Contraloría prende las alarmas por la crisis financiera que ahoga a los hospitales públicos, así está el panorama

Antes de que las cifras se traduzcan en cierres de servicios o en filas interminables para los pacientes, los organismos de control y vigilancia del Estado volvieron a poner el foco sobre la delicada situación financiera de la red pública hospitalaria en Colombia. Esta vez, el pronunciamiento llegó tras una nueva advertencia de la Contraloría General de la República, que encendió las alarmas por el deterioro sostenido en el flujo de recursos hacia los hospitales del país.

La Superintendencia Nacional de Salud respondió con un comunicado en el que reconoció la gravedad del diagnóstico y aseguró que comparte la preocupación del ente de control frente a lo que calificó como una “crisis estructural del Sistema de Seguridad Social en Salud”. Según indicó la entidad, una vez reciba el informe oficial de la Contraloría, este será analizado con detalle para adoptar las acciones que correspondan dentro de sus competencias y dar traslado a las autoridades pertinentes.

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El llamado de atención no es nuevo, pero sí más urgente. La Contraloría recordó que ya en 2023 había advertido sobre el “grave y progresivo deterioro” de las finanzas hospitalarias, un fenómeno que hoy se profundiza y amenaza directamente la continuidad, oportunidad y calidad de la atención en salud, especialmente en los hospitales públicos.

El análisis del ente de control se basó en la revisión de las cuentas por pagar de las EPS y las cuentas por cobrar de las Empresas Sociales del Estado (ESE). El resultado fue contundente, un crecimiento acelerado de la cartera hospitalaria y un flujo de pagos cada vez más debilitado. Esta situación, advirtió la Contraloría, no solo compromete la operación diaria de los hospitales, sino que pone en riesgo la prestación misma de los servicios.

Las cifras respaldan esa preocupación. De acuerdo con información entregada por la Asociación de Empresas Sociales del Estado (Acesi), la deuda acumulada de las seis EPS con mayores obligaciones pasó de 4,5 billones de pesos en 2024 a 6,4 billones en 2025. El salto, cercano al 42%, llevó a la asociación a pedir medidas inmediatas, coordinadas y de fondo tanto a la Superintendencia como al Ministerio de Salud, con el fin de garantizar un flujo oportuno de recursos hacia la red pública.

Desde la Supersalud, la respuesta fue prudente, pero firme. La entidad aclaró que no administra ni gerencia las EPS, incluidas aquellas que se encuentran intervenidas, aunque reiteró que ejercerá sus funciones de inspección, vigilancia y control “con total transparencia frente a los hallazgos”. En ese mismo sentido, señaló que seguirá actuando para proteger el derecho a la salud de los usuarios del sistema.

El informe de la Contraloría también incluyó otros datos que ayudan a dimensionar el problema. En 2024, los hospitales públicos facturaron 18,8 billones de pesos, pero solo recibieron pagos por 15,7 billones es decir, el 84%. La situación empeoró en 2025, entre enero y septiembre, se facturaron 16,3 billones, pero los pagos apenas alcanzaron los 12,6 billones, lo que representa un cumplimiento del 77%.

En medio de este panorama, el Gobierno promovió el mecanismo de giro directo como una herramienta para aliviar la crisis financiera. Sin embargo, para la Contraloría, los resultados han sido limitados. Aunque el giro directo de la Adres aumentó un 27,2% entre 2024 y 2025, este incremento no logró frenar el crecimiento de la deuda hospitalaria, que pasó de 12,5 billones en 2024 a 16,2 billones entre enero y septiembre de 2025.

A esto se suma otro elemento crítico, la distribución de los recursos. Según el ente de control, en 2025 el 67,7% del giro directo se concentró en prestadores privados, mientras que los hospitales públicos recibieron apenas el 23,2%. Para la Contraloría, esta brecha evidencia una “distribución inequitativa del mecanismo de pago” que termina profundizando las dificultades de la red pública.