“Congreso aprobó el presupuesto… solo con ley de financiamiento”: MinHacienda defendió emergencia económica en Senado

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, compareció ante la plenaria extraordinaria del Senado para responder a un debate de control político sobre el decreto de emergencia económica expedido a finales de 2025, una medida que el Gobierno sustentó tras el rechazo del proyecto de ley de financiamiento presentado por esa cartera.

La sesión se desarrolló luego de la convocatoria formal de la corporación para evaluar los fundamentos jurídicos y fiscales del decreto, según informó Semana.

Durante su intervención, Ávila sostuvo que el Congreso aprobó el presupuesto general de la Nación con pleno conocimiento de que requería recursos adicionales para su ejecución.

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En ese contexto, afirmó: “El Congreso aprobó un presupuesto con la absoluta conciencia y claridad de que solo se podía ejecutar si estaba acompañado de una ley de financiamiento que aportara 16,3 billones de pesos para la ejecución. Es decir: necesitaba de una fuente adicional de financiación para lograr el equilibrio entre los ingresos y los gastos. El Gobierno no se inventó la ley de financiamiento después de aprobado el presupuesto; el Congreso era consciente de que el presupuesto que aprobó requería ingresos adicionales”.

El ministro explicó que el decreto de emergencia económica fue una respuesta institucional a la decisión del Legislativo de negar la reforma tributaria propuesta por el Ejecutivo.

Según Ávila, la negativa del Congreso generó una situación sobreviniente en las finanzas públicas, lo que llevó al Gobierno a recurrir a la figura constitucional para garantizar la sostenibilidad presupuestal y atender compromisos del Estado.

En su exposición, el jefe de la cartera económica señaló que los ingresos fiscales están creciendo a un ritmo inferior al de los gastos inflexibles, lo que, en su criterio, tensiona las cuentas públicas.

De acuerdo con las cifras presentadas, el 93 % de los gastos correspondientes a 2025 fueron inflexibles, mientras que para 2026 la inflexibilidad del gasto alcanzaría el 93,7 %, un comportamiento asociado principalmente a obligaciones como pensiones y salarios.

Ávila detalló que los gastos de personal representan el 11,3 % del presupuesto, mientras que las pensiones equivalen al 15 % del total. Estos rubros, afirmó, limitan el margen de maniobra del Ejecutivo para ajustar el gasto y refuerzan la necesidad de fuentes adicionales de financiamiento.

En ese escenario, reiteró que la emergencia económica busca preservar el equilibrio fiscal y garantizar la ejecución del presupuesto aprobado.

Las explicaciones del ministro no lograron consenso en la plenaria. Desde la oposición, varios senadores expresaron reparos frente a los argumentos presentados por el Gobierno. La senadora Angélica Lozano cuestionó la justificación del decreto y sostuvo que las exposiciones oficiales carecen de sustento. En medio del debate, afirmó:

“Es una crisis fiscal provocada. En junio de 2025, el Gobierno rompió la regla fiscal. Eso quiere decir que decidió asumir créditos al infinito y estamos pagando intereses altísimos, pagándolos con un nuevo cupo de tarjeta de crédito. Aquí hay una desviación y un abuso de poder. La única razón por la que prospera una emergencia económica es por algo imprevisible como la pandemia del covid o la avalancha de Mocoa”.

El intercambio reflejó las diferencias entre el Ejecutivo y sectores del Congreso sobre la interpretación de la regla fiscal y el uso de la emergencia económica como mecanismo para enfrentar el déficit. Mientras el Gobierno insistió en que el rechazo de la ley de financiamiento alteró el escenario previsto al momento de aprobar el presupuesto, algunos legisladores señalaron que las dificultades fiscales eran previsibles y no cumplían los criterios de excepcionalidad.

Durante la sesión, el Ministerio de Hacienda también señaló que requiere recursos adicionales para atender órdenes de la Corte Constitucional, especialmente en lo relacionado con el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del sistema de salud. Según la cartera, el cumplimiento de esos mandatos judiciales presiona aún más el gasto público y refuerza la necesidad de medidas extraordinarias.

No obstante, la senadora Lozano replicó que el Ejecutivo no ha cumplido de manera integral las órdenes del alto tribunal sobre ese tema y puso en duda que la emergencia económica sea el instrumento adecuado para resolver esas obligaciones. Las intervenciones dejaron en evidencia la falta de acuerdo sobre el alcance del decreto y su relación con la política fiscal del Gobierno.