El anuncio oficial del Ejecutivo colombiano abrió una nueva fase en la relación energética con el país vecino, ya que, desde la hora cero fijada para las 6:00 p. m. Colombia interrumpirá el 22 de enero el flujo de electricidad hacia Ecuador, decisión que el presidente Gustavo Petro abordó desde una óptica política y social, con énfasis en la defensa de la soberanía energética y en el cuidado del interés nacional.
La determinación partió del Gobierno nacional por medio del Ministerio de Minas y Energía, que informó la suspensión del servicio como respuesta a lo que definió como una acción unilateral de Quito.
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La medida se presentó como un acto de “reciprocidad” ante la imposición de una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones colombianas, realizado por el mandatario Daniel Noboa, gravamen que las autoridades colombianas interpretaron como una agresión económica.
Desde el ámbito técnico, el ministro Edwin Palma confirmó la interrupción de la venta de electricidad en una rueda de prensa. El funcionario explicó que el país atraviesa una estrechez en su propia oferta energética y que el Ejecutivo prioriza el abastecimiento interno; bajo esa premisa, la energía disponible se dirige primero a cubrir las necesidades nacionales antes de sostener compromisos externos.
La postura del jefe de Estado apareció luego en el debate público, puesto que a través de su cuenta en X, Petro aclaró el alcance de la decisión y marcó distancia frente a cualquier lectura de confrontación con la ciudadanía ecuatoriana.
En su mensaje, dejó constancia de que la suspensión no busca afectar a la población del país vecino ni romper la cooperación histórica entre ambos pueblos: “No lo queremos por el pueblo ecuatoriano, pueblo hermano; apenas sepamos que nuestra oferta eléctrica es plenamente suficiente, en el mediano plazo se restituirá nuestro servicio”.
En su pronunciamiento, el mandatario colombiano resaltó la relación histórica entre ambos países y recordó episodios de cooperación energética. Según su visión, la suspensión no rompe los lazos entre pueblos, sino que busca preservar la capacidad del Estado colombiano para responder a sus propias necesidades.
Una acción de reciprocidad del Gobierno colombiano frente a Ecuador
El presidente respaldó las explicaciones ofrecidas por el ministro de Minas y Energía, que ratificó la decisión; Edwin Palma explicó que se trata de una acción de reciprocidad frente a lo que calificó como “una agresión económica” del Gobierno ecuatoriano.
“El año pasado, aun atravesando una fuerte sequía, Colombia fue solidaria con Ecuador y garantizó energía cuando su población enfrentaba apagones de hasta 14 horas. Hoy, ante decisiones arbitrarias y unilaterales, debemos actuar con firmeza para defender la dignidad y la soberanía de nuestro país”, afirmó Palma, al destacar que la decisión responde a la conducta de la administración de Noboa y no a la población de la nación vecina.
El ministro reiteró que Colombia mantiene abiertos los canales diplomáticos para superar diferencias mediante el diálogo y enfatizó que, aunque la integración energética y la cooperación regional son principios que el país valora, la soberanía y el respeto no son negociables.
“Esta no es una medida que nos guste ni que nos aliente. Creemos en la integración energética, en la cooperación regional y en la hermandad entre nuestros pueblos, pero la soberanía y el respeto no son negociables, y Colombia no puede permanecer pasiva frente a una agresión económica”, señaló Palma.
De igual manera, desde la cartera que lidera Edwin Palma se aseguró que el sistema eléctrico colombiano cuenta con la oferta necesaria para garantizar el suministro interno y que cualquier restablecimiento del intercambio energético con Ecuador dependerá de que se cumplan condiciones de respeto, legalidad y cooperación entre ambos países.
Petro respaldó esta postura al destacar que la medida es temporal y que el objetivo central es asegurar la suficiencia de energía para los colombianos antes de retomar cualquier venta hacia Ecuador.
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