Procuraduría postergó audiencia clave sobre reclamación por proyecto de viviendas en Ciudad Bolívar, Bogotá

El proceso judicial relacionado con presuntos daños administrativos y urbanísticos por la planeación de un proyecto de 70 mil viviendas de interés social en la localidad de Ciudad Bolívar, cuyo valor potencial alcanza cerca de dos billones de pesos, sumó una nueva instancia.

La Procuraduría General de la Nación postergó la audiencia de conciliación extrajudicial que buscaba resolver eventuales reclamaciones, luego de que la administración que lidera Carlos Fernando Galán notificara la intención de conformar una mesa técnica para analizar a fondo los aspectos involucrados.

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El nuevo encuentro, que tendrá lugar el 3 de febrero de 2026 a las 10:30 a. m. de manera virtual, fue agendado por la Procuraduría tras aceptar la petición de aplazamiento presentada por el Distrito. El trámite fue formalizado por el área para Asuntos Administrativos del Ministerio Público, según la documentación oficial.

La diligencia, como recordaron fuentes del ente de control, se inscribe en un proceso de reparación directa presentado por Grupo Malkenu S.A.S en contra de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Planeación.

Su desenlace podría conllevar consecuencias jurídicas y fiscales de alto alcance, no solo para la ciudad sino también a nivel nacional, dadas las dimensiones económicas en juego.

El aplazamiento está debidamente soportado y respeta las normas procesales, indicó la Procuraduría, que además dejó constancia de la personería jurídica vigente de la apoderada del ente distrital.

De acuerdo con el documento del caso, la Secretaría Distrital de Planeación fundamentó la solicitud de postergación en la necesidad de que la Secretaría Jurídica convoque previamente a una mesa técnica que, además de dicha Secretaría, incluya a la Secretaría Distrital de Ambiente, a efectos de discutir los asuntos técnicos complejos antes de presentar el caso ante el Comité de Conciliación.

Este litigio, que comenzó en diciembre de 2021, será seguido con atención por sectores jurídicos, empresariales y organismos de control.

Su resultado podría establecer directrices sobre la responsabilidad patrimonial de las entidades territoriales, la protección de la seguridad jurídica de los inversionistas, el alcance de la gestión urbanística del Estado y la efectividad de mecanismos extrajudiciales para prevenir demandas millonarias contra el patrimonio público.

Los litigios sobre La Azotea frenan la ejecución del plan parcial en Ciudad Bolívar y Soacha

La disputa legal por los terrenos de La Azotea en el sur de Bogotá reúne ingredientes que abarcan desde falsificaciones documentales hasta figuras con antecedentes penales y conexiones políticas.

El enfrentamiento, que involucra al hijo de un célebre “urbanizador pirata” y un narcotraficante, se convirtió en un caso paradigmático sobre la dificultad de avanzar proyectos urbanísticos en zonas donde las presiones legales y criminales entorpecen el proceso, mientras un proceso judicial por prevaricato y falsedad sigue abierto y limita cualquier desarrollo a futuro.

La Corte Suprema confirmó en noviembre de 2022 que la funcionaria Luz Elena Guerra había ordenado el desalojo de los legítimos propietarios de La Azotea utilizando documentos de posesión que no correspondían al lote en litigio, según consta en el fallo. Esta actuación derivó en una demanda penal en curso contra Guerra por prevaricato y falsificación en documento público, proceso que sigue activo desde 2020.

El núcleo del conflicto radica en tres lotes que suman más de 300 hectáreas, colindantes con barrios de Ciudad Bolívar y Soacha. La sociedad Malkenu SAS, gestionada por el promotor inmobiliario Eduardo Romano, adquirió formalmente el lote La Azotea 1 en 2017, mientras que los lotes 2 y 3 pasaron a sus manos mediante la compra de la constructora Suever SAS.

La controversia legal se originó cuando Rafael Armando Forero Pulido presentó una querella en 2017 ante la Corregiduría de Mochuelo Alto reclamando la propiedad de uno de los lotes.

Alegó que su familia había poseído el terreno "quieta y pacíficamente desde 1984, con títulos y todo". Sin embargo, el proceso judicial desarrollado en el Juzgado Segundo Penal de Bogotá probó que el lote reclamado no coincidía con aquel al que realmente tenía derecho. A pesar de los informes topográficos que sostenían que los propietarios de La Azotea eran otros desde hacía años, la corregidora Guerra falló en favor de Forero en enero de 2019, ordenando la restitución del terreno y el desalojo de los propietarios.

Los propietarios afectados demandaron a la funcionaria en 2020 y en abril de 2022, el Juzgado Segundo Penal determinó que “ordenó la vinculación de unos predios a una acción policiva perturbadora de posesión que no fueron demandados o que no fueron objetos de querella por parte del señor Forero Pulido”.

Así quedó acreditado que se trataba de una maniobra irregular de desalojo, utilizando documentos de propiedad discordantes con el lote real. La sentencia fue ratificada por la Corte Suprema ese mismo año, tras un intento fallido de Forero de revertir la decisión mediante una tutela.

La historia familiar agrega complejidad al caso. Rafael Armando Forero Pulido es hijo del fallecido Rafael Forero Fetecua, un conocido político y excongresista que alcanzó notoriedad en los años 80 y 90 como uno de los mayores urbanizadores ilegales del país. Según el libro Los jinetes de la cocaína de Fabio Castillo, Forero Fetecua habría realizado negocios con el cartel de Cali, incluyendo la adquisición del Banco de los Trabajadores a los hermanos Rodríguez Orejuela.

Las actividades judiciales de Forero Pulido tampoco son menores. En 2014 fue condenado a 55 meses de prisión por urbanización ilegal, aunque rehusó referirse al tema. Ya en 2009, su nombre había surgido en el caso de la urbanización Peñón del Cortijo, en Ciudad Bolívar, donde una constructora bajo su representación legal edificó 20 viviendas sobre escombros y sin permisos legales, lo que provocó colapsos estructurales.

El terreno de La Azotea acumula décadas de intentos fallidos de legalización urbanística. El plan parcial para una nueva urbanización se propuso en 2006, y en 2011 la Secretaría de Planeación conformó el polígono Ciudad Bolívar 75-Azoteas con 109 hectáreas en Bogotá y cerca de 85 en Soacha. Sin embargo, en 2013 la Secretaría de Ambiente impuso restricciones ambientales sobre el Cerro Seco por su valor ecosistémico, freno que se revirtió hasta 2017.

El proyecto encontró limitaciones administrativas: la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá descartó la viabilidad del suministro de agua por la falta de capacidad en la red matriz, lo que hace necesaria la ampliación de las infraestructuras actuales. Más del 80% del plan parcial está ubicado en área protegida, lo que restringe fuertemente cualquier intervención, según el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca hidrográfica del Río Bogotá (Pomca) definido por la CAR.

El arquitecto Humberto Castro, consultor del Plan Parcial Azoteas, explicó a El Espectador en 2023 que el proyecto se presentó “cumpliendo con toda la normatividad de documentación, planos y certificaciones” y señaló: “Estamos convencidos de que es la mejor respuesta para el desarrollo de ese sector. Es un plan de renovación urbana total, con todos los servicios complementarios requeridos”. Castro insistió en la urgencia de un desarrollo legal y en coordinación con el Distrito: “Es fundamental que esta zona se desarrolle legalmente en conjunto con el Distrito y no termine siendo ocupada por invasores”.

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT)l, aprobado bajo la administración de Claudia López, contempló la futura avenida Circunvalar del Sur y la construcción de 75.480 viviendas en la zona, aunque para ello exige nuevas soluciones viales y mayor dotación de servicios públicos, retos aún sin resolver dada la compleja trama de disputas, restricciones ambientales y fallos judiciales.