El Banco de Bogotá alertó sobre un aumento en la proyección de inflación 2026 en Colombia, que pasó de 3,6% a 6,3%, al incorporar el ajuste del salario mínimo de 23,7%. La advertencia siguió con el debate entre el presidente Gustavo Petro y el Banco de la República sobre los posibles riesgos de la Reforma Laboral en Colombia, que fue aprobada en 2025 y benefició el empleo formal en el país.
Según el equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, el principal motor del repunte inflacionario es el fuerte incremento del salario mínimo aprobado para el periodo. Por medio de X, señaló que la situación podría haber sido más grave sin la apreciación del peso colombiano y la reducción en el precio de la gasolina. Dichas variables ayudan a contrarrestar de manera parcial el impacto que el alza salarial produce sobre los costos empresariales y el Índice de Precios al Consumidor.
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Dicho informe también destaca que la Reforma Laboral vigente desde el 25 de junio de 2025, sumada al aumento del salario mínimo, ejerce presión extra sobre los precios y el mercado laboral. El reajuste salarial, superior al 23%, no tiene antecedentes recientes y obliga a los empleadores a replantear su estructura de costos. Además, la magnitud del cambio coincide con una desaceleración económica y modificaciones simultáneas en los sistemas de salud y pensiones. Esto incrementa la incertidumbre entre los actores productivos.
Y es que, en medio de los debates en el Congreso de la República, el Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla) del Banco de la República presentó un informe sobre el futuro impacto de la Reforma Laboral. Según el reporte, en un escenario de impacto medio, los costos laborales asociados podrían reducir hasta 450.000 empleos formales en los próximos tres a cuatro años. El presidente Gustavo Petro rechazó de manera abierta estas conclusiones y recordó que, hasta ahora, el empleo formal no solo se ha sostenido sino que ha crecido desde que la reforma entró en vigor.
El reto de Gustavo Petro al Banco de la República
Petro, el 4 de febrero, expresó en X: “Pregunto al Banrep: ¿se ha excusado del desacierto teórico?; dado que se aplica la ley de la reforma laboral, pero el empleo no disminuyó sino que aumentó (sic)”. Además, argumentó que si la demanda de trabajo se dirige al consumo básico y hay suficiente oferta, “no habrá ningún punto de crecimiento en la inflación (sic)”.
Ante la polémica, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, en su momento respaldó la validez técnica del informe. Defendió la advertencia sobre la posible reducción de empleos formales y recalcó que los riesgos para las empresas son muy concretos, sobre todo, para aquellas con alta dependencia del trabajo nocturno o jornadas extensas. Villar resaltó que, aunque la reforma genera beneficios laborales importantes, es fundamental examinar a fondo su costo fiscal y empresarial.
Lo que estima el informe presentado por el Banco de la República
El informe técnico del Banco de la República estima que el recorte podría alcanzar los 454.000 empleos formales en un plazo de tres a cuatro años, en el escenario central. El rango de afectación oscila entre 152.000 y 746.000 empleos, según la respuesta del empleo formal al incremento de los costos. La cifra representaría una caída de 2,1 puntos porcentuales (pp) en la tasa de formalidad nacional.
El análisis resalta que el costo laboral promedio aumentaría entre 3,2% y 10,7%. El incremento en las indemnizaciones por despido sería de 92%, lo que elevaría el costo total de despido del 1,2% al 1,9% del coste laboral total. Según el Gamla, encarecer el mercado formal podría incidir en una menor rotación de trabajadores y prolongar los efectos adversos sobre el empleo.
Uno de los cambios más destacables es la reducción de la jornada semanal a 42 horas, que impactará de manera directa a cerca de 6,6 millones de asalariados, principalmente con horarios diurnos. El informe estima que el ajuste, si se consideraba el recargo del 25% para horas extra diurnas, implicaría un costo adicional anual de $1,3 billones, equivalentes al 0,7% de la masa salarial del país.
Respecto a los contratos de prestación de servicios, el informe estima que unas 661.000 personas se verán afectadas por un sobrecosto del 2,3% de la masa salarial, lo que se traduce en $4,6 billones anuales. El cambio afecta a profesionales independientes y empresas que externalizan parte de su fuerza laboral.
Temores no se ajustan a las cifras actuales
Así las cosas, el presidente Gustavo Petro insiste en que los temores sobre el mercado de trabajo no se ajustan a las cifras actuales. Argumenta que el empleo formal creció luego de la reforma y pidió al Banco de la República revisar la hipótesis. Petro sostiene que debe analizarse la capacidad del mercado laboral colombiano para absorber el incremento salarial, en lugar de anticipar consecuencias negativas de manera automática.
En contraste, Leonardo Villar advirtió que, ante un aumento de los costos laborales, las ventajas de los nuevos derechos pueden diluirse si las empresas limitan contrataciones o restringen sus operaciones. El gerente remarcó que sectores intensivos en mano de obra, en especial, en horarios nocturnos o con turnos prolongados, enfrentan retos significativos para conservar el empleo formal en el mediano plazo.
Reglas de oferta y demanda
Las reacciones a la nueva publicación de Petro no tardaron. El emprendedor David Simpson aseguró que un aumento del 23% en el costo del trabajo no altera las reglas de la oferta y la demanda. Sostuvo que “cuando se encarece algo, se consume menos. Pretender lo contrario con base en una foto de cuatro semanas en un mercado laboral rígido y de ajuste lento no es economía: es pensamiento mágico”.
Según él, los empleadores ya responden con menos contrataciones, menos horas, precios más altos y recortes de personal. Añadió que “los salarios no pueden aumentarse por decreto, desconectados de la productividad, esperando mejores resultados”.
Afirmó que aumentar salarios sin mejoras en productividad “redistribuye pérdidas” y advierte: “Lo que hoy no parece inflacionario se convierte mañana en desempleo—en el margen, pero de forma inevitable”.
Por su parte, el concejal de Bogotá Humberto Amín, del Centro Democrático, también criticó la combinación de Reforma Laboral, aumento del salario mínimo y presión sobre los empresarios, por lo que aseguró que esto conduce al desempleo. “Reformas + aumento salario mínimo + persecución al empresario da como resultado: desempleo”, sentenció Amín.
Las proyecciones técnicas del Banco de la República resaltan el incremento global de costos para las empresas. El reporte indica que tanto el aumento del salario mínimo como la reducción de horarios y el mayor valor de las indemnizaciones dificultan la generación de nuevos empleos formales y pueden impulsar la informalidad. Además, la reforma establece el predominio del contrato a término indefinido como principal modalidad, limitando los contratos fijos a circunstancias específicas y prohibiendo su uso indefinido más allá de cuatro años.
Cuáles son los cambios de la Reforma Laboral
Entre los principales cambios introducidos por la reforma laboral de 2025 en Colombia figura la obligación de que los empleadores actualicen el reglamento interno antes de junio de 2026 y garanticen su disponibilidad en espacios físicos y virtuales. Se redefine:
- Horario nocturno: ahora inicia a las 7:00 p. m., con recargo del 35% sobre el salario base.
- Jornada diaria: se restablece en un máximo de ocho horas, con excepciones reguladas.
- Recargos por trabajo en días de descanso obligatorio o festivos: llegarán gradualmente al 100% del salario para 2027.
- Plataformas digitales y trabajo doméstico: la ley requiere contratos escritos obligatorios y establece responsabilidades claras en materia de seguridad social. Se impulsan programas de primer y último empleo, incentivando la contratación de jóvenes y mayores de 50 años. Además, se promueve la igualdad para trabajadores migrantes y el acceso a derechos laborales y protección social.
- Teletrabajo transnacional: garantiza cobertura de riesgos laborales en el país donde se realice la función, y refuerza la libertad sindical y la paridad de género en los sindicatos.
La reforma también permite mayor flexibilidad para empleados con responsabilidades de cuidado, por lo que facilita acuerdos de horarios y teletrabajo. También exige la contratación de personas con discapacidad y otorga nuevas licencias, como permisos para citas médicas, obligaciones escolares y un día libre por uso frecuente de bicicleta.
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