La advertencia de una crisis fiscal inminente en Colombia y su impacto como desafío de primer orden para la próxima administración gubernamental, estuvo en el centro del análisis presentado por Peter Siegenthaler, gerente del Banco Mundial en Colombia, durante el Gran Foro Colombia 2026.
De acuerdo con Siegenthaler, la situación de los recursos públicos y el funcionamiento del sistema tributario representan un “problema urgente”, donde el ajuste fiscal exigirá medidas drásticas y reformas profundas para garantizar la sostenibilidad del Estado de lo contrario sería “una bomba de tiempo”.
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En las conclusiones del foro, recogidas por la revista Semana, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Lumen Economic Intelligence, sumó un matiz alentador: la economía nacional aún dispone de oportunidad para capitalizar su posición geográfica estratégica, siempre que logre avanzar en las reformas esenciales y garantizar la seguridad física y jurídica que demandan los inversionistas.
El propio Siegenthaler insistió en el reto de modernizar el Sistema General de Participaciones (SGP), reforma que ya tramita el Congreso de la República y que, si se ejecuta de manera adecuada, podría permitir una redistribución más equitativa de los recursos nacionales hacia los territorios, aumentando su autonomía y fomentando el desarrollo regional. No obstante, advirtió que una implementación deficiente implica riesgos considerables para la cohesión fiscal y social.
El contexto tributario, según describió Banco Mundial en la voz de Siegenthaler, se caracteriza por un retroceso continuado de los ingresos estatales durante tres años consecutivos.
El directivo consideró que el sistema vigente es “complicado, ineficiente e injusto”, dadas las dificultades para recaudar recursos de manera proporcional y por los obstáculos que impone tanto para la administración como para la atracción de inversión.
En palabras del directivo, “no todos aportan según sus capacidades”, reflejando la percepción de un reparto desigual de la carga impositiva.
Frente a la contracción de ingresos tributarios, el directivo señaló que el gasto público requiere una revisión similar a la de los tributos y propuso un enfoque de “gana-gana”, donde la transformación del SGP sirva tanto para eficientar el gasto como para incentivar el desarrollo local.
Siegenthaler subrayó también la necesidad de abordar simultáneamente tres frentes: el ajuste fiscal, la estancada productividad y la persistente desigualdad, problemas interrelacionados que, si no se enfrentan a tiempo, amenazan con agravar la situación.
Uno de los datos más resaltantes del foro es la magnitud del ajuste fiscal que se requiere, equivalente al 4% del PIB. Tanto Siegenthaler como Mejía coincidieron en que ese esfuerzo demanda un control estricto del gasto estatal y reformas estructurales para recuperar la solidez económica.
La productividad, estancada durante cuatro décadas según el gerente, representa una de las señales de alerta más graves para el Banco Mundial. Ese rezago arrastra consecuencias directas en infraestructura, empleo y dinamismo empresarial, y limita la creación de empleos dignos, por lo que el enfoque no debe limitarse solo a la inversión extranjera sino a la generación de oportunidades de calidad para los colombianos.
El tercer eje señalado por Banco Mundial es la desigualdad, tanto en el acceso al crédito como en la distribución del crecimiento económico. Siegenthaler ilustró que el problema no radica únicamente en la falta de oportunidades, sino en la mala distribución de los beneficios cuando éstas se materializan.
Además, la desigualdad territorial adquiere relevancia fundamental, evidenciada en ciudades que llevan años sin progresar en conectividad e infraestructura.
El foro, concluyó que la viabilidad de Colombia como un potencial líder global depende de la capacidad del país para dejar atrás la retórica y avanzar en reformas estructurales, promoción de la competitividad y creación de entornos seguros para la inversión.
Del mismo modo, un ajuste fiscal de 4% del PIB sería necesario para que Colombia recupere el cumplimiento de la Regla Fiscal, según detalló Peter Siegenthaler, gerente país del Banco Mundial. Esta proporción representa un recorte de aproximadamente 80 billones de pesos, considerando que cada punto del PIB ronda los 19,5 billones de pesos.
En el mismo foro, Siegenthaler advirtió que la consolidación fiscal no se lograría antes de 2028. El directivo señaló que el desafío es considerable, pero, en sus palabras, “no imposible”. El déficit fiscal y la deuda pública elevados fueron remarcados como obstáculos relevantes que limitan el espacio para impulsar el desarrollo y desalientan la inversión.
Durante la intervención, se expuso que las recientes gestiones con la deuda pública emprendidas por el Ministerio de Hacienda evitaron que el déficit llegara al 8% del PIB, cifra calificada como excepcionalmente alta por los participantes, en contraste con la tendencia de otras economías que han comenzado ya a reducir este indicador tras la pandemia.
La cifra propuesta por el Banco Mundial supera notablemente las estimaciones previas del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que había calculado un ajuste requerido de al menos 40 billones de pesos para estabilizar las cuentas del país.
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