A menos de un mes de las elecciones legislativas en Colombia, las delegaciones del Gobierno nacional y Comuneros del Sur, grupo armado surgido tras su escisión del ELN en 2024, formalizaron un compromiso que garantiza la libre participación política y la seguridad de los electores en diez municipios priorizados de Nariño.
En el documento firmado al cierre de la octava sesión de la Mesa para la Co-construcción de Paz Territorial, incluye la decisión del grupo insurgente de no interferir en el proselitismo político ni promover candidaturas, garantizando así que, durante los comicios, se respete el ejercicio de los derechos políticos en estos municipios.
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“A través de este Acuerdo, las delegaciones reafirmaron su voluntad de generar un clima de paz, seguridad, confianza y participación democrática que garantice el ejercicio libre y autónomo de los derechos políticos de la ciudadanía en los diez municipios priorizados”, se lee en la misiva.
En esta misma línea, el Gobierno colombiano se obligó a reforzar la seguridad, promover la participación electoral y prevenir la estigmatización de comunidades y liderazgos sociales.
“El Gobierno Nacional asumió el compromiso de contribuir a la generación de condiciones de seguridad, promover la participación electoral, apoyar iniciativas de cedulación en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil y adoptar medidas preventivas frente a la estigmatización de comunidades, liderazgos sociales y actores políticos”, manifestaron.
Otro avance sustancial fue la aprobación de los protocolos para el funcionamiento y desplazamiento hacia la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio de Mallama. La instalación de este espacio, donde se concentrarán miembros de Comuneros del Sur para transitar hacia la vida civil, fue posible tras culminar la consulta previa con el Resguardo Indígena Gran Mallama, en la que participaron más de mil personas.
“Este proceso reafirma que la paz se construye con legitimidad territorial, concertación intercultural y respeto por la palabra”, indicaron.
La firma y puesta en marcha de estos acuerdos y protocolos representa un punto de inflexión en el avance hacia la paz territorial en un área históricamente afectada por el conflicto armado y las economías ilícitas, y establece un precedente en la garantía del respeto al proceso democrático en regiones marginadas del suroccidente colombiano.
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