La Corte Suprema autorizó interceptaciones a figuras políticas relacionadas con el caso de corrupción en la Ungrd

La Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizó una extensa operación de interceptaciones telefónicas que alcanzó a congresistas, contratistas y otros funcionarios, en el contexto del mayor caso de corrupción en Colombia vinculado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

De acuerdo con Semana, la pesquisa tiene como eje central la Comisión de Crédito Público del Congreso, cuyos miembros son investigados bajo la sospecha de facilitar millonarios créditos internacionales a cambio de contratos irregulares.

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Los investigadores dirigieron su atención a los senadores Liliana Esther Bitar y Juan Pablo Gallo, los representantes Julián Peinado y Karen Astrid Manrique, y al excongresista Juan Diego Muñoz. También se señala como implicados a los ministros detenidos Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

Desde agosto de 2024 y durante aproximadamente un año, la Corte ordenó intervenir los teléfonos móviles de todos los miembros de la Comisión de Crédito Público y de otros actores relacionados.

La ejecución técnica de las escuchas se realizó en la sala Zeus Oro de la Fiscalía, según documentos consultados por Semana.

Las acciones de los implicados para evadir las interceptaciones incluyeron migrar sus conversaciones a aplicaciones de mensajería como WhatsApp, en un intento de aumentar la seguridad de sus comunicaciones. Los informes policiales remitidos al magistrado Misael Rodríguez señalan que la mayoría de los diálogos sensibles dejaron de producirse por medios convencionales y pasaron a estos canales digitales.

A pesar de estas precauciones, las escuchas permitieron recuperar fragmentos que ilustran la preocupación de los implicados.

En una conversación recogida por los investigadores y referida por el medio mencionado, una voz advierte al senador Gallo sobre una supuesta captura inminente: “La ministra aseguró que a mí en un mes me capturan, eso es lo que están diciendo”.

En otra llamada, un familiar de Gallo expresa inquietud por su situación, a lo que el senador responde: “Me están investigando por ayudarle al ministro, o por lo que se puede denominar como que me compró el ministro... Se ensañan con Alejandro, lo sacan como a un perro... esa es la dádiva que me dieron”.

La representante Karen Astrid Manrique, señalada por haber redactado un documento clave que exigía contratos y mencionaba a otros congresistas, habló sobre el impacto político del caso: “Ahí está en la Corte, pagando abogados y defendiéndome..., pero la Corte está politizada; lastimosamente, la Justicia no es justa como debería ser, tiene mucho sesgo político”.

Por su parte, el excongresista Juan Diego Muñoz comentó la exposición pública del caso: “Me lo volvieron muy mediático por el tema político; yo no me he prestado para pendejadas”.

El alcance de la investigación abarcó también a familiares y allegados de los implicados. Las autoridades incluyeron la línea de la madre de María Alejandra Benavides, testigo considerada clave, ya que Benavides utilizaba ese número en busca de privacidad.

Igualmente fue interceptada Andrea Ramírez, exjefa de Benavides. Bajo la presión de la investigación y la filtración de información, Ramírez expresó: “Me acabé de ir porque había periodistas abajo y María Alejandra sacó otra cosa, un montón de mentiras, que ya no puedo más... yo creo que esa niña me quiere acabar”.

Los interceptados no solo incluyeron funcionarios y congresistas; también aparecieron Diana Carolina Martínez, secretaria del exdirector de la Ungrd, y Jaime Ramírez Cobo, cercano a Laura Sarabia, entonces directora del Dapre.

Los contratistas Óscar Cárdenas, Édgar Niño y Yacir Ramírez fueron igualmente objeto de seguimiento, en el contexto de la investigación sobre la supuesta “compra de conciencias”, tal y como lo detalla el medio mencionado.

Uno de los momentos más llamativos fue el cruce de líneas que permitió interceptar comunicaciones asignadas originalmente a Ramírez Cobo, pero usadas, según los investigadores, tanto por Laura Sarabia como, de manera fortuita, por el propio presidente Gustavo Petro.

Una vez que detectaron una llamada donde se saludaba como “señor presidente”, la Corte ordenó detener de inmediato toda intervención sobre ese número.

El alto tribunal estableció, además, los límites probatorios de las grabaciones: las conversaciones entre los investigados y sus abogados quedaron excluidas de cualquier valoración judicial, con el objetivo de proteger los derechos y garantías del proceso.

El caso, considerado el epicentro de la corrupción en la actual administración colombiana, ha generado fuertes reacciones entre los procesados, que argumentan ser víctimas de la politización de la justicia y del desgaste en la opinión pública.

La Ungrd se mantiene en el centro del escándalo, cuyas consecuencias judiciales y políticas podrían extenderse aún más.

Semanas después de descubrirse el uso de la línea por parte de Gustavo Petro, la Corte fue informada formalmente de la identidad real del usuario, un hecho que aumentó la cautela y el alcance institucional de la investigación.