Esta fue la millonaria sanción que recibió el centro turístico en Chinácota, Norte de Santander, donde murió una mujer tras accidentarse en un tobogán

Una mujer de 28 años, identificada como Yuris Cristel Camila García Malrique, murió en un accidente ocurrido en un tobogán ubicado en un centro turístico del municipio de Chinácota, en Norte de Santander.

La atracción llevaba apenas unos 15 días en funcionamiento y operaba sin ningún tipo de autorización oficial. Tras el hecho, la Alcaldía impuso una sanción administrativa y ordenó el cierre inmediato de la estructura.

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El alcalde de Chinácota, Ramiro Luna, confirmó que el establecimiento recibió una multa tipo 4, la de mayor peso dentro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, conocido como Ley 1801 de 2016. “Por ahora, la sanción mayor es una sanción tipo 4, que es la que se está imponiendo en este momento por parte nuestra”, indicó el mandatario.

¿Qué significa eso en términos concretos? Es la multa más costosa que puede imponer una autoridad de policía en Colombia ante comportamientos que afectan gravemente la seguridad y la convivencia pública. Su valor equivale a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Para dimensionarlo, hay que tener en cuenta con el salario mínimo mensual vigente en 2025, un salario mínimo diario ronda los 43.333 pesos, lo que llevaría esta sanción a cerca de 1,4 millones de pesos. Una cifra que, en el marco de una infracción de esta naturaleza, representa una consecuencia económica de consideración para el establecimiento.

Sin embargo, el impacto no se limita al pago de dinero. La normativa establece que este tipo de infracción puede acarrear el cierre temporal del establecimiento por un periodo definido por la autoridad de policía.

A eso se suma otra consecuencia: si la multa no es cancelada, el propietario queda registrado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas, un sistema oficial que le impide adelantar trámites ante entidades del Estado o renovar documentos mercantiles. En la práctica, esto puede bloquear la operación legal del negocio en múltiples frentes.

El alcalde se encargó de aclarar un punto relevante: la sanción no significa que el negocio completo haya quedado paralizado. “Ha sido sancionado el establecimiento y ha sido cerrada la atracción; el restaurante como tal no ha sido cerrado porque cumple los demás requisitos”, afirmó Luna en Noticias Caracol.

Esto quiere decir que únicamente el tobogán fue clausurado, mientras que el resto del lugar puede continuar funcionando. Según el mandatario, se trata de un restaurante con múltiples servicios que, hasta este accidente, operaba sin inconvenientes en sus otras actividades.

Además, el tobogán fue cerrado de manera preventiva mientras la Fiscalía, la Policía Nacional y la Policía de Turismo adelantan las investigaciones técnicas para determinar con exactitud qué causó la muerte de García Malrique.

“Se ha cerrado provisionalmente este tobogán mientras las autoridades competentes adelantan las investigaciones técnicas y policiales para establecer realmente cuál fue la causa de ese trágico accidente”, explicó Luna.

La administración municipal reconoció que el tobogán fue instalado sin que nadie solicitara la autorización correspondiente. “No teníamos la notificación de que se había comenzado a trabajar, no nos habían solicitado el permiso”, señaló Luna. El alcalde agregó que la administración sí sabía que la atracción estaba en construcción, pero esperaba que el trámite llegara por los canales formales. Eso nunca sucedió. “El tobogán había sido estrenado apenas hace unos 15 días”, precisó.

El accidente activó una revisión más amplia. Chinácota cuenta con más de 40 establecimientos turísticos, de los cuales unos 14 tienen atracciones similares al tobogán donde ocurrió la tragedia. La Alcaldía conformó una comisión integrada por Planeación Municipal, Gestión de Riesgos, Inspecciones de Policía y Bomberos para realizar visitas a esos lugares y verificar su estado.

Sobre los controles habituales, Luna indicó que la administración realiza inspecciones cada seis meses, tal como lo exige la normativa, aunque reconoció que algunos establecimientos apenas comenzaron a ofrecer este tipo de atracciones, lo que dificulta el seguimiento oportuno.

“Es muy tarde para prevenir lo que ya pasó, pero es muy temprano para prevenir lo que puede venir más adelante si no se toman medidas correctivas”, concluyó el mandatario.