A menos de un mes de las elecciones legislativas en Colombia, las delegaciones del Gobierno nacional y Comuneros del Sur, grupo armado surgido tras su escisión del ELN en 2024, formalizaron un compromiso que garantiza la libre participación política y la seguridad de los electores en diez municipios priorizados de Nariño.
En el documento firmado al cierre de la octava sesión de la Mesa para la Co-construcción de Paz Territorial, incluye la decisión del grupo insurgente de no interferir en el proselitismo político ni promover candidaturas, garantizando así que, durante los comicios, se respete el ejercicio de los derechos políticos en estos municipios.
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“A través de este Acuerdo, las delegaciones reafirmaron su voluntad de generar un clima de paz, seguridad, confianza y participación democrática que garantice el ejercicio libre y autónomo de los derechos políticos de la ciudadanía en los diez municipios priorizados”, se lee en la misiva.
En esta misma línea, el Gobierno colombiano se obligó a reforzar la seguridad, promover la participación electoral y prevenir la estigmatización de comunidades y liderazgos sociales.
“El Gobierno Nacional asumió el compromiso de contribuir a la generación de condiciones de seguridad, promover la participación electoral, apoyar iniciativas de cedulación en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil y adoptar medidas preventivas frente a la estigmatización de comunidades, liderazgos sociales y actores políticos”, manifestaron.
Protocolo para la ubicación de combatientes
Otro avance sustancial fue la aprobación de los protocolos para el funcionamiento y desplazamiento hacia la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio de Mallama. La instalación de este espacio, donde se concentrarán miembros de Comuneros del Sur para transitar hacia la vida civil, fue posible tras culminar la consulta previa con el Resguardo Indígena Gran Mallama, en la que participaron más de mil personas.
Según detalla el comunicado, los instrumentos firmados regulan tanto el funcionamiento de esta zona como el desplazamiento de los integrantes del grupo armado hacia ella.
“Este proceso reafirma que la paz se construye con legitimidad territorial, concertación intercultural y respeto por la palabra”, indicaron.
En materia de transformación territorial, las partes acordaron que la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Dsci) fijó el objetivo de sustituir más de 900 hectáreas en los municipios de Samaniego, Ricaurte y Santa Cruz durante el primer semestre de 2026, y de iniciar acciones similares en Cumbal, cerca de la frontera con Ecuador, como parte de una estrategia que incentiva economías legales y sostenibles.
“La DSC se comprometió con iniciar acciones de sustitución voluntaria en Cumbal, en la zona de frontera con Ecuador, como parte de una apuesta integral por alternativas económicas legales y sostenibles que fortalezcan el bienestar de las comunidades”, recalcaron.
Otros compromisos del Gobierno Petro
De otro lado, el Ministerio de Minas y Energía presentó la hoja de ruta para implantar tres Distritos Mineros en Nariño, cuyo objetivo es formalizar y ordenar la actividad minera, así como fortalecer la generación de riqueza local desde una perspectiva participativa.
“La hoja de ruta acordada con la Gobernación de Nariño contempla desde un enfoque participativo, el ordenamiento de la actividad minera, la formalización y acciones para la generación de riqueza para el territorio”, agregaron.
En paralelo, el Gobierno delineó los principios de un modelo de justicia restaurativa relacional, orientado a acuerdos de corto plazo que contribuyan a la reparación de las víctimas y la reconstrucción del tejido social.
“Con estos avances, la Mesa para la Co-construcción de Paz Territorial en Nariño reafirma su compromiso con una paz construida desde los territorios, con participación activa de las comunidades, garantías democráticas y transformaciones estructurales que dignifiquen la vida”, puntualizaron.
La firma y puesta en marcha de estos acuerdos y protocolos representa un punto de inflexión en el avance hacia la paz territorial en un área históricamente afectada por el conflicto armado y las economías ilícitas, y establece un precedente en la garantía del respeto al proceso democrático en regiones marginadas del suroccidente colombiano.
Este proceso cuenta con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia, la Embajada del Reino de los Países Bajos y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp-OEA), así como con la participación activa de entidades estatales y autoridades regionales.
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