El mercado ilegal de seguridad privada en Medellín se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos para las estructuras criminales de la ciudad. Estas organizaciones ofrecen hoy esquemas de protección a capos internacionales por sumas que pueden llegar hasta los $30 millones semanales, una dinámica que, según expertos, refleja la sofisticación del crimen organizado en la capital antioqueña.
La advertencia fue hecha por la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), que vincula este fenómeno con la llegada de jefes extranjeros del narcotráfico y de otras economías ilegales.
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De acuerdo con la entidad, estos actores criminales encuentran en Medellín un entorno favorable debido a su conectividad estratégica y a la cercanía con proyectos portuarios en la región de Urabá, claves para las rutas del tráfico internacional.
Corpades sostiene que la ciudad se ha consolidado como un nodo relevante para organizaciones criminales transnacionales que requieren no solo esconderse, sino también contar con respaldo logístico y esquemas de seguridad armada.
En ese escenario, las bandas locales cumplen un papel central: facilitan transporte, alojamiento y protección personal, en un mercado donde se difuminan las fronteras entre la legalidad y la ilegalidad.
Uno de los factores que más incide en esta problemática es la amplia circulación de armas con permisos legales. Así lo explicó Fernando Quijano, director de Corpades: “Hay demasiadas armas legales en manos de ciudadanos muy jóvenes, muchos retirados de las fuerzas militares y de la Policía, que necesitan seguir trabajando. También está el alquiler de pistolas para prestación legal; hay muchas pistolas que hoy están alquiladas en la ciudad”, comentó al medio El Colombiano.
Según la organización, este contexto permite que personas con acceso a armas y redes de contacto ofrezcan servicios de seguridad privada sin cumplir controles rigurosos.
En Medellín operan cerca de 350 bandas criminales, muchas de ellas vinculadas a estructuras de mayor alcance, lo que facilita la expansión de estos servicios y su adaptación a clientes de alto perfil, incluidos extranjeros con antecedentes en el crimen organizado.
La alerta también se extiende a empresas de vigilancia constituidas legalmente que, de acuerdo con Corpades, no realizan verificaciones estrictas sobre los antecedentes de quienes contratan sus servicios.
En la práctica, algunas de estas compañías terminan ofreciendo esquemas de protección tanto a personas sin antecedentes como a individuos ligados a actividades ilegales, motivadas principalmente por la rentabilidad del negocio.
En términos financieros, las cifras evidencian la magnitud del fenómeno. Un servicio básico de escolta puede costar entre $700.000 y $2 millones diarios, dependiendo del nivel de riesgo y la logística requerida.
Para una semana completa, los valores oscilan entre $8 y $10 millones, mientras que los esquemas más complejos, que incluyen camionetas blindadas, pueden alcanzar entre $25 y $30 millones semanales.
La rentabilidad también es alta para quienes prestan directamente el servicio. “Si yo soy un escolta y tengo una camioneta con blindaje nivel dos, al día me puedo ganar un millón de pesos. Cualquiera que hoy tenga un arma puede prestar servicio de seguridad”, concluyó Quijano, al advertir que el crecimiento de este mercado ilegal se ve impulsado por el desempleo, la informalidad y la debilidad de los controles estatales.
La advertencia de Corpades se da en medio de recientes operativos contra el crimen transnacional. En los últimos días, las autoridades capturaron a dos ciudadanos panameños señalados de integrar estructuras criminales internacionales, en procedimientos realizados en Medellín y el oriente de Antioquia con apoyo de la Policía de Panamá e Interpol.
Uno de los capturados fue Juan Abdiel Chérigo, alias Coya, detenido en el municipio de Granada mediante Notificación Roja de Interpol.
Es señalado como el principal enlace del narcotráfico entre Panamá y Colombia, figura en el cartel de los más buscados de su país y presenta nexos con el Clan del Golfo. Actualmente permanece a disposición de la justicia colombiana mientras se define su extradición.
En Medellín, las autoridades también capturaron a alias Balín, considerado el máximo líder de la organización criminal Los SAM 23 o Jordan 23, una de las pandillas más violentas del distrito de San Miguelito, en Panamá. Sobre él pesaba una notificación roja internacional por asociación ilícita.
En estos operativos se incautaron tres armas de fuego, se retuvieron cinco celulares y se capturó a tres personas más vinculadas a la misma investigación.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que las bandas locales no solo brindan seguridad y apoyo logístico a estos fugitivos internacionales, sino que también reciben recursos económicos desde el exterior. “Tienen alianzas para delinquir alrededor del narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas. Siempre piden apoyo logístico y de seguridad”, afirmó.
Gutiérrez agregó que es frecuente encontrar personas condenadas por narcotráfico portando armas con salvoconducto y credenciales de escoltas de empresas de vigilancia privada.
“Hay una corruptela inmensa alrededor de estos temas. En Medellín no hay refugio ni escondedero para criminales”, concluyó, al señalar que las investigaciones en curso podrían arrojar resultados relevantes en el corto plazo.
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