
El testimonio de Andrés Felipe Pérez Hoyos reavivó la controversia por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, al revelar que una organización criminal internacional y con recursos “prácticamente ilimitados” ordenó el crimen. Mientras el confeso autor insiste en conocer la identidad de los responsables intelectuales, la familia del fiscal interpuso una demanda de más de $2.000.000.000 contra el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la cadena Hoteles Decameron, alegando graves deficiencias en la protección ofrecida al funcionario en la playa de Barú, cerca de Cartagena, Bolívar.
En una entrevista con Caracol Radio, Pérez Hoyos expuso que el asesinato habría sido orquestado por “una estructura criminal con presencia internacional”, cuya influencia va más allá de las fronteras de Colombia. Sostuvo que estos grupos cuentan con la capacidad de “hacer lo que quieren, asesinar o cualquier otra cosa”, pero evitó brindar nombres concretos o detalles sobre el funcionamiento de la red.
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Durante la conversación, Pérez Hoyos insistió en que su participación se debió a órdenes directas: “A mí me llega ese trabajo por orden de los jefes”. Explicó que su motivación principal fue “la codicia para escalar en la organización sin mirar las consecuencias”, y confesó que actuó por ambición personal. Negó conocer de manera directa a criminales reconocidos de Medellín, aunque recordó que los alias en ese entorno dificultan una verdadera identificación.

Según su relato, desde el inicio del proceso intentó colaborar con la justicia, pero sus aportes fueron rechazados deliberadamente. Acusó al fiscal Mario Andrés Burgos Patiño de negarse a recibir su información. “Me manifestó muchas veces que no le interesaba esa información”, recalcó al medio citado, y atribuyó este bloqueo a la imposibilidad de identificar a los autores intelectuales. Asimismo, aseguró que la organización ofreció una recompensa de tres millones de dólares para silenciar a quienes participaron en el crimen, buscando garantizar la impunidad.
El declarante reiteró su conocimiento sobre los líderes intelectuales del homicidio, pero subrayó que solo con un contexto judicial adecuado podría entregar toda la información. “Sí, yo sé quiénes son los autores intelectuales”, dijo, manifestando su deseo de colaborar con la nueva administración de la Fiscalía General de la Nación.

En reacción, el presidente de la República, Gustavo Petro, envió un mensaje a la Fiscalía que sigue investigando el caso. Desde su perspectiva, es fundamental que la versión del autor material del asesinato del fiscal paraguayo sea estudiada por el ente acusador, ya que se asemeja a las denuncias que hizo sobre presuntas irregularidades por parte de la administración de Francisco Barbosa.
“Esto que he afirmado y que debería estar en investigación, muestra la realidad que he denunciado. Se ocultó a los autores intelectuales de la muerte del fiscal Pecci en Cartagena, y por tanto se construyó impunidad ficticia en el caso, y hay una fuerte incidencia en la cúpula de ese periodo de la fiscalía sobre la junta del narcotráfico (sic)”, escribió en su cuenta de X.
Petro recordó que Mario Burgos, fiscal que líderaba el proceso legal, a quien acusó de no realizar una indagación exhaustiva del caso de Marcelo Pecci también estuvo vinculado a la investigación por enriquecimiento ilícito contra su hijo Nicolás Petro.

“Quien investigó a mi hijo es el mismo que no hizo la investigación sobre los autores del asesinato Pacci. Había una relación entre la posición de Barbosa de mantener a Marcela Mancera, la vicefiscal, con el trato que me propuso, al padre del hijo que investigaban y de limar mi interés por encontrar los miembros de la junta internacional del narcotráfico que intentaron asesinarme (sic)”, aseveró el primer mandatario.
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