Gobierno de Gustavo Petro enfrenta nuevas críticas tras detectarse 800 cargos tercerizados en Colpensiones

La controversia por la adjudicación de contratos a una firma privada y el supuesto uso político del empleo público ha generado señalamientos entre funcionarios del Gobierno y voces críticas en el Congreso

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La polémica por las contrataciones
La polémica por las contrataciones tercerizadas en Colpensiones pone en el centro el uso político del empleo público durante el Gobierno Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia/Colprensa

El caso de las contrataciones tercerizadas en Colpensiones ha suscitado una creciente controversia en torno al Gobierno Petro, con acusaciones de uso político del empleo público y denuncias sobre posibles irregularidades en la adjudicación de contratos.

La representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, afirmó que la actual administración habría creado 800 cargos nuevos mediante una empresa privada, lo que constituye, en sus palabras, un “riesgo estructural de captura burocrática”.

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Desde Sintracolpen, el sindicato de la entidad, la preocupación gira también en torno al impacto de las nuevas contrataciones en la estructura laboral interna.

Según advirtió el sindicato, la llegada de “fichas de varios partidos políticos” durante la presidencia de Jaime Dussán coincidió con el reemplazo de personal experimentado previamente tercerizado, situación que, según Sintracolpen, responde a la incorporación de “cuotas políticas”.

El sindicato Sintracolpen advierte sobre
El sindicato Sintracolpen advierte sobre la llegada de cuotas políticas y el reemplazo de personal experimentado tras las recientes contrataciones en Colpensiones - crédito @Of_Sintracolpen/X

El epicentro del escándalo es el contrato firmado con Falcon VI S.A.S., una compañía que apenas acumulaba 10 meses desde su creación cuando fue seleccionada por Colpensiones.

El contrato original tenía un valor de $382 millones de pesos, pero con el tiempo se suscribieron seis otrosíes que elevaron el monto a cuatro veces la cifra inicial. Según Pedraza, el proceso de selección de Falcon VI S.A.S. se realizó bajo la modalidad de invitación a un solo proponente, lo que permitió prescindir de una licitación pública.

Jennifer Pedraza expuso su preocupación frente a la transparencia del proceso y aseguró: “Hay denuncias documentadas por irregularidades, fallas graves en las pruebas, resultados inconsistentes, entrevistas discrecionales e incluso decisiones judiciales que ordenan suspender procesos. Esto no es un error administrativo: es un riesgo estructural de captura burocrática y uso político del empleo público”.

El presidente Gustavo Petro defiende
El presidente Gustavo Petro defiende que no se han creado nuevos empleos en Colpensiones, sino que se formalizan contratos y se cumple con mandatos constitucionales - crédito @petrogustavo/X

Así mismo, el sábado 24 de enero, el presidente Gustavo Petro defendió la actuación del Gobierno y rechazó las acusaciones sobre presunta creación de nuevos puestos. Según afirmó, Colpensiones atraviesa un proceso de modernización en el contexto de la reforma pensional.

El presidente sostuvo que más de 800 contratistas, quienes por años carecían de estabilidad, pasarán a formar parte de la planta laboral. Petro precisó: “Aquí no hay nuevos empleos, como dice la prensa tradicional desinformadora; aquí cumplimos la orden constitucional de realizar a las personas que trabajan en el Estado, incluso desde hace lustros, sin estabilidad”.

El contrato con Falcon VI S.A.S. tiene como fin, según los documentos oficiales, “realizar los procesos de selección externa y las actividades inherentes al proceso de promoción interna a efectos de proveer los cargos vacantes de la planta de personal” en Colpensiones.

El Gobierno Petro incrementa la contratación temporal y crea más de 7.000 nuevos cargos

El Gobierno de Gustavo Petro
El Gobierno de Gustavo Petro crea más de 7.000 nuevos cargos públicos y aumenta la contratación por servicios en Colombia - crédito Procuraduría General de la Nación

El aumento de la contratación por servicios y la creación de más de 7.000 cargos en el Gobierno del presidente Gustavo Petro provocaron cambios significativos en el gasto público y la estabilidad laboral del Estado colombiano.

Un análisis realizado por José David Castellanos, especialista en gestión pública y candidato a la Cámara por el Nuevo Liberalismo, reveló que la financiación de este incremento se apoyó en mecanismos como el endeudamiento y la utilización de reservas, lo que ha generado importantes compromisos fiscales a futuro.

Castellanos subrayó que durante enero de 2026 se llevó a cabo “la mayor emisión de deuda externa de la historia, por 4.950 millones de dólares (USD 4.950 millones), que pagarán los colombianos con intereses”, dijo en declaraciones reveladas por Semana.

El informe, fundamentado en el examen de más de 105.000 contratos estatales registrados en las plataformas Secop I y II, señala que de 2022 a 2025 el valor de los contratos de prestación de servicios pasó de $12,1 billones a $19,3 billones. El experto destacó que este aumento de $7,2 billones en sólo tres años representa casi la mitad de los $16 billones planteados en la más reciente reforma tributaria.

Entre los principales hallazgos, el número de cargos vinculados mediante contratos de prestación de servicios ascendió de 11.851 a 18.685, cifra que implica la aparición de cerca de 7.000 nuevos puestos a través de modalidades discrecionales de contratación.

Castellanos explicó: “En solo tres años, la contratación de servicios pasó de 11.851 puestos a 18.685, lo que equivale a cerca de 7.000 cargos creados mediante distintas formas de contratación discrecional”.

El crecimiento de la llamada “nómina paralela” no fue homogéneo. El estudio detalló que el Ministerio de Salud experimentó un incremento del 154%; Agricultura, 127%; Ambiente, 117%; y Trabajo, 285%. El dato más destacado corresponde al Ministerio de Cultura, donde el aumento alcanzó el 1.985% desde 2022, según las cifras analizadas por Castellanos.

Además del crecimiento presupuestal y el uso de recursos extraordinarios para financiar estos contratos, el informe comparó la duración de los vínculos laborales con la gestión anterior. Bajo Iván Duque, el 45% de los contratos superaba los nueve meses de duración.

En la administración actual, ese porcentaje descendió al 34,5%, mientras que aumentaron los contratos de corta duración. El especialista concluyó que, en términos prácticos, “el Gobierno Petro reemplazó contratos estables por contratos temporales”.

Esta investigación, originada en el trabajo independiente de Castellanos, puntualiza que parte de los $7,2 billones adicionales fue canalizada tanto a personas naturales como a empresas contratistas del Estado colombiano.