La representante a la Cámara por Bogotá Jennifer Pedraza Sandova radicó una solicitud ante la Procuraduría General de la Nación para que se abra una indagación preliminar disciplinaria contra la superintendente delegada para Prestadores del Servicio de Salud, Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, por presuntas actuaciones en asuntos en los que se encontraba impedida.
La denuncia fue presentada junto con Andrés Felipe Salcedo Pinzón, profesional de las ciencias de la salud y miembro del partido Dignidad y Compromiso.
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De acuerdo con el documento dirigido al procurador Gregorio Eljach Pacheco y fechado el 4 de febrero de 2026, la solicitud se fundamenta en hechos que, según los denunciantes, podrían constituir extralimitación de funciones, abuso indebido del cargo, vulneración de principios de moralidad administrativa e infracción al régimen de impedimentos y conflicto de intereses establecido en la Ley 1952 de 2019.
Solicitud de indagación disciplinaria
En la comunicación oficial se expone que “la señora Beatriz Eugenia Gómez Consuegra se posesionó como Superintendente Delegada para Prestadores de Servicios de Salud el 6 de septiembre de 2022, cargo que ostenta en la actualidad. Como hecho notorio, mantiene vínculo conyugal con el Ministro de Salud y Protección Social, Guillermo ALfonso Jaramillo Martínez”.
El documento también señala que, el 28 de abril de 2023, la funcionaria presentó un impedimento general respecto de los asuntos relacionados con las funciones del Ministerio de Salud y Protección Social, consignado de su puño y letra dentro de su declaración de conflicto de intereses.
Con base en estos elementos, los denunciantes solicitaron a la Procuraduría que disponga la apertura de una indagación preliminar discpplinaria para determinar “la posible responsabilidad de la mencionada funcionaria por incumplimiento de deberes funcionales y violación de prohibiciones disciplinarias”, incluyendo conductas como intimidación, coacción, trato irrespetuoso, extralimitación de funciones y obstrucción del cumplimiento de deberes de otros servidores públicos.
La solicitud también contempla la vinculación de otros funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud que hubieran tenido conocimiento o intervención en los hechos, así como la eventual apertura de procesos de responsabilidad disciplinaria si se encuentra mérito suficiente.
Señalamientos públicos de la congresista
Tras la radicación, Pedraza difundió el contenido de la denuncia en su cuenta de X, donde explicó que ya había presentado una denuncia previa el año anterior y que la nueva acción responde a la aparición de hechos adicionales. Según escribió, “siguen apareciendo hechos que demuestran cómo están utilizando a la Superintendencia de Salud para tramitar intereses del ministerio, en un claro escenario de conflictos de interés y presiones”.
La congresista reiteró que el vínculo conyugal entre la funcionaria y el ministro constituye un hecho notorio y recordó la existencia del impedimento firmado por la propia Gómez Consuegra. En ese sentido, sostuvo que, pese a dicha declaración, “ha tenido injerencia directa en hospitales y EPS”.
Entre los episodios señalados por Pedraza se encuentra la intervención del Hospital Nazareth en Uribia, La Guajira. De acuerdo con la congresista, la funcionaria participó activamente en la resolución de intervención forzosa del hospital y dio concepto favorable para nombrar a la agente interventora.
También mencionó actuaciones en Cartagena y Buenaventura, donde afirmó que Gómez Consuegra posesionó personalmente al interventor del Hospital Local de Cartagena de Indias y al del Hospital Luis Ablanque de la Plata en Buenaventura, calificando estos hechos como actos administrativos de alto nivel en los que debía apartarse. Otro caso citado corresponde al Hospital María Inmaculada de Florencia, en Caquetá, donde, según la representante, existen registros de gestión con firma y cargo de la funcionaria en procesos de intervención.
Pedraza agregó que la superintendente delegada habría intervenido en discusiones relacionadas con la intervención de EPS y en la aprobación de la terna para el interventor de Sanitas, asuntos que —según indicó— estaban cubiertos por el impedimento previamente declarado.
En su pronunciamiento, la congresista sostuvo que la normativa disciplinaria establece que los servidores públicos no pueden intervenir en asuntos con interés directo o indirecto y afirmó: “El manejo de la salud en las regiones y la Amazonía no puede quedar bajo la sombra de la duda por nexos familiares en la cúpula del poder. No nos van a callar. Seguiremos vigilando cada peso y cada decisión del sector salud. ¡La transparencia no es negociable!”.
Ahora, compete a la Procuraduría General de la Nación evaluar la solicitud presentada y determinar si procede la apertura de la indagación preliminar disciplinaria solicitada por los denunciantes, conforme a las disposiciones del Código General Disciplinario.
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