Gobernador de Antioquia se resiste a aplicar la emergencia económica impuesta por el Gobierno: “Hasta que la Corte no falle de fondo”

La crisis institucional que enfrenta Antioquia frente a la emergencia económica decretada por Gustavo Petro ha encontrado en Andrés Julián Rendón a un opositor frontal, decidido a no ceder ante lo que considera una amenaza directa a la autonomía regional y al equilibrio financiero departamental.

En diálogo con Cambio, Rendón estableció un tono desafiante: “Hasta que la Corte Constitucional no falle de fondo, Antioquia no aplicará este decreto impuesto por Petro”, afirmó, poniendo de relieve el pulso jurídico que condiciona toda la estrategia regional.

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La posición del mandatario antioqueño parte de una denuncia explícita sobre la naturaleza tributaria de las medidas: “Antioquia inaplicará, por excepción de inconstitucionalidad, el decreto que fijó una abusiva carga tributaria dentro de la emergencia económica”, insistió Rendón, anticipando una disputa que, a su juicio, va más allá de la coyuntura y pone en entredicho el alcance del centralismo nacional.

Su resistencia, matizó, se fundamenta en la magnitud del posible daño: “En Antioquia, el impuesto al consumo de licores, cigarrillos y cerveza representa cerca del 40% de nuestros ingresos tributarios. En departamentos como Chocó, es el 80%. ¿Qué hacemos con esos recursos? Financiamos salud, educación y deporte. De ahí que exijamos que no se equilibren las cuentas, que ellos mismos descuadraron, a costa de eso, y no lo vamos a permitir”.

El malestar se amplifica al recordar precedentes de intervención estatal. “Al gobernador que me antecedió... le intervinieron Savia Salud, una empresa del Distrito de Medellín y de la Gobernación, que vela por el aseguramiento de 1.700.000 antioqueños pobres. Después le quitaron la delegación minera que históricamente había tenido Antioquia para la fiscalización y el fomento minero…”, relató el gobernador, conectando las disputas actuales con una historia de recortes en competencias regionales y advertencias de imposición ilegal.

El modelo fiscal colombiano es, según Rendón, la raíz estructural del desencuentro: “La estructura fiscal del país es así: de cada 100 pesos que recauda el Estado, 85 se quedan en la Nación, unos 12 en los municipios y apenas tres en los departamentos. Como se da cuenta, nos quedan muy pocos recursos y ahora, para completar, quieren echar mano de los pocos ingresos que tenemos”, detalló, apuntando a una ecuación que, recalca, resta capacidad de maniobra a las regiones.

Sobre el terreno político y la comunicación con el Ejecutivo, el gobernador fue enfático. “La relación del Gobierno nacional con Antioquia, desde antes de que yo llegara, ha sido hostil e indolente. Y ahora quiere equilibrar las finanzas a costa de las maltrechas cuentas de los departamentos”, reprochó a Cambio, y amplió su argumento criticando el centralismo: “Lo sentí como una amenaza. Los colombianos ya éramos conscientes desde hace mucho tiempo de ese centralismo fastidioso y chocante existente, pero nunca nos había inquietado tanto ni nos había parecido tan peligroso”.

Frente a la posibilidad de una compensación estatal si se pierden ventas por el alza de impuestos, Rendón negó toda viabilidad: “Eso no tiene ningún sentido. Si el Gobierno quiere corregir un problema fiscal, ¿qué gana compensándonos? No recibe recursos adicionales y además tiene que girarnos más. Como se da cuenta, eso no cuadra”, argumentó, resaltando lo que, en su perspectiva, es una paradoja presupuestal.

Las incertidumbres ya impactan la economía departamental. “Aquí, de hecho, ya se siente el coletazo en la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA). Incluso sin haber subido precios, solo por la expectativa, las ventas se han frenado por temor a lo que vaya a pasar. Este año la FLA tendría que girarle a la Nación más de 720 mil millones de pesos por concepto de tributos adicionales sobre los licores”, señaló, anticipando un impacto que excede lo financiero para golpear, según su lectura, la agenda social.

Así mismo, el gobernador también criticó el manejo de la política de seguridad y la llamada Paz Total, denunciando un deterioro del orden en la zona.

“Porque hemos sentido de manera directa sus nefastas consecuencias. En lo que va de nuestro mandato han sido asesinados más de 60 uniformados; el Clan del Golfo creció un 60%, las disidencias de las Farc un 70% en el departamento, y ocurrió lo de ”Calarcá" —Alexander Díaz Mendoza, jefe de las disidencias—, a quien detienen y luego liberan”, sostuvo en diálogo con Cambio.

Para Rendón, la autonomía regional es innegociable. “Para Antioquia, esto es una amenaza a la autonomía fiscal de las regiones, y por eso la Constitución nos da una herramienta de defensa inmediata frente a actos que desbordan los cauces constitucionales”, concluyó.