Directora del DNP sostuvo que el gasto social no representa despilfarro: “Necesariamente, no es malo”

El debate sobre el aumento del gasto público se intensificó tras la suspensión del decreto de emergencia económica, decisión tomada por la Corte Constitucional e interpretada por el Gobierno de Gustavo Petro como un revés para la financiación de los programas sociales.

Por esta razón, la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalia Molina, defendió públicamente que el incremento presupuestario se concentra en sectores fundamentales como educación, salud y salarios, rechazando que represente un despilfarro.

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“El gasto público en salud, educación y salarios dignos para el pueblo y esas son las prioridades por las que llegamos al Gobierno y por las que el presidente Petro asciende en su popularidad. El gasto social necesariamente no es malo”, expresó la funcionaria.

Del mismo modo, Molina cuestionó la viabilidad de recortar el gasto en áreas sociales al preguntar: “¿A quién le vamos a recortar el presupuesto? ¿Al pueblo y la política social, que por fin están teniendo unos beneficios nunca antes vistos, o se los recortamos a los megarricos con patrimonios de más de 2.100 millones de pesos que es menos del 10% del país?”, según la entrevista en Blu Radio.

De acuerdo con la funcionaria, el déficit fiscal, estimado en 110 billones de pesos, solo puede resolverse mediante una “reforma impositiva progresiva, en la que los sectores más pobres paguen proporcionalmente menos impuestos y los megarricos contribuyan más”.

La funcionaria detalló que el 90% del gasto del Gobierno nacional es inflexible, ligado a sentencias judiciales y rentas de destinación específica, aspectos que incluyen la educación, la salud y las remuneraciones de trabajadores esenciales como soldados y médicos internos.

Reiteró que la mayor parte de los recursos se canaliza a estos compromisos legales y sociales, restando margen para la libre discrecionalidad sobre el presupuesto.

Uno de los puntos cuestionados fue el aumento de la nómina estatal. La directora admitió una recomposición del gasto, trasladando recursos tradicionalmente destinados a inversión hacia funcionamiento, con el propósito de sostener proyectos como la gratuidad de la educación superior para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 y el fortalecimiento de la red hospitalaria, incluyendo una partida de 167.000 millones de pesos para el Hospital San Juan de Dios. Además, Molina reiteró la importancia de salarios dignos como política de dignificación laboral.

Frente a las acusaciones de gasto sin control, la directora del DNP sostuvo que estos incrementos buscan impulsar la economía y generar productividad, equiparando la inversión social a la compra de un activo en el hogar: “Es como cuando una familia pide un crédito para comprar vivienda: incrementa su gasto, pero al final obtiene un activo que genera beneficio a largo plazo. El gasto público social funciona de manera similar”, explicó en la entrevista a Mañanas Blu 10:30.

La discusión incluyó la reciente decisión del Banco de la República de elevar las tasas de interés del 9,25% al 10,25%, movimiento que, en palabras de Molina, frenaría la reactivación económica y limitaría la inversión y la productividad.

También se refirió a la suspensión del decreto de emergencia económica, calificándola de “gravísima” por bloquear recursos esenciales pactados con el Congreso, recursos que, según la funcionaria, contribuirían a cubrir parte del déficit de 16 billones de pesos contemplados en la Ley de Financiamiento.

Durante la entrevista, la periodista Camila Zuluaga criticó la falta de respuestas claras de Molina sobre el endeudamiento estatal bajo la administración Petro. Zuluaga afirmó: “Es delicado que una funcionaria del gobierno Petro, con un cargo como el de la Dra. Natalia Molina, directora del DNP, no tenga claros los números”.

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, advirtió sobre el futuro impacto fiscal si el próximo gobierno decide suspender la recaudación de nuevos impuestos: “Cuando llegue el próximo gobierno, si se suspende la recaudación de los nuevos impuestos, que hasta ahora no ha sucedido, y espero no suceda hasta el próximo gobierno, crecerá mucho el costo de la deuda y el próximo gobierno tendrá que recaudar muchos más impuestos”

La funcionaria fundamentó la necesidad de la política fiscal expansiva en el respaldo popular a las medidas sociales: “El pueblo colombiano votó por un programa de Gobierno de educación gratuita, formalizar a las madres comunitarias, los incrementos salariales para la clase trabajadora, soldados, como hemos visto estos días, pues esto nos deja en una decisión de definir cómo se va a financiar”.

El déficit fiscal, estimado en $110 billones, responde según el DNP a factores estructurales acumulados. El Gobierno había propuesto reformas cercanas a $50 billones desde la campaña presidencial, pero la falta de aprobación en el Congreso mantiene vigente el reto presupuestal.

Molina puntualizó que el presupuesto proyectado para el siguiente año priorizará áreas como la educación, la salud y la red hospitalaria, refiriéndose específicamente al acuerdo alcanzado con la alcaldía de Bogotá para destinar 1,66 billones de pesos al proyecto del Hospital San Juan de Dios.

La suspensión del decreto de emergencia por parte de la Corte Suprema se sostiene en la exigencia de criterios estrictos de necesidad y proporcionalidad para las medidas excepcionales, en especial cuando involucran nuevas fuentes de recaudación tributaria.