La Fiscalía General de la Nación estaría cerca de decidir si llama a indagatoria y vincula formalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el expediente judicial por la masacre de El Aro, la masacre de La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
Esta potencial actuación judicial ocurre cuando faltan pocas semanas para las elecciones en Colombia, en un contexto marcado por la polarización política, según Semana.
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El caso ha transitado durante más de dos décadas por la Corte Suprema, la Comisión de Acusación de la Cámara y la propia Fiscalía, y ha tomado un nuevo impulso recientemente. De acuerdo con la información recogida por Semana, las autoridades avanzan en la investigación de los hechos ocurridos entre 1996 y 1998 en el departamento de Antioquia.
Las investigaciones se concentran en la masacre de El Aro en 1997, la masacre de La Granja en 1996 y el homicidio de Jesús María Valle en 1998.
En estos hechos, grupos armados ilegales cometieron graves violaciones a los derechos humanos. El rol de la Gobernación de Antioquia, que entonces dirigía Uribe, ha sido objeto de escrutinio judicial.
Ante la expectativa de una decisión, la defensa de Uribe, a cargo del abogado Jaime Granados, que no existen pruebas concretas para justificar una vinculación formal. Granados afirmó: “Durante más de 20 años, sectores políticos adversos y ciertos operadores judiciales han tejido una red de acusaciones basada en rumores, testimonios de oídas y manipulaciones políticas”.
Sobre la masacre de El Aro, la defensa sostiene que existen pruebas técnicas que descartan la participación de aeronaves oficiales de la Gobernación en la zona durante las fechas señaladas.
Granados explicó que “las bitácoras de vuelo, los peritajes de la Aerocivil y testimonios de los pilotos de la Gobernación han demostrado técnicamente que ninguna aeronave oficial estuvo en la zona en las fechas y horas señaladas”.
En relación con las declaraciones del exparamilitar Francisco Villalba Hernández, quien afirmó haber visto a Uribe en El Aro, la defensa argumenta que el entonces gobernador se encontraba en Medellín y Bogotá cumpliendo agenda pública, con registros oficiales y testigos que lo corroboran. “Su relato es física y temporalmente imposible, un producto de la fábrica de testigos falsos”, añadió Granados según Semana.
Respecto a la masacre de La Granja, Granados señaló que existen actas de consejos de seguridad donde consta que Uribe solicitó al Ejército y a la Policía reforzar la seguridad en la zona, aunque carecía de mando operativo sobre la fuerza pública. Sobre el asesinato de Jesús María Valle, el abogado sostuvo: “No existe ninguna prueba o vínculo directo del expresidente con este homicidio y los autores materiales fueron La Terraza y la casa de Carlos Castaño”.
Uno de los aspectos más controvertidos del expediente son los testimonios de exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, actualmente gestor de paz. Los señalamientos de Mancuso tomaron fuerza tras su retorno a Colombia, después de cumplir una condena de 18 años en Estados Unidos.
Esto ha reavivado el debate sobre la veracidad y el uso político de esos testimonios. Tanto las declaraciones de Villalba Hernández como las de Mancuso han sido objeto de cuestionamientos por su consistencia y el contexto en el que se emitieron.
El ambiente político del país amplifica el impacto de los avances judiciales. Uribe publicó recientemente un mensaje en redes sociales, advirtiendo que ciertos sectores intentan vincularlo penalmente con fines políticos durante la campaña electoral.
El expediente judicial ha pasado por varias instancias y ha generado un amplio historial jurídico y político. Las autoridades han evaluado pruebas y testimonios, bajo la influencia de los cambios políticos nacionales.
Frente a una inminente resolución, Álvaro Uribe sostiene que los señalamientos se intensifican en periodos electorales y denuncia la ausencia de pruebas decisivas tras treinta años de investigación.
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