El Ministerio de Hacienda de Colombia trabaja para corregir distorsiones en el sistema de pagos al presentar un borrador de decreto que eliminaría la retención del 1,5% sobre los pagos realizados con tarjetas débito y crédito en el territorio nacional.
Esta propuesta se perfila como un elemento clave para potenciar la inclusión financiera y la formalización de la economía, al incentivar el uso de herramientas electrónicas en el país, teniendo en cuenta que en la mayoría de las regiones aún predomina el uso de efectivo.
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La iniciativa busca nivelar las condiciones entre los diversos instrumentos de pago, desde billetes y monedas hasta billeteras digitales, de acuerdo con la explicación de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) y Colombia Fintech, que ya habían expresado su preocupación por los recargos que genera el uso de las tarjetas en el país.
Según análisis de las entidades, si bien la eliminación de la retención podría generar inicialmente una reducción transitoria del recaudo nacional, el efecto a mediano y largo plazo sería favorable, por lo que se está impulsando la aprobación del decreto para que entre en cumplimiento en los próximos meses: “Hacia 2035 la exención generaría un balance fiscal acumulado positivo de $651.904,1 millones de pesos, expresados en precios constantes de 2025”, de acuerdo con estimaciones presentadas en el mismo informe de Anif.
Y es que en el corto plazo, sobre el impacto fiscal negativo, la Anif calcula que perderían $7.725,8 millones de pesos en 2026, cifra que responde principalmente a la situación de los pequeños negocios que actualmente no declaran renta. El mecanismo de retención opera como un anticipo, afectando sobre todo los flujos de caja de estas unidades productivas, con mínima incidencia sobre el recaudo total.
El proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda descarta, al menos por ahora, extender la retención a billeteras digitales y otros instrumentos. Según la Anif, el Gobierno llegó a considerar esta posibilidad en octubre de 2025, pero finalmente prevaleció la preocupación por salvaguardar el desarrollo del sistema de pagos de bajo valor impulsado por el Banco de la República y su plataforma Bre-B.
De aprobarse, la medida eliminaría la retención en la fuente relacionada con el impuesto sobre la renta para los pagos realizados con tarjetas débito y crédito, cuyo porcentaje actual frena la adopción de pagos electrónicos y la formalización empresarial. Así, se avanzaría hacia una tarifa efectiva de cero por ciento y se promovería una mayor trazabilidad de las transacciones en el país.
El documento de la Anif destacó que esta “medida avanza hacia la nivelación del terreno de juego entre instrumentos de pago”, lo que favorece la formalización de las empresas y la eficiencia del sistema.
En la visión de este centro de estudios, la nueva política contribuirá a que un mayor número de unidades productivas ingrese al sistema tributario, impulsando la modernización y la competitividad del esquema nacional de pagos.
Cabe mencionar que el proceso se encuentra en su versión preliminar y, en dado caso de expedirse el decreto, empezaría a regir a partir del 1 de marzo de 2026, luego de los ajustes que se realizarán tras el análisis del Ministerio de Hacienda, que se encargará de verificar los comentarios recibidos a través de su plataforma hasta el 10 de febrero 2026 a las 12:00 p. m.
Entre tanto, los colombianos están a la espera de la publicación oficial de esta nueva norma que beneficiaría a todos aquellos que realizan sus transacciones mediante los pagos con tarjetas de crédito o tarjetas débito en los diferentes establecimientos comerciales de bienes o servicios.
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