
El reciente incremento del salario mínimo en Colombia para 2026 representa no solo un ajuste fiscal, sino también una presión directa sobre los márgenes operativos de miles de pequeñas y medianas empresas (pymes), especialmente en sectores ya afectados por la alta informalidad y márgenes de caja limitados. Según ANIF, sectores como la construcción, la agricultura, las artes, los servicios y el comercio al por menor —donde los costos laborales ya se habían elevado tras la reducción de la jornada laboral en 2023— figuran entre los más vulnerables ante la nueva alza. El desafío actual consiste en absorber el incremento de costos laborales —que asciende a 23 % para 2026— sin trasladarlo completamente al precio final para el consumidor ni poner en riesgo la viabilidad del negocio.
Analistas consultados advierten que la principal amenaza radica en la posible pérdida de liquidez, un riesgo que podría empujar a las empresas a tomar medidas drásticas y desordenadas, como despidos masivos.
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Juan Fernando Bermúdez, CEO de la firma BM Mentors y experto en estrategia y transformación organizacional, sostiene:
“El riesgo real es la pérdida de liquidez, lo que lleva a decisiones costosas. No obstante, el mayor error en 2026 será quedarse quietos esperando que el panorama se aclare solo”, declaró Bermúdez a la Revista Semana.
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Para Bermúdez, la diferencia fundamental entre grandes empresas y pymes reside en la resiliencia financiera. Mientras las compañías con economías de escala pueden amortiguar los aumentos laborales, las pymes suelen ver comprometida su liquidez de manera inmediata.
Para enfrentar el aumento del salario mínimo, Bermúdez propone cuatro estrategias claves orientadas a proteger tanto la caja de las empresas como la estabilidad del empleo.
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La primera consiste en distribuir el impacto económico de manera tripartita: parte debe ser absorbida por el margen empresarial, otra por un leve ajuste en el precio para el cliente —apoyado en el valor agregado— y el resto mediante mejoras operativas internas.
En segundo lugar, recomienda aprovechar la legislación colombiana que permite pagos como bonificaciones voluntarias o ligadas a resultados, que pueden representar hasta el 40 % de la remuneración total sin ser considerados salario para efectos prestacionales. Este mecanismo de compensación variable busca alinear los intereses del trabajador con el desempeño de la compañía, sin asfixiar la estructura financiera a largo plazo.
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Bermúdez también destaca la utilidad de la flexibilidad contractual legal. El uso de contratos por obra o labor permite a los empleadores acotar las responsabilidades prestacionales y ajustar la contratación en función de proyectos puntuales. Esta modalidad, argumenta el experto, ofrece un alivio en contextos de alta volatilidad, pues ayuda a pagar exactamente por el valor generado y dentro de periodos determinados, sin comprometer la sostenibilidad global de la empresa.
Inspirados en modelos empresariales de Canadá y Australia, muchos líderes empresariales colombianos están recurriendo a la capacitación cruzada de su personal. Este enfoque permite que los empleados roten entre diferentes funciones, minimizando la dependencia de roles excesivamente especializados que suelen generar estructuras salariales más pesadas.
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Por último, la digitalización y el uso de nuevas tecnologías aparecen como una vía de escape ante el encarecimiento laboral. Bermúdez explica: “Es vital identificar qué actividades agregan valor y cuáles son ruido operativo, para definir qué procesos pueden ser automatizados con tecnología e inteligencia artificial.
Al reducir el margen de error humano y optimizar el tiempo del personal actual, las empresas pueden aumentar su productividad por empleado, logrando que el costo laboral sea más eficiente en relación con los ingresos generados.
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La claridad no llega esperando; se construye. Porque para el líder que busca el siguiente nivel, es mejor actuar en vez de esperar a que los cambios del mercado definan el futuro de la empresa”, dijo Bermúdez a ese medio.
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