La explosión de una granada en la noche del jueves 22 de enero en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, dejó una víctima mortal y al menos 14 personas heridas, en un nuevo episodio de violencia que sacudió esta zona de la capital.
El hecho también puso en primer plano el nombre de César Augusto Sarmiento Arciniegas, propietario del establecimiento Troya Suites CY, quien desde hace meses venía denunciando presiones y amenazas extorsivas, de acuerdo con El Tiempo.
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Las autoridades investigan si el ataque fue una retaliación directa contra el empresario por negarse a pagar exigencias económicas de estructuras criminales que disputan el control de las rentas ilegales en esta zona de la ciudad.
El atentado ocurrió en plena hora pico, cuando el local nocturno ubicado en la carrera 16 con calle 23 se encontraba casi lleno.
Según confirmó la Policía Metropolitana de Bogotá, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra lanzaron el artefacto explosivo contra el establecimiento y huyeron del lugar. La detonación causó la muerte de un hombre de 75 años, quien trabajaba como mesero, y dejó varios heridos, dos de ellos en estado crítico.
Horas después del ataque, el sector permanecía acordonado mientras avanzaban las labores de inspección judicial y recolección de pruebas.
El ambiente de temor se apoderó de residentes, comerciantes y trabajadores de la zona, quienes señalaron que la violencia asociada a la extorsión y al control territorial se ha intensificado en los últimos meses.
De acuerdo con información del medio citado, el establecimiento Troya Suites CY no era ajeno a este tipo de amenazas. Documentos y testimonios conocidos por ese medio indican que la propietaria del negocio había recibido llamadas intimidatorias desde al menos ocho meses atrás.
Una fuente policial explicó que en su momento se brindó acompañamiento y asesoría, y que las intimidaciones parecieron cesar, al menos de manera directa, en los meses previos al atentado.
Sin embargo, los antecedentes van más allá. En 2023, el mismo establecimiento ya había sido blanco de un ataque con una granada que no llegó a detonar, hecho que fue interpretado como una advertencia.
Más recientemente, hace cerca de mes y medio, el propietario César Augusto Sarmiento Arciniegas recibió una videollamada en la que varios sujetos, vestidos con prendas similares a las de uso militar, profirieron amenazas explícitas. Ese material hace parte ahora del acervo probatorio que analiza el Gaula, la unidad especializada contra la extorsión.
Las autoridades intentan establecer si una llamada recibida por un comerciante del sector minutos antes del ataque está relacionada directamente con la detonación. La hipótesis principal es que el atentado fue una represalia por la negativa del dueño del establecimiento a acceder a pagos extorsivos exigidos por estructuras criminales que operan en Santa Fe.
En este barrio, la disputa entre bandas por el control del microtráfico, la prostitución y otras economías ilegales se ha recrudecido. Vecinos y comerciantes han denunciado la presencia de organizaciones como el Tren de Aragua y Los Satanás, cuyos métodos incluyen amenazas telefónicas, mensajes por aplicaciones de mensajería y panfletos intimidatorios.
En algunos casos, las exigencias económicas alcanzarían los 600.000 pesos bajo la figura de supuestos “impuestos de guerra”.
El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que la investigación avanza sobre dos líneas: la confrontación entre bandas criminales y la extorsión directa contra el establecimiento atacado.
“A la altura del establecimiento comercial lanzan una granada causando heridas a 14 personas, una de ellas fallece”, señaló el oficial.
El alcalde Carlos Fernando Galán lamentó la muerte de la víctima y anunció un refuerzo inmediato de la seguridad en la zona. “Le pedí a la Policía hacer una intervención del sector desde este momento. Ya se tiene una línea de investigación que permitirá identificar a los responsables”, afirmó.
Las cifras oficiales reflejan un fenómeno contradictorio. Mientras en Bogotá las denuncias por extorsión cayeron un 20 % en 2025, en la localidad de Santa Fe aumentaron un 34 %, pasando de 235 casos a 316, lo que refuerza la tesis de una violencia focalizada contra comerciantes que se niegan a someterse a las exigencias de los grupos ilegales.
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