El 27 de enero de 2026 se llevó a cabo una sesión extraordinaria en la plenaria del Senado de la República para adelantar un debate de control político, con el fin de evaluar los alcances de la declaratoria de emergencia del Gobierno nacional, que quedó establecida en el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025. Durante la sesión, hubo un momento de tensión protagonizado por la senadora Aída Avella del Pacto Histórico.
Durante la exposición de la congresista, que estaba explicando los motivos por los cuales considera que la emergencia económica es necesaria y está justificada, al parecer, fue interrumpida por el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical.
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Su presunta intervención no quedó registrada en la transmisión oficial de la sesión, pero, según se evidenció, Avella reaccionó de manera inmediata, alzando la voz y levantándose de su puesto, señalando al legislador de intentar silenciarla.

“Tengo la palabra, doctor Motoa. Yo también soy senadora como usted. Soy senadora y me estoy refiriendo a la ley de financiamiento. Usted no me viene a callar. Tengo votos de opinión y votos no pagos. Sí, señor. A mí no me viene a callar usted. A mí no me viene a callar usted. No, señor. Yo también tengo una credencial de senadora de la República y no me dejo callar de usted”, aseveró la congresista, evidentemente alterada por la aparente interrupción del senador Motoa.
Inmediatamente, continuó con sus declaraciones sobre el tema que se estaba abordando. Aseguró que la situación fiscal actual del país, por la cual el Gobierno declaró la emergencia económica, fue responsabilidad, en parte, de la Corte Constitucional, que declaró inexequible la prohibición de deducir regalías del impuesto sobre la renta, contenida en la Ley 2277 de 2022 (reforma tributaria).
“Esa decisión produjo una pérdida de $6,7 billones en 2023 y 2024 de recaudo, según las cifras del Ministerio de Hacienda. Es decir, que la misma Corte se prestó para darle dinero a las transnacionales y quitárselo al país y yo espero que la Corte reflexione”, dijo.
El debate en torno a las leyes de financiamiento que hundió el Congreso
Aunado a ello, indicó que el decreto de emergencia económica es una “respuesta al saboteo” que, a su juicio, ha adelantado el Congreso de la República contra las propuestas del Gobierno nacional, refiriéndose específicamente al archivo de dos leyes de financiamiento (reformas tributarias) radicadas por la administración, con las que pretendía completar los presupuestos generales de la Nación de 2025 y 2026.
“No fue el Gobierno el que llevó al país a ese punto, fue la decisión reiterada de asfixiar financieramente al Estado como estrategia política, aun a costa de poner en riesgo el funcionamiento y el alcance a la población del país. No les importa el país”, indicó.
Motoa, por su parte, dio a conocer su opinión sobre la presentación de las leyes de financiamiento que finalmente no prosperaron. En su explicación, afirmó que el error fue del mismo Gobierno nacional, que presentó al Congreso unos presupuestos que no tenían la totalidad de los recursos para las respectivas vigencias (2025 y 2026).

Desde su perspectiva, esta estrategia de proponer presupuestos desfinanciados que requieran de reformas tributarias para completar los montos faltantes es poco seria y por eso el Legislativo optó por no aprobar las leyes de financiamiento.
“Presenta unos presupuestos que no están financiados para luego decir al Congreso que le ayude presentando una ley de financiamiento. Eso no es serio, ministro. Eso es irresponsable. Esto no es técnico. Eso nunca se ha dividido en la administración pública colombiana con el manejo de recursos”, precisó el congresista.
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