Las nuevas denuncias de la representante Jennifer Pedraza revelan 779 presuntas irregularidades académicas en la Fundación de Educación Superior San José, tras examinar la trayectoria de 1.276 funcionarios públicos egresados de esa entidad.
La congresista subrayó que 35 casos comparten similitudes con el de Juliana Guerrero, lo que la llevó a pedir a la Procuraduría que evalúe el papel del Ministerio de Educación ante la falta de respuestas efectivas.
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Pedraza también criticó el notable incremento de egresados de la San José en la administración actual, con 733 funcionarios públicos contratados, cifra que representa un alza mayor al 200% respecto a periodos anteriores.
Para la representante, la falta de intervención estatal ha permitido que persista la venta de títulos irregulares. “Las anomalías del caso de Juliana Guerrero son el reflejo de una práctica extendida que el Ministerio ha tolerado”, afirmó.
Ante la gravedad de los hallazgos, solicitó abrir una investigación disciplinaria contra el ministro Daniel Rojas y los funcionarios encargados de vigilancia educativa, señalando que el Ministerio “ha optado por la omisión”.
Pedraza concluyó que lo detectado corresponde solo a la administración pública, advirtiendo que la magnitud del problema podría extenderse al sector privado y otras ramas del Estado.
La representante reveló que 221 funcionarios públicos presentan diplomas reportados ante Función Pública, pero sus datos no aparecen en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). La ausencia de registros de inscripción, admisión, matrícula o grado impide verificar si realmente cursaron estudios en la institución.
Por otra parte, hay 558 casos adicionales de servidores cuyos registros en el SNIES no están completos. Entre ellos, 201 personas solo figuran como inscritas o admitidas, sin evidencia de matrícula, avance académico ni graduación, aunque en sus hojas de vida aparecen títulos universitarios.
Otros 357 funcionarios aparecen en el sistema como matriculados, pero no graduados, a pesar de que reportan títulos expedidos por la Fundación San José en otras bases oficiales. Esta disparidad obstaculiza la confirmación de la obtención legal del grado académico.
La investigación también encontró 35 nuevos casos en los que se habrían emitido títulos sin cumplir el requisito legal de presentar las pruebas Saber Pro o Saber TyT.
Al detallar estos hallazgos, se identificó que 18 personas recibieron su título sin haber presentado los exámenes, nueve se inscribieron pero no asistieron y de todos modos obtuvieron el diploma, y ocho rindieron las pruebas después de haberse graduado.
La congresista remarcó que estos patrones coinciden con el caso de Juliana Guerrero, utilizado por las directivas para argumentar que los hechos eran aislados. Sin embargo, la información recopilada sugiere lo contrario: “Las irregularidades serían parte de una práctica sistemática”, enfatizó, señalando que la entrega de títulos antes de cumplir con los requisitos legales representa un incumplimiento grave.
Además, la parlamentaria responsabilizó al Ministerio de Educación, al remarcar que “el ministro cuenta con plenas competencias legales para intervenir la institución” y tomar medidas para evitar nuevas irregularidades. A pesar de que las investigaciones comenzaron en marzo de 2025, no se ha tomado una decisión de fondo, incluso cuando se expidió el título a Juliana Guerrero bajo la supervisión oficial.
La denuncia presentada ante la Procuraduría advierte que la falta de acciones eficaces por parte del Ministerio podría constituir una omisión en el cumplimiento de los deberes funcionales, según lo establecido en la Ley 1952 de 2019.
La congresista detalló que el cruce de información se realizó a partir de datos obtenidos a través de derechos de petición y tutelas dirigidas al Ministerio de Educación, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el ICFES, ante la negativa de la Fundación San José de facilitar información.
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