Empresarios en alerta por la SIC: temen un control de precios encubierto en Colombia

La inquietud empezó a circular primero en conversaciones privadas y, en cuestión de días, se instaló con fuerza en el debate público, el sector empresarial observa con preocupación los recientes requerimientos de información que comenzó a enviar la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre la forma en que las compañías fijan sus precios.

Las solicitudes, que por ahora llegaron a cinco empresas de distintos sectores Panamericana, Supertiendas y Droguerías Olímpica, Nalsani, Whirlpool y Continente, piden detalles minuciosos sobre márgenes de ganancia, criterios de descuento, impacto de la tasa de cambio en productos importados y uso de algoritmos o sistemas automatizados para definir precios. Aunque el alcance inicial es limitado, la propia superintendente, Cielo Rusinque, confirmó que en los próximos días el número de compañías requeridas podría superar las 50, a partir de denuncias ciudadanas, quejas formales y monitoreos internos de la entidad.

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El contenido del cuestionario encendió las alarmas entre empresarios y analistas económicos, quienes interpretan estas solicitudes como una señal de posible intervención estatal en la fijación de precios, en un contexto marcado por el incremento del salario mínimo en más de 23% para 2026 y por las expectativas de una inflación más alta de lo previsto inicialmente.

Desde el sector gremial, las reacciones no se hicieron esperar. Para Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, el enfoque de los requerimientos va más allá de una supervisión ordinaria. “Controlar márgenes, fórmulas o algoritmos no es supervisión, es una forma indirecta de control de precios”, afirmó en El Tiempo, al advertir sobre los riesgos que esto podría implicar para el funcionamiento del mercado.

El Consejo Gremial fue más allá y expresó su “profundo” rechazo a lo que considera una exigencia de información sensible, protegida por la reserva comercial. En un pronunciamiento, señaló que pedir de manera generalizada datos sobre estructuras de costos y márgenes de utilidad excede las competencias constitucionales y legales de la SIC. “La exigencia generalizada de información sujeta a reserva comercial, como los criterios de fijación de precios y márgenes de utilidad, resulta inconstitucional y afecta la seguridad jurídica, la estabilidad de los mercados y la confianza inversionista”, advirtió la organización.

En la misma línea se pronunció la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). Su presidente, Bruce Mac Master, reconoció que la Superintendencia tiene facultades para solicitar información, pero señaló que estas deben ejercerse dentro de límites claros. “Solicitar información sobre la estructura de costos, el margen de ganancia o, incluso, elementos de política comercial de una empresa, excede las facultades de la Superintendencia cuando dicha indagación no resulta ni pertinente ni conducente para el ejercicio de sus facultades legales”, sostuvo.

Desde Fenalco, el tono fue aún más crítico. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, cuestionó que se pretenda frenar una inflación que, a su juicio, ha sido inducida por decisiones del propio Gobierno. “Quieren convertir a la SIC en una Superintendencia de Precios. Las amenazas del Gobierno de castigar a las empresas no son la manera de reparar el inmenso daño que le ha hecho al país el ajuste desbordado del salario mínimo para el presente año”, afirmó.

El Gobierno, por su parte, salió a desmarcarse de cualquier intención de fijar precios. Rusinque ha insistido en que la entidad cumple su rol legal de vigilancia y control. “Vigilamos si existen comportamientos que violen el régimen para poder actuar en consecuencia”, señaló. A ese mensaje se sumó el presidente Gustavo Petro, quien pidió calma a través de su cuenta de X: “No hay que tener nervios porque se sepa con transparencia la estructura de formación de precios”.

Sin embargo, el debate no se limita a un choque de versiones. Para María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia y de la alianza de gremios Aliadas, el problema está en el alcance de los requerimientos. A su juicio, solicitudes amplias y generalizadas pueden generar incertidumbre jurídica y afectar la autonomía empresarial. “La libre fijación de precios es un pilar del modelo económico colombiano. Cualquier intervención estatal debe estar claramente delimitada por la ley y responder a investigaciones concretas”, advirtió.

Una lectura similar planteó Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo, que calificó como “preocupante” el nivel de detalle exigido por la SIC. “Combatir abusos de mercado es legítimo y necesario. Pero hacerlo requiere análisis de competencia, evidencia de colusión o posición dominante, no una fiscalización generalizada de la formación de precios”, afirmó.

El trasfondo de la discusión es un escenario económico más tenso. El propio Gobierno menciono la posibilidad de analizar medidas excepcionales si se presentan presiones especulativas, mientras que el Banco de la República ajustó al alza sus proyecciones de inflación, que ahora apuntan a un cierre de año cercano al 6,4%, por encima del 4,6% estimado anteriormente.