Gremios y consejos andinos están preocupados por los aranceles de Ecuador: aseguran que hay líneas de defensa que Colombia podría usar

Con el inicio de febrero el intercambio comercial entre Colombia y Ecuador entró en un terreno incierto. La entrada en vigor de nuevos aranceles entre ambos países reactivó una discusión que va más allá de los números, puso en cuestión el alcance real de la Comunidad Andina (CAN) y la solidez de las reglas que, durante décadas, sostuvieron el comercio intrarregional.

Las medidas, que comenzaron a aplicarse el 1 de febrero, generaron reacciones inmediatas entre empresarios, gremios y analistas. Tanto la CAN como el Consejo Consultivo Empresarial Andino manifestaron su preocupación por los efectos que pueden tener decisiones unilaterales en economías profundamente interconectadas. Para el sector privado, el riesgo no es solo la caída de exportaciones, sino la ruptura de equilibrios construidos en torno al comercio formal, el empleo y la estabilidad regional.

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En un pronunciamiento, el Consejo Consultivo Empresarial Andino insistió en que el comercio lícito intrarregional es un pilar del crecimiento económico y la cohesión social. Desde su perspectiva, las políticas orientadas a atender problemas de seguridad y orden público requieren coordinación entre países, de modo que no terminen afectando los flujos comerciales que sostienen a miles de empresas, en especial pequeñas y medianas.

El debate, sin embargo, tiene una dimensión jurídica de fondo. Martín Ibarra, presidente de la consultora Araujo Ibarra, explicó que la imposición de aranceles adicionales entre países miembros choca directamente con el Programa de Liberación de la Comunidad Andina, diseñado para garantizar un comercio libre de gravámenes. “Aunque Ecuador invoque razones de seguridad nacional, estas excepciones no son automáticas ni discrecionales: exigen demostrar necesidad y proporcionalidad, lo que abre un espacio claro para controversias en la Comunidad Andina y eventualmente en la Organización Mundial de Comercio (OMC)”, señaló en Portafolio.

Desde esa óptica, Colombia cuenta con mecanismos de defensa dentro del marco comunitario, aunque estos no producen resultados inmediatos. Para Ibarra, la clave está en combinar el camino jurídico con la negociación política, una estrategia que permita evitar daños prolongados en sectores sensibles de la economía.

Una lectura similar hizo Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), que señaló la importancia de que la Comunidad Andina actúe como mediadora. “Las medidas arancelarias van totalmente contra el principio de libre comercio entre sus miembros”, afirmó en el medio antes mencionado, al advertir que una escalada prolongada terminaría afectando a ambos países.

Desde el inicio de la controversia, los empresarios también alertaron sobre un efecto colateral, la posible expansión del comercio ilícito. La afectación del comercio formal, señalaron, puede abrir espacio a economías ilegales y redes criminales, un escenario que resulta paradójico si se tiene en cuenta que uno de los argumentos para imponer los aranceles fue, precisamente, la seguridad.

Para Oliva Díazgranados, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana, el choque arancelario tomó por sorpresa tanto al sector privado como a las instituciones públicas. “Esta es una medida que desafortunadamente nos tomó a todos por sorpresa. Como empresarios y gremios, se hizo un intenso lobby en Panamá en el foro auspiciado por la CAF, donde estaban los presidentes de la República de ambos países, sus ministros, sus gabinetes y organismos multilaterales”, relató.

Ese esfuerzo, sin embargo, no se tradujo en un desescalamiento del conflicto. Según Díazgranados, los mandatarios no sostuvieron un diálogo directo y las medidas comenzaron a regir en la fecha prevista. “Estuvimos presentes como gremio y como empresarios para darles a entender a nuestros presidentes que estas medidas son absolutamente gravosas para la economía de ambos países”, afirmó.

En el plano de los mercados, el impacto empieza a sentirse en la reconfiguración de las cadenas de valor. David Fernando Varela, profesor de la Universidad Javeriana y doctor en Relaciones Internacionales, recordó que antes de los aranceles Colombia exportaba cerca de USD1.700 millones, mientras Ecuador rondaba los USD900 millones, una asimetría que no se corrige con decisiones de corto plazo. A su juicio, el efecto inmediato no es el equilibrio comercial, sino la búsqueda de nuevos proveedores y destinos.

“El daño se materializa en semanas o meses, cuando las empresas buscan evitar los sobrecostos del arancel y recurren a nuevos proveedores”, explicó Varela, al señalar que los importadores ecuatorianos podrían sustituir productos colombianos por bienes de otros orígenes, mientras los exportadores nacionales redireccionan su oferta hacia otros mercados de la región. El trasfondo, coinciden los expertos, es estructural. La competitividad y la capacidad productiva pesan más que las barreras arancelarias. “Esto solo lo resuelve la estructura productiva y la competitividad de un país”, sostuvo Varela, al cuestionar la efectividad de estas medidas para modificar la balanza comercial en el mediano plazo.