Las bases camioneras de Colombia, firmantes del Acuerdo del 6 de septiembre de 2024 que permitió levantar el Paro Nacional Camionero, enviaron una carta abierta al presidente Gustavo Petro en la que presentan una denuncia formal por incumplimiento estructural de los compromisos pactados y alertan sobre un riesgo inminente de colapso del sector transporte.
El documento, dirigido también a la opinión pública nacional e internacional, señala que ha transcurrido más de un año desde la firma del acuerdo sin que se evidencien avances sustanciales en su implementación, situación que, según el gremio, pone en riesgo la subsistencia de más de 2,5 millones de familias que dependen directa o indirectamente de la actividad transportadora.
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Señalamientos al Ministerio de Transporte
En la carta, los camioneros aseguran que han cumplido integralmente con los compromisos asumidos, incluyendo la entrega de insumos técnicos, información requerida y participación constante en espacios de diálogo. No obstante, afirman que la ejecución del acuerdo ha fallado por falta de articulación institucional, responsabilidad que atribuyen a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.
Según el gremio, el Ministerio no ha logrado coordinar a las entidades corresponsables ni garantizar el cumplimiento de las normas que regulan el sector, lo que ha permitido la imposición de prácticas ilegales y ha debilitado la gobernabilidad del transporte de carga en el país.
Manipulación del SICE-TAC y sobreexplotación laboral
El primer eje crítico expuesto en la carta se refiere a la operación del sistema SICE-TAC, encargado de calcular los costos del transporte de carga. Las bases camioneras denuncian una manipulación técnica del sistema que, aseguran, reduce artificialmente los valores a pagar a los transportadores.
Entre los principales señalamientos se encuentran:
- Incrementos injustificados de hasta el 120 % en el número de viajes mensuales estimados, lo que obliga a los conductores a trabajar en condiciones de pérdida económica.
- Imposición de más de 100 horas laborales adicionales mensuales, por fuera de los límites legales.
- Subestimación del consumo de combustible, costos de mantenimiento y valor real de los equipos.
- Parámetros de velocidad que no corresponden al estado real de las vías, los bloqueos, la inseguridad y los tiempos de espera en corredores estratégicos como Bogotá–Medellín y Buenaventura.
De acuerdo con el gremio, estas prácticas fomentan la sobreexplotación del conductor y aumentan el riesgo de siniestros viales.
Falta de control y sanción a la ilegalidad
El segundo eje se centra en la omisión de los órganos de control. Los camioneros denuncian que no se ha conformado el Comité Interinstitucional acordado, integrado por entidades como la DIAN, la Fiscalía, la SIC, la Superintendencia de Transporte y la Procuraduría.
Según la carta, esta ausencia de control ha permitido la persistencia de delitos como evasión tributaria, falsedad documental, descuentos ilegales y abuso de posición dominante, así como la proliferación de contratos de vinculación temporal considerados irregulares.
El documento también expone irregularidades en el sector de volquetas y en contratos de infraestructura ejecutados por entidades como Invías, la ANI, gobernaciones y concesiones, donde afirman se paga a los transportadores valores muy inferiores a los facturados en las licitaciones públicas.
ACPM, llantas y políticas económicas
En un tercer eje, las bases camioneras señalan el incumplimiento de los ministerios de Hacienda y de Industria y Comercio, los cuales, según el gremio, no han participado activamente en las mesas de diálogo, pero sí han adoptado medidas que afectan al sector.
Entre ellas mencionan el incremento del precio del ACPM, superior a lo pactado en el acuerdo, y la apertura de un proceso para imponer dumping en la importación de llantas, lo que generaría sobrecostos para los transportadores y la cadena logística.
Caos logístico en Buenaventura
La carta dedica un apartado al puerto de Buenaventura, donde denuncian prácticas irregulares por parte de navieras y patios de contenedores. Según el gremio, los camiones son utilizados como bodegas sin costo, se presentan filas de más de mil vehículos sin turnos de descargue y se cobran moras anticipadas en dólares a importadores, pese a la falta de capacidad operativa.
Los camioneros solicitan la aplicación de los decretos 1017 y 2092, así como del artículo 1009 del Código de Comercio, y una intervención efectiva de la SIC y la Superintendencia de Transporte.
Seguridad y derechos humanos
El cuarto eje se refiere a la situación de orden público. Las bases camioneras reportan que en los últimos tres años y medio 33 conductores han sido asesinados mientras realizaban su labor, además de un aumento en la extorsión, quema de vehículos y amenazas contra líderes gremiales.
Finalmente, solicitan a la Presidencia de la República y a los organismos de derechos humanos medidas inmediatas para proteger la vida, el trabajo y la seguridad de los transportadores, y reiteran que el acuerdo de 2024 es un compromiso de Estado, jurídicamente vinculante.
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