
En la mañana del 28 de enero, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), teniente general Daniel Gutiérrez Rojas, y el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, anunciaron el balance de un operativo que se llevó a cabo en 124 cárceles del país.
Con el objetivo de incautar cualquier elemento indebido y de mostrar cómo se tiene el control de los centros penitenciaros del territorio nacional, los funcionarios hablaron de cifras, con las que argumentaron que este tipo de intervenciones, incluyendo la inversión que se realizará para tener un control total de las redes de comunicación en zonas aledañas a las cárceles, debido a las recientes denuncias de casos de extorsión desde estos lugares; sin embargo, esta no fue la percepción general que se percibió en el mismo.
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Así fue el operativo sorpresa en La Picota

A pesar de que en la rueda de prensa se informó que el operativo comenzó sobre las 5:00 a. m., un grupo de periodistas y creadores de contenido internacionales, incluyendo al youtuber turco Alper Rende, pudieron estar durante la intervención de las autoridades en el pabellón 34 de la cárcel La Picota, que es para reclusos que serán extraditados. A pesar de que se trata de uno de los pisos elevados de la prisión, ninguno de los presentes utilizó el ascensor, lo que más adelante fue explicado como un mensaje directo del ministro de Justicia a las autoridades por la fuga de “Matamba”.
“Es la hora en que no hay mayores responsables de su muerte”, fueron las palabras de Andrés Adárraga para explicar que las escaleras que fatigaron a algunos de los presentes fueron las mismas que recorrió el narcotraficante que fue dado de baja en un operativo del que se tienen bastantes dudas, dos meses después de su escape de La Picota.
De cierta forma, esa caminata era el adelanto de lo que se vendría minutos más adelante, puesto que prensa y youtubers fueron testigos del impacto de la reja abriéndose, mientras dragoniantes pedían la salida de los reclusos al patio. El operativo secreto tomó por sorpresa tanto a presos como a comunicadores.

De manera inmediata, mientras las cámaras registraban todo en el lugar, los guardias del Inpec pidieron que los presos se sentaran para escuchar al ministro de Justicia, que habló de hacinamiento, salud y de segundas oportunidades; sin embargo, este espacio se salió de control debido a que los receptores del mensaje no estaban de acuerdo con las palabras de Idárraga.
“¿Esas son condiciones dignas?”, preguntó uno de los presos, que denunció que en el pabellón no tenían agua, que la comida que les suministraban no era de la mejor calidad y que la mayoría podía afirmar ser víctima de extorsiones al interior de la cárcel, lo que fue seguido por un aplauso general de los reclusos.
El “control” del Inpec y los guardianes se mantuvo en todo momento en cuanto a acciones, pero no a nivel de percepción; a la contestación mencionada del preso, le siguieron hasta cuatro intervenciones de otros internos, que expresaron todos sus malestares respecto a lo que viven en La Picota.

De manera sarcástica, los presentes se señalaron entre sí, llegando al punto de que uno de ellos indicó que no tenía intenciones de pelear por agua o buen trato, puesto que se autopercibió como un “bandido” que está pagando por sus pecados.
De la misma forma, siguiendo con situaciones poco habituales o difíciles de imaginar, los presos de nacionalidad venezolana le pidieron al ministro seguir en Colombia, aludiendo que en su país serían asesinados por ser detractores del chavismo; mientras que los reclusos colombianos exigían garantías para ser extraditados a lugares como España, puesto que querían cumplir su castigo en el lugar que cometieron el delito por el que los están juzgando. La mayoría de los cafeteros aseguraron que existe una intervención o “mano oscura”, para no dejarlos salir y seguir “cobrando por nosotros por días”.
Ante la situación, la rueda de prensa se llevó a cabo fuera del pabellón; la visita anunciada al patio número uno no se llevó a cabo (tal vez no se quería vivir una situación similar en la que los presos tuvieron el control ante las cámaras); sin embargo, el balance incluyó una “pulla” para las administraciones pasadas, puesto que el representante del Gobierno nacional indicó que este tipo de intervenciones, tanto de seguridad, como de inversión para quitarle la comunicación indebida a los presos, es una labor que en Colombia no se ejecuta de ninguna forma desde 2012, o al menos esa fue la declaración oficial.
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