Veintiséis personas, entre ellas menores de edad, fueron ejecutadas en la zona rural de El Retorno, Guaviare, en una masacre que ha hecho visibles nuevas facetas del conflicto entre las disidencias de las Farc y la creciente desconfianza hacia la fuerza pública.
Según información de Semana, las sospechas apuntan a una posible filtración interna: datos reservados del Estado habrían servido a la estructura armada de alias Calarcá para localizar y atacar a integrantes del grupo rival liderado por alias Iván Mordisco, lo que agudiza el temor y la crisis de seguridad en la región.
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La masacre de El Retorno no ocurrió en un enfrentamiento. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal, los 26 miembros del grupo armado y 4 civiles muertos (21 hombres, 5 mujeres y 4 menores de edad) presentaban heridas por arma de fuego; entre ellos, varios por tiros de gracia.
Las investigaciones sostienen que las víctimas pertenecían a la estructura de Iván Mordisco y fueron objeto de un ataque intencionado que, de acuerdo con Semana, constituye una serie de “ejecuciones” dentro de la lucha por el control de rutas ilícitas y la extorsión en el Guaviare.
La vida cotidiana en este departamento, según testimonios recogidos por Semana, está determinada por el dominio de los grupos armados ilegales. Las explosiones y los retenes organizados por las disidencias forman parte del día a día.
La población civil se encuentra atrapada entre las facciones de Calarcá e Iván Mordisco y sobrevive bajo un ambiente de miedo y silencio. “Aquí nadie habla porque hablar cuesta la vida”, comentan habitantes de varios municipios, mientras líderes sociales afirman que cualquier movimiento requiere el aval de los armados.
A pesar de los anuncios de operaciones, la fuerza pública muestra limitaciones claras en su capacidad de control y reacción.
Tras la masacre, el Ejército Nacional comunicó por la red X que “avanzan las acciones coordinadas para restablecer las condiciones de seguridad en El Retorno, Guaviare. A través de un permanente seguimiento realizado por el comandante de @Ejercito_Div4, mayor general Ricardo Roque Salcedo, junto con autoridades locales y departamentales, se han articulado esfuerzos para fortalecer la seguridad en la región y evitar que nuevos enfrentamientos entre grupos armados ilegales amenacen la integridad de las comunidades”.
Sin embargo, en terreno, la percepción es diferente: la fuerza pública solo hace presencia cuando la tragedia ya ha ocurrido y “no manda”, según las personas consultadas por el medio mencionado.
Después de los hechos, los uniformados debieron desplazarse a pie y sin apoyo aéreo debido a la falta de recursos, algo que fue confirmado a Semana por un oficial especializado en aviación. Esta precariedad operacional refuerza la imagen de abandono que predomina entre la población.
La principal pregunta de la investigación es cómo el grupo de Calarcá logró ubicar con precisión al grupo rival. Fuentes militares consultadas por Semana no descartan que información clasificada haya salido desde dentro de la fuerza pública.
Un funcionario de inteligencia militar, citado por el medio, señaló: “No se puede descartar que haya filtraciones. Son informaciones que se manejan con extremo cuidado porque implican a la institución”.
En otros departamentos ya existen antecedentes de venta de información estatal: “Algunos integrantes de la tropa terminan vendiéndose a los ilegales y ahí es donde se presentan estas masacres”, reconoció un oficial de alto rango.
Estas circunstancias alimentan una hipótesis más grave: la posible existencia de alianzas tácitas, en las que sectores estatales habrían permitido, por acción u omisión, que la estructura de Calarcá atacara al grupo de Iván Mordisco.
Que este hecho encaja en un patrón de ataques precisos con datos reservados sobre rutinas y ubicaciones de los objetivos, información que “requiere datos que, en muchos casos, únicamente maneja el Estado”, según explicó una fuente militar.
El impacto sobre la población civil es severo. Campesinos y líderes comunitarios describen el miedo como regla y la desconfianza como obstáculo para colaborar con las autoridades.
Tras la matanza, la sensación de abandono se ha profundizado: “Aquí los vemos después de las masacres. De resto, uno vive solo con los ilegales”, declara un líder social. Salir a trabajar exige autorización de los grupos armados. De lo contrario, hay riesgo de desplazamiento o incluso de perder la vida.
La vulnerabilidad de la población ha sido agudizada por otros episodios violentos recientes en el Guaviare. Meses atrás, un grupo de evangélicos fue asesinado por disidencias de las Farc, acusados de colaborar con el ELN.
Las víctimas fueron forzadas a cavar sus propias fosas antes de ser ejecutadas. Algunos responsables de ese crimen fueron capturados, pero el temor persiste: “Seguimos predicando, pero con miedo. Lo que pasó con nuestros hermanos no se olvida”, relató un líder religioso.
La violencia también ha alcanzado a las autoridades locales. La residencia del alcalde de Calamar, Farid Camilo Castaño, fue atacada con explosivos en octubre de 2025, lo que causó heridas a una familiar y dejó daños colaterales, incluida la muerte de una mascota.
Ese mismo día, también fueron atacados el puesto de Policía y una base militar, en hechos atribuidos a la estructura de Iván Mordisco. “Uno ya no sale a mirar. Aquí nadie sabe quién es quién”, resume un habitante sobre el ambiente de incertidumbre.
El silencio social opera como mecanismo de defensa. “La información se filtra. El que habla termina señalado. Aquí es mejor no ver, no oír y no decir nada”, explicó un líder comunitario al medio mencionado.
En medio de promesas estatales de seguridad y el fortalecimiento de las disidencias, crece la percepción de que se libra una guerra encubierta y la línea entre las instituciones del Estado y los grupos armados ilegales se hace cada vez más difusa.
Mientras la estructura de Calarcá expande su presencia territorial y consolida rutas, la sospecha de un trato desigual se afianza: el grupo de Iván Mordisco ha sido duramente golpeado, mientras el bloque rival extiende su dominio sin recibir presión comparable de la fuerza pública. Tanto para expertos como para los propios habitantes, esta asimetría aviva las dudas sobre alianzas tácitas y el deterioro de los límites entre Estado y grupos ilegales.
En este entorno de violencia reiterada y ausencia de respuestas efectivas, las comunidades del Guaviare viven en estado de alerta. La circulación rápida de información reservada refuerza el temor y la incertidumbre sobre en quién confiar.
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