La Gobernadora del Valle advierte impacto social por impuesto al licor: “Los megaricos no toman aguardiente”

La suspensión provisional del decreto de emergencia económica por parte de la Corte Constitucional abrió un nuevo frente de discusión entre el Gobierno nacional y los mandatarios regionales.

En ese escenario, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, solicitó al alto tribunal que permita la intervención directa de los gobernadores antes de adoptar una decisión definitiva sobre la norma, actualmente suspendida, según reportó Blu Radio.

La mandataria departamental explicó que la decisión de la Corte mantiene vigentes, por ahora, las rentas departamentales derivadas de la venta de licores y cigarrillos, recursos que, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, tienen destinación específica para sectores como Salud, Educación y Deporte.

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Desde su perspectiva, la continuidad de estos ingresos resulta determinante para la financiación de programas sociales en el departamento.

“Ya solicitamos a la Corte que nos diera la oportunidad de intervenir a los gobernadores para explicar esto. Creemos que constitucionalmente estamos protegidos porque es una renta de constitucionalidad. No es una ley, fue la misma Constitución la que estableció que esas rentas fueran cedidas a los departamentos para Salud, Educación y Deportes”, afirmó Toro, en declaraciones recogidas por Blu Radio.

El pronunciamiento de la gobernadora se produjo luego de que el presidente Gustavo Petro señalara, a través de su cuenta de X, que la suspensión del decreto buscaba evitar que los “mega ricos” del país asumieran el pago de impuestos asociados al consumo de licores y cigarrillos. Frente a ese planteamiento, Toro expresó una postura distinta sobre el impacto real del tributo en los territorios.

“Los mega ricos no viven aquí, ellos viven en otros países y además no toman aguardiente. El aguardiente que se toma aquí, se lo toma la gente pobre, la gente que realmente aporta para que nosotros podamos sostener la salud”, sostuvo la mandataria departamental, al referirse al consumo local de estas bebidas y a la estructura de recaudo asociada.

La suspensión de la emergencia económica también implica la caída de varios impuestos y contribuciones creados o modificados durante su vigencia. De acuerdo con información publicada por La República Más, entre las medidas que dejan de tener efecto se encuentra el IVA del 19% sobre licores y tabaco, así como una contribución del 2,5% sobre las utilidades antes de impuestos de las empresas generadoras de energía.

Según ese medio, la decisión del alto tribunal se produjo después de que un grupo de gobernadores manifestara su negativa a aplicar el IVA del 19% a los licores, al considerar que afectaba las finanzas regionales. Con la suspensión, también quedan sin efecto el pago en especie del 12% sobre la energía eléctrica hidráulica transada en bolsa y otros tributos asociados al sector energético.

Otra de las medidas que desaparece con la decisión provisional es el aumento progresivo del impuesto al patrimonio hasta llegar al 5%, iniciativa con la que el Gobierno buscaba retomar un componente de la reforma tributaria que no prosperó en el Congreso y que estaba dirigida a personas naturales y jurídicas con altos patrimonios.

También queda sin aplicación el incremento de 15 puntos porcentuales en la tarifa del impuesto de renta para las entidades financieras. Aunque el Ejecutivo argumentó que el sector tenía la capacidad de asumir la sobretasa, los bancos advirtieron que el mayor costo podría trasladarse a los usuarios a través del crédito.

En materia de comercio exterior, el decreto suspendido contemplaba la reducción del umbral de importaciones de bajo valor, conocido como ‘minimis’, de US$200 a US$50, con el objetivo de aumentar el recaudo fiscal. Sin embargo, la medida generó reparos por su impacto en pequeños importadores y consumidores que utilizan plataformas de comercio electrónico.

Para el sector de hidrocarburos, la suspensión implica la eliminación del impuesto del 1% sobre la extracción de petróleo y carbón, tributo frente al cual las empresas del sector alertaron sobre posibles efectos en la competitividad y la inversión.

El Ministerio de Hacienda había señalado que, con los decretos expedidos durante los 30 días de vigencia de la emergencia económica, se esperaba garantizar cerca de $12 billones, aunque el faltante para cubrir el Presupuesto de 2026 ascendía a $16 billones. La suspensión obliga ahora a replantear ese escenario fiscal.

Sobre el destino de los recursos ya recaudados, expertos citados por La República Más explicaron que la devolución de impuestos indirectos resulta compleja. El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry indicó que “sería muy difícil en la práctica” adelantar procesos de devolución, mientras que Luis Fernando Mejía, de Lumen Economic Intelligence, señaló que la suspensión provisional evita “impactos económicos irreversibles” mientras la Corte define el fondo del asunto.