Revelan cómo opera la red criminal detrás del hurto de vehículos y autopartes en Bogotá

En un reciente debate de control político citado por el concejal Marco Acosta se expuso la sofisticada cadena criminal que alimenta el hurto de vehículos y autopartes en Bogotá.

Lejos de tratarse de hechos aislados, para el cabildante, el fenómeno se ha transformado en una estructura delictiva articulada, con altos niveles de rentabilidad y capacidad de adaptación frente a las acciones de las autoridades.

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Si bien las cifras oficiales indican una disminución en el número de vehículos robados —pasando de 4.147 casos en 2024 a 3.247 en 2025—, el debate dejó claro que la reducción no implica una mejora estructural.

Actualmente, en Bogotá se hurtan en promedio nueve vehículos cada día, lo que equivale a una tasa de 155 casos por cada 100.000 vehículos. Paralelo a esto, el mercado ilegal de autopartes mueve alrededor de $4.500 millones de pesos, consolidando un negocio criminal de gran escala.

“El distrito está celebrando cifras, mientras el crimen celebra ganancias”, advirtió Acosta, que enfatizó que el delito no desapareció, sino que se reorganizó en una verdadera cadena criminal. Este entramado involucra vigilancia previa, selección de vehículos, desmonte técnico, acopio de piezas, falsificación de documentos y comercialización a través de talleres y comercios informales, en ocasiones bajo la fachada de legalidad.

Según lo expuesto por el cabildante, el hurto de vehículos y autopartes dejó de ser un delito de oportunidad individual para convertirse en una cadena estructurada y funcional, que opera con métodos cada vez más técnicos y sofisticados. “Cuando el delito baja en una cifra, pero se fortalece como negocio, no estamos frente a una mejora, sino frente a una reconfiguración del crimen organizado”, sostuvo Acosta.

El debate también puso de relieve el contexto de inseguridad que vive la capital, con aumentos significativos en otros delitos. En 2025, se registraron 21.132 casos de lesiones personales (un incremento del 10,2%), con casi 9.000 víctimas mujeres.

La violencia intrafamiliar sumó 48.816 casos, un aumento del 11,5%, y las localidades más afectadas siguen siendo Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar, Bosa y Engativá. Los momentos de mayor riesgo en los hogares se concentran en las madrugadas de domingos y lunes.

A estos delitos se suma el crecimiento del microtráfico: en el último año se reportaron 57.983 casos relacionados con consumo y venta de sustancias psicoactivas. Las localidades de Chapinero, Kennedy, Suba, Bosa y Engativá concentran la mayor incidencia, evidenciando el fortalecimiento de redes de distribución y puntos de expendio.

Acosta subrayó que si la administración distrital se limita a reaccionar ante el delito visible y no actúa sobre la cadena financiera y logística del crimen, cualquier reducción en las cifras será solo un espejismo. “Bogotá no enfrenta hechos aislados: enfrenta estructuras criminales consolidadas. O el Distrito actúa con autoridad y decisión, o el crimen seguirá ocupando los espacios donde el Estado se ausenta”, alertó el concejal.

Acosta cerró su intervención con un llamado urgente a una mayor judicialización, control efectivo del mercado ilegal de autopartes y una acción institucional coordinada para recuperar la confianza ciudadana.

Desde la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), se reiteró el llamado a la ciudadanía para no comprar autopartes ilegales, recordando que quienes incurran en el delito de receptación pueden recibir penas de hasta ocho años de cárcel.

Además del riesgo legal, se advierte sobre las consecuencias prácticas de esta práctica: los repuestos ilegales pueden fallar inesperadamente y poner en peligro la seguridad de los ocupantes del vehículo, anulan la garantía de fábrica y, por su baja calidad, generan mayores costos de mantenimiento y reparación a largo plazo.

Las autoridades insisten en la necesidad de romper la cadena criminal desde el consumo, fortalecer la supervisión a talleres y comercios, y profundizar la acción judicial para frenar el crecimiento y sofisticación de este negocio ilícito en la capital.