujo de recursos para estas operaciones proviene del frente de Guerra Occidental, asentado en la región del Pacífico. Las fuentes de financiamiento incluyen la minería ilegal, narcotráfico y el cobro de aranceles criminales.
El dinero llega primero a Medellín, donde un articulador clave, conocido como alias Aláh y de nombre Francisco, coordina operaciones y reclutamiento bajo instrucciones del comando central.
Alias Aláh gestiona desde Medellín la articulación entre el ELN urbano y civiles en varias ciudades, extendiendo recursos e instrucciones. Las pesquisas indican que emplea un riguroso sistema de compartimentación inspirado en tácticas de la Alemania Oriental, de modo que los miembros desconocen detalles clave para salvaguardar la estructura.
El método de reclutamiento en Bogotá tiene como foco las universidades públicas y privadas. Individuos con dificultades económicas son integrados a grupos sociales y reciben incentivos de hasta $100.000,
Posteriormente, son sometidos a una “prueba del estallido” que implica un enfrentamiento directo con la fuerza pública. Quienes superan este filtro acceden a fases de adoctrinamiento y, eventualmente, evaluaciones para entrenamiento o respaldo financiero.
Hay un patrón de infiltración en al menos diez localidades, motivando la aparición de colectivos radicales como Primera Línea Suba y Juventudes Camilistas Revolucionarias, entre otros grupos de ideología marxista-leninista.
Un investigador de la Policía Metropolitana explicó al medio mencionado que: “Buscaban estudiantes nuevos, con dificultades económicas. Primero los integraban socialmente, luego les daban dinero, 50.000 o 100.000 pesos. Después venía la ideología y la prueba del estallido”.
La red de reclutamiento fue desmantelada parcialmente tras una operación encubierta de doce meses, donde se documentaron 28 actos violentos relacionados con cabecillas del frente de Guerra Urbano.
Parte de la estrategia consiste en el uso de lenguaje cifrado para coordinar reuniones y acciones, garantizando el anonimato de los participantes.
Los objetivos de impacto del ELN en la capital han sido delineados en los informes de inteligencia. El grupo prepara atentados contra infraestructuras emblemáticas como la Embajada de Estados Unidos, el Banco de la República y el búnker de la Fiscalía.
Un fiscal investigador, en dialogo con el medio ya citado, advirtió: “El ELN es un grupo mediático, siempre ha querido hacer atentados que generen ruido y su principal blanco es Bogotá”.
La tensión con el gobierno de Estados Unidos se ha incrementado por causas recientes, elevando la alerta sobre posibles actos de represalia. En paralelo, cadenas de comercios y bancos en Bogotá permanecen bajo vigilancia debido a seguimientos del ELN y el posible uso de explosivos improvisados.
Las células urbanas del ELN operan en grupos pequeños, de hasta cinco integrantes, bajo estrictos códigos de clandestinidad.
De cara a las elecciones de 2026, han aumentado las alertas en la administración distrital y el Concejo de Bogotá por el interés del ELN en incidir o generar miedo a través de acciones desestabilizadoras.
Aunque algunos líderes del grupo niegan la intención de intervenir directamente en el proceso electoral, los informes advierten posibles escenarios de intimidación y control para restringir la actividad proselitista de candidatos contrarios a su ideología.
Entre las figuras objeto de seguimientos recientes figuran la precandidata presidencial Vicky Dávila y la senadora María Fernanda Cabal, ambas vigiladas intensamente, según fuentes de la Fiscalía.
El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, destacó: “Organizaciones se infiltran dentro de los claustros académicos y desarrollan actividades que, a todas luces, no son académicas. El riesgo de reclutamiento es real”.
Las autoridades continúan desmantelando la red urbana tejida por el ELN en Bogotá. El objetivo es neutralizar su influencia en la opinión pública y reducir la presión mediática y social por medio del temor selectivo. Las investigaciones siguen en curso para desarticular estas estructuras ocultas y debilitar la presencia insurgente en la capital.
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