
La Contraloría General de la República ratificó la legalidad de las más recientes operaciones de deuda efectuadas por el Gobierno de Colombia, estableciendo diferencias clave entre la venta de TES realizada en diciembre de 2025 y la posterior emisión de bonos globales en enero de 2026.
La entidad advirtió sobre los altos compromisos de pago que el Estado enfrentará en los próximos años.
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En un comunicado oficial, la Contraloría General de la República revisó las transacciones con títulos de deuda ejecutadas por el Gobierno en diciembre de 2025 y enero de 2026. Estas operaciones buscaron fortalecer la liquidez de las finanzas públicas, especialmente en un contexto de bajos depósitos y mayores pagos presupuestales.
El organismo precisó que la venta de TES por $23.24 billones, concretada en diciembre, no representó un aumento de la deuda nacional, sino la disposición de activos financieros existentes.

Esta operación se llevó a cabo tras registrarse, el 8 de diciembre de 2025, depósitos por solo $1.44 billones en cuentas del Estado. La Contraloría subrayó que, si bien la compraventa de títulos es un mecanismo frecuente, el monto de esta transacción fue inusualmente alto.
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Según el ente de control, el bajo nivel de los depósitos en 2025 obedeció tanto a pagos presupuestales elevados, presionados por reservas de $61.7 billones constituidas el año anterior, como a una menor dinámica en los ingresos corrientes, motivada por ajustes a la baja en metas tributarias.
Parte de los recursos ingresaron en dólares (USD 5.000 millones, aproximadamente a 18.42 billones de pesos colombianos) y permanecerán temporalmente en cuentas externas antes de su monetización gradual; otros $3.87 billones ingresaron en pesos a los depósitos locales.
En relación con la emisión de bonos globales, la Contraloría indicó que en enero de 2026 el Gobierno emitió títulos por USD 4.950 millones, ($18.23 billones), como parte de la meta de captar USD 9.000 millones ($33.15 billones) en recursos externos previstos para ese año.
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Este movimiento se enmarcó en el financiamiento del presupuesto de 2026, que requería en total USD 13.096 millones ($48.26 billones) de crédito externo.

La operación fue autorizada por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y no superó el límite vigente de endeudamiento externo de USD 87.607 millones ($322.65 billones)
La Contraloría explicó que la venta de TES en diciembre no constituyó una nueva emisión de deuda, mientras que la emisión de enero sí implicó un incremento en el endeudamiento nacional. Ambas operaciones, según el organismo, se alinearon con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y contribuyeron a sostener la reputación de Colombia en el cumplimiento responsable de sus obligaciones financieras.
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La entidad argumentó que los problemas de liquidez se originaron por pagos presupuestales elevados y una menor recaudación tributaria. Añadió que los recursos captados en dólares serán monetizados de forma gradual para gestionar riesgos cambiarios, mientras que los fondos obtenidos en pesos fortalecerán las cuentas locales del Gobierno.
Respecto al futuro, la Contraloría General de la República advirtió que para 2029 el país deberá cubrir vencimientos concentrados en bonos globales y TES, por una suma cercana a $89.6 billones ($329,973.6 billones).
Esta concentración de obligaciones podría restringir la capacidad del Estado para invertir en desarrollo social, si los ingresos tributarios no logran crecer de manera sostenida.
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Finalmente, la Contraloría subrayó que la suma de los pagos de deuda y los demás gastos públicos dejará solo un margen muy reducido del presupuesto nacional para nuevas iniciativas o políticas. Así, la gestión financiera futura del Estado quedará fuertemente condicionada por los compromisos adquiridos en años anteriores.
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