La Corte Suprema de Justicia enfrenta una nueva etapa de fracturas internas y presiones judiciales con la elección de Francisco Farfán como presidente de la Sala de Instrucción para 2026.
Su nombramiento llega en un momento particularmente agitado para el tribunal, luego de que Farfán fuera absuelto de una investigación por supuestas filtraciones a la familia Gnecco.
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Además, asume la presidencia en medio de procesos de alto perfil, como el caso de corrupción que involucra el saqueo de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) durante la administración de Gustavo Petro.
La decisión de elegir a Farfán redefine el equilibrio de poder dentro de la Sala de Instrucción, encargada de llevar los procesos judiciales más sensibles del país, y profundiza las tensiones entre magistrados.
Los resultados de la votación y su rivalidad con Lombana
En la votación para la presidencia, Francisco Farfán obtuvo el respaldo de César Reyes, Misael Rodríguez y Marco Antonio Rueda, quien además fue elegido vicepresidente de la Sala, un cargo que ya ha ocupado en tres ocasiones.
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Por su parte, Cristina Lombana, aspirante a la presidencia y magistrada con trayectoria marcada por controversias, solo recibió el voto de Héctor Alarcón.
La pugna entre Farfán y Lombana se intensificó cuando esta última solicitó de manera insistente la eliminación de un mensaje institucional publicado en la red social X el 12 de noviembre de 2025.
El mensaje informaba sobre la decisión de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes de cerrar la investigación contra Farfán por supuestas filtraciones.
Los intentos de la magistrada Lombana
Lombana cuestionó la validez del documento exoneratorio y, al ver desestimados sus argumentos, acudió a la policía judicial para recabar documentos internos en la presidencia de la Corte.
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Fuentes consultadas por medios como Cambio señalaron que estas gestiones no correspondían a la presidencia de la Corte, sino a la Comisión de Acusación, lo que convirtió la acción de Lombana en un episodio considerado innecesario y contrario a las normas institucionales: “Equivocó los cauces. No debió haber buscado en la presidencia de la Corte, sino en la Comisión, y así se le dijo”.
La tensión en la Sala de Instrucción no es nueva. Lombana ha sido recusada en más de 50 ocasiones y ha sido cuestionada por supuesta falta de imparcialidad, conflictos de interés y filtraciones a la prensa.
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Entre los episodios que marcaron su trayectoria se encuentra el allanamiento a la residencia del ministro Armando Benedetti a finales de 2025, que inicialmente fortaleció su posición dentro de la Sala. Sin embargo, actuaciones posteriores, como el uso de la policía judicial, la aislaron frente a la mayoría de sus colegas.
La investigación que liberó a Farfán
El caso que llevó a la absolución de Farfán tiene su origen en interceptaciones telefónicas ordenadas en 2019 durante una investigación sobre José Alfredo Gnecco Zuleta.
En una de las llamadas, Cielo Gnecco habría advertido que Farfán “con una play mandó un mensaje de que el teléfono estaba siendo copiado”, lo que generó sospechas sobre posibles filtraciones. Farfán negó cualquier participación, argumentando que desconocía el informe.
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El 10 de junio de 2025, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes resolvió el expediente con una votación de 8 a 1, concluyendo que era improbable que Farfán hubiera compartido información reservada, pues no tenía conocimiento detallado de los actos investigativos ni de su mención en ellos.
La Comisión respaldó la ausencia de pruebas de relación o interés de Farfán con la familia Gnecco y atribuyó posibles omisiones a dos auxiliares, quienes, aunque investigados administrativamente, no fueron objeto de nuevas imputaciones. Esta decisión despejó el camino para que Farfán accediera a la presidencia de la Sala, según el medio citado.
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El ascenso de Farfán ha reforzado los bandos dentro de la Sala, con diferencias cada vez más visibles entre magistrados como Lombana y quienes lo apoyaron, incluidos César Reyes, Misael Rodríguez y Marco Antonio Rueda. La reciente intervención de la policía judicial en la presidencia de la Corte exacerba estas divisiones, afectando la confianza en los mecanismos internos de gestión de información.
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