La alcaldía de Bogotá prepara una modificación normativa al protocolo para la intervención de las autoridades en protestas sociales. La medida responde al aumento en la gravedad y complejidad de los disturbios urbanos ocurridos en los últimos años, especialmente por el uso de artefactos explosivos caseros en ataques que han afectado directamente al transporte público y el mobiliario urbano.
El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, explicó que se ha producido un cambio en el modus operandi de los grupos involucrados. Según el funcionario, los artefactos utilizados son ahora mucho más sofisticados, lo que representa un reto mayor para la reacción de las autoridades.
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Adicionalmente, Quintero indicó que la Secretaría de Gobierno ha detectado un descenso significativo en el respaldo de la comunidad educativa a estas acciones violentas. Aunque muchos de los disturbios se producen en entornos universitarios, las autoridades advierten que no son necesariamente estudiantes quienes lideran estos actos, y que la comunidad académica rechaza de manera creciente su desarrollo.
“Hay un desequilibrio y tenemos que hacer valer los derechos de ambos (ciudadanos y manifestantes). Lo que queremos hacer en nuestra normativa, es para que el transporte público sea protegido. Que no pueda haber afectación sobre este y que tengamos las herramientas para cuidarlo”, señaló el secretario en declaraciones recogidas por El Tiempo.
La propuesta de adaptación surge, además, de la preocupación por el creciente impacto de estos hechos en bienes públicos y en la seguridad de los ciudadanos. El actual marco legal está definido por el Decreto 003 de 2021, expedido bajo los gobiernos de Iván Duque y Claudia López, y como resultado de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Esta norma determina que la actuación de la Fuerza Pública debe privilegiar el diálogo, usar la fuerza solo como último recurso y de manera proporcional, notificar previamente, y respetar la protesta pacífica como derecho fundamental.
Si bien la administración reconoce la importancia de estas garantías legales, considera que la evolución de la violencia exige herramientas más eficaces. Quintero afirmó que es fundamental proteger tanto los derechos de los manifestantes como la integridad del transporte público y el mobiliario urbano, los cuales no deberían quedar expuestos a daños durante este tipo de eventos.
Durante 2025, la Secretaría de Gobierno acompañó 1.678 movilizaciones, un aumento del 20% respecto a las 1.394 registradas en 2024. De ese total, el 95,35% transcurrió de manera pacífica; sin embargo, el resto requirió la intervención de las autoridades para restablecer el orden ante episodios de violencia.
Entre los casos recientes, destaca la captura de 11 encapuchados judicializados en diciembre de 2024 por alterar el orden cerca de la Universidad Nacional. La Fiscalía atribuye a este grupo de delincuencia organizada, identificado como los Nadie o los Arruera, al menos 12 acciones terroristas cometidas en 2024 y 2025.
Estos actos incluyen ataques con explosivos a la Policía, la quema de vehículos de transporte público y daños en instalaciones universitarias. La jueza a cargo del caso advirtió que el propósito era generar actos violentos que ponían en riesgo la vida de las personas y el correcto funcionamiento de los medios de transporte.
La investigación, desarrollada durante 2024 y 2025, detalló que esta estructura planeaba y ejecutaba el uso de artefactos explosivos para afectar tanto a la Fuerza Pública como a diferentes infraestructuras urbanas. A los detenidos se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, incendio, daño en bien ajeno, empleo o lanzamiento de sustancias peligrosas y perturbación en el servicio de transporte público, entre otros.
El alcance de la modificación normativa planteada por la alcaldía va más allá del nivel distrital. Para que pueda aplicarse, será necesario un proceso legislativo de mayor escala, ya que la regulación vigente no permite adecuaciones solo en el ámbito local.
Por ello, se prevé que la administración presente un borrador en el primer semestre de 2026, con el fin de someterlo a debate y estructurar, con la participación de distintas instancias, el camino hacia una reforma integral.
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